El grupo Socialista está negociando con todos los grupos parlamentarios que forