Los jueces andaluces suspenden el régimen de visitas a los hijos en un 4,2 % de los asuntos tramitados por violencia de género y retiran la patria potestad y la guardia y custodia sobre los menores al denunciado en un 7,2 %, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, prevé reformar la legislación para implantar que se adopten esta medida en el momento en que la denuncia sea admitida a trámite en los juzgados.

La suspensión del régimen de visitas o la retirada de la patria potestad y la guardia y custodia al progenitor denunciado por violencia de género ya es una medida de protección contemplada en la ley en el ámbito civil y en el primer trimestre del año, último dato público por el CGPJ, los jueces andaluces acordaron suspender el régimen de visitas en 32 casos (4,2 % del total de las 745 medidas civiles que adoptaron) y retiraron la patria potestad en cinco y la guarda y custodia en 49.

Hay otras medidas civiles que se aplican en los casos de violencia de género para la protección de los menores que se adoptaron en 11 casos en el primer trimestre, además de las relativas a la pensión alimenticia (277) o la atribución o permuta del uso de la vivienda (4 y 32 respectivamente). El resto de medidas de protección son de ámbito penal, desde la prisión preventiva a la orden de alejamiento, la prohibición de comunicación con la víctima o la suspensión del permiso de armas. En total en el primer trimestre se adoptaron 3.642 medidas penales de protección en casos de violencia de género.

La retirada de la custodia y la suspensión de las visitas

La retirada de la custodia y la suspensión del régimen de visitas es una de las medidas que pretende generalizar el Pacto de Estado contra la violencia de género y es uno de los aspectos incluidos en la propuesta de la Junta de Andalucía y del PSOE andaluz para este pacto. En su memoria anual, la Fiscalía Superior de Andalucía alerta de que "casi el 40/50%" de los delitos enjuiciados en los juzgados especializados de violencia de género son "delitos de quebrantamientos derivados de las órdenes y medidas de protección", lo que supone una "sobrecarga".

El Ministerio Público también insta a "mejorar la respuesta a los hijos de víctimas de violencia de género, que son los grandes olvidados, y que sufren las consecuencias directas e indirectas inmediatas y a largo plazo de la violencia de género y familiar" y aboga por "practicar pruebas en los supuestos de adicción de los padres al alcohol o las drogas ya que no deberían de tener un régimen de visitas normal estos padres, al poner en peligro a sus hijos cuando además son maltratadores de sus madres cuando menos".

Según el Estudio de los casos de víctimas mortales por violencia de género en Andalucía (2005-2015), encargado por la Consejería de Justicia y presentado el hace unas semanas y basado en 150 casos, el 58 % de las mujeres asesinadas en ese periodo por sus parejas o exparejas tenía hijos en común o no con el asesino (87 casos).

La autora de este estudio, Aurora Genovés, ha explicado a Efe que el estudio de las 81 sentencias de estos casos (27 casos aún está en trámite y en 42 el agresor se suicidó) "muy pocas veces" aparecen resoluciones referidas a los hijos ya que con frecuencia la familia extensa, "normalmente los abuelos maternos" inician un proceso paralelo en los juzgados de familia para reclamar medidas respecto a los hijos. Genovés no obstante aplaude las reformas legislativas que prevé el Pacto de Estado para restringir el contacto de los hijos con los maltratadores y critica casos en los que "se ha obligado a los niños a ir a visitar al padre en la cárcel".