El pasado 28 de julio, la Comisión de Igualdad del Congreso aprobaba por mayoría un documento que sentaba las bases, por primera vez, para la puesta en marcha de un pacto de Estado contra la violencia de género. Lo hacía por mayoría pero sin unanimidad, debido a la abstención en el último momento de Unidos Podemos. Más de seis meses de trabajo, unas 60 comparecencia de expertas y expertos y tres prórrogas fueron necesarias para alcanzar el acuerdo elaborado por una subcomisión del Congreso creada para esta tarea.

Se cerraba así el primer capítulo de un proceso que había comenzado a finales de noviembre de 2016 con la aprobación en la cámara baja de una proposición no de ley (PNL) que establecía la creación de esa subcomisión con el fin de acordar un Pacto de Estado contra la violencia machista.

La PNL afirmaba que "la subcomisión, que  se creará por el procedimiento reglamentario oportuno antes del 31 de diciembre, elaborará, en el plazo de cuatro meses desde su constitución, un informe en el que se identificarán y analizarán los problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, y contendrá un conjunto de propuestas de actuación entre las que se incluirán específicamente las principales reformas que deberán acometerse para dar cumplimiento efectivo a ese fin, así como a las recomendaciones de los organismos internacionales ONU y Convenio de Estambul"

El acuerdo alcanzado por los grupos del Congreso se plasmó en un largo documento que analizaba la situación de la violencia de género a lo largo de los años y proponía 213 medidas concretas que el Gobierno debería llevar a cabo en un plazo de cinco años y para las que se acordó una financiación de mil millones de euros. Al acuerdo sólo le falta un trámite parlamentario: la aprobación en pleno de las medidas, que se ha fijado para el próximo 28 de septiembre.

Sin embargo, éste no ha sido el único esfuerzo realizado por instituciones en relación la elaboración de medidas contra la violencia machista. El pasado día 13 de agosto el Senado aprobaba por unanimidad de todos los grupos allí representados lo que algunos medios calificaron como pacto de estado contra la violencia de género. En un trámite parlamentario al uso, esto hubiera parecido normal. Sin embargo, el documento que aprobó la comisión del Congreso no se enviaría a la cámara alta para aprobación. Lo que aprobaron los senadores fue un documento distinto al elaborado por el Congreso, que consta de 267 medidas recopiladas de las aportaciones de 52 expertos que comparecieron en la sede del senado durante los últimos seis meses.

Técnicamente se trata de una Ponencia de estudio puesto en marcha por la Comisión de Igualdad de la cámara alta en el mes de febrero pasado. Durante seis meses esta comisión escuchó las recomendaciones expertos y expertas en materia de violencia de género, recopiló sus aportaciones y las condensó en un documento. La ponencia, recoge, al igual que el documento elaborado por el Congreso, un diagnóstico y un análisis de situación de este tipo de violencia en nuestro país.

Según Severa González, portavoz de igualdad del Grupo Popular en el Senado y miembro de la comisión que elaboró este informe, "el pacto de Estado no lo aprueba el Senado o el Congreso, sino el Gobierno con las organizaciones competentes. Lo que hemos hecho es recopilar una serie de medidas que hemos elevado al Gobierno para que sean tomadas en cuenta a la hora de elaborar el pacto de Estado contra la violencia de género". "Nunca hemos dicho que fueran medidas para incorporar en los trabajos del Congreso, sino que se trató de un trabajo paralelo", afirma González.

Todas las personas consultadas por Público, de uno y otro signo político, coinciden en destacar el buen ambiente de trabajo en el que se desarrolló el documento del Senado y la importancia de que se aprobara por consenso. En lo que sí difieren las portavoces es qué papel jugará cada documento y las distintas cámaras parlamentarias en el pacto de Estado y en el seguimiento de los acuerdos.

Si bien Gonzalez exige que la comisión de seguimiento del pacto debería ser mixta (congreso-senado), Laura Berja, senadora del PSOE afirma que el documento "vertebrador" del Pacto de Estado está en el Congreso y por tanto el órgano de seguimiento debería también vivir allí. Si reconoce Berja que el Senado debería dotarse de un órgano propio de seguimiento para poder medir el nivel de cumplimiento de los acuerdos contenidos en el documento de Ponencia. 

Para Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso, el documento de de la cámara baja tiene ya recogidas las medidas propuestas en la Ponencia del Senado y reconoce que ha sido una duplicidad de trabajo, puesto que "muchos de los expertos han pasado por las dos cámaras". De hecho, de los 52 especialistas que fueron llamados por el senado, 15 también expusieron sus ideas y propuestas en el Congreso.

¿El pacto de Estado lo hace el Gobierno? "Si y no", responde Ángela Rodríguez, diputada de En Marea y miembro de la Comisión de Igualdad del Congreso. "Por supuesto que el pacto de Estado tiene que incluir a los actores de la sociedad civil, a las Comunidades Autónomas, al poder ejecutivo, al judicial... a un amplio espectro de actores. Pero no podemos despreciar al poder legislativo. Par hacer un documento de recomendaciones no eran necesarios meses de debate. Hubiera bastado con un informe técnico", afirma. Según Rodríguez, nuestro país no tiene experiencia en la realización de pactos de Estado, por lo que se llama de esa manera a muchas cosas y no existe un mecanismo a seguir. 

La tercera pata

Paralelamente a los trabajos de Congreso y Senado, la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que vive en el Ministerio de Sanidad, servicios Sociales e Igualdad, también creó una mesa de trabajo específica para recopilar medidas contra la violencia de género. Unas 40 organizaciones de la sociedad civil, representantes de Comunidades Autónomas e instituciones fueron invitadas a aportar las medidas que consideraran importantes. Según algunas fuentes consultadas por este diario, el documento final recogía más de 600 medidas sin contexto y sin categorizar. Según Marisa Sotelo, presidenta de Fundación Mujeres "en la comisión del pacto de Estado no podían intervenir todas las organizaciones que lo pidieron, por lo que la delegación del Gobierno se propuso hacer un grupo de trabajo de refuerzo para enviar un documento al congreso".

Reconoce que se hizo "muy precipitadamente y que es una lista indiscriminada de medidas que se enviaron a la subcomisión del Congreso".  Marisa Soleto recuerda que la Delegación del Gobierno para la violencia de género "es el órgano competente para la realización y evaluación de propuestas, por lo que tenía sentido que lo hiciera. El documento no tiene un avocación de presentación propuesta de mejora, sino de trasmitir el sentir de todos los actores", dice Soleto. Álvarez, por su parte, afirma que el documento de la delegación del Gobierno no se tuvo en cuenta en la subcomisión del Congreso y criticó la actitud de la delegada del gobierno para la violencia de género en su comparecencia en la subcomisión. "Lo mínimo que podía haber hecho, dado que es el organismo de coordinación de todas las políticas anti violencia del Gobierno, hubiera sido contarnos las dificultades y los logros a lo largo de la vida de esa institución y qué medidas de mejora proponían. Pero no hizo eso".  

Distintas representantes de la sociedad civil consultadas por Público acuerdan que el proceso no ha sido ni sencillo ni claro, pero que lo más importante será ver cómo se concreta el pacto de Estado en los próximos meses.  Marisa Soleto reconoce que las organizaciones están a la espera de que los grupos políticos "nos expliquen que va a pasar a partir de ahora. Estamos expectantes porque no lo sabemos. Yo creo que ni el Gobierno sabe muy bien qué es lo que tiene que hacer ahora". Todas las consultadas coinciden en que le Pacto de Estado necesita una hoja de ruta y esa es la labor que queda por desarrollar.

El pacto de estado como mínimo denominador común

Tanto las congresistas como las senadoras consultadas coinciden en que le pacto de Estado que salga de estos acuerdos, no serán del gusto de todos. De hecho, todas manifiestan que los documentos elaborados son de mínimos y que sólo entraron los acuerdos de consensos, lo que obligó a dejar temas de calado fuera y habrá que ver cómo se incorporan. Lo que sí reconocen todas es que es Pacto de Estado deberá servir para igualar derechos a nivel estatal. 

Hay comunidades autónomas que tienen unas políticas muy avanzadas (como es el caso de Andalucía o el recién aprobado pacto de Estado contra la violencia de género Valenciana), "pero lo que no se puede permitir es que haya víctimas de primera y de segunda", afirma González. 

Como ejemplo, Álvarez pone el caso de la violencia sexual, sobre la que sólo nueve comunidades autónomas tienen medidas de apoyo y reparación del daño a las víctimas, pero el resto no. "El pacto de Estado tiene que armonizar estos temas. Las que no tengan aprobados determinadas medidas, tendrán que hacer los deberes". 

Ángela Rodríguez abunda en esta idea. "Las compensaciones a víctimas que aprueben las comunidades autónomas tendrán que se acordadas y dependerán del Estado, que es quien acuerde con ellas cómo se distribuye el presupuesto".

Al documento elaborado por el Congreso le queda aún un trámite fundamental para que el proceso del pacto de Estado siga adelante: la aprobación en el pleno de la cámara. A pesar de que desde esta comisión de Igualdad del Congreso se solicitó que se incluyera en el orden del día a la mayor brevedad, la mesa del Congreso lo programó para la última semana de septiembre (día 28). Ángeles Alvarez considera que este es un tema clave y preocupante. "El retraso del debate en el pleno a finales de mes fue una decisión de la mesa del Congreso y personalmente creo que es una casualidad inquietante que la aprobación del dictamen de la comisión de Igualdad se apruebe en una fecha posterior a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado en el Consejo de Ministros. Tenemos una gran desconfianza respecto a la disposición de los fondos para el pacto y si este retraso atiende a algo relacionado con esto, el Partido Popular estaría de facto rompiendo los acuerdos, lo que sería una barbaridad", afirma.

De hecho el Gobierno tendrá un plazo de dos meses a partir de la aprobación en el pleno para elaborar el pacto, lo que podría alargar su cierre definitivo hasta finales de noviembre, fecha en la que los presupuestos del Estado estarán prácticamente cerrados a cambios. Por esto es fundamental para muchos de los actores consultados, que el Gobierno realmente tenga la voluntad de implementar el pacto a partir de 2018 y paralelamente planifique las partidas en los presupuestos para ese año.

El diálogo siempre es positivo.

Marisa Soleto considera interesante el proceso de debate, escucha y reflexión que se ha dado en las distintas instancias, aunque hayan sido algo confuso y caótico por momentos. Ella participó tanto en la comisión del Congreso, la del Senado y la de la Delegación del Gobierno. "Me resultó interesante el proceso y creo que debería haber más foros y más continuados en los que se pongan en común a la sociedad civil junto al ejecutivo y al legislativos en temas tan complejos y con tantas aristas. Compartir visiones y conocimiento y que las ONG contemos de primera mano qué es lo que pasa a unos poderes que a veces se les escapa esta realidad. Me ha parecido un ejercicio muy enriquecedor y pedagógico en los dos sentidos. Además tuvimos ocasión de hacer una evaluación de la ley de violencia de género que no se había hecho bien. Ha sido enormemente interesante. Estamos pendientes de la aplicación que tendrá en el pacto", concluye Soleto.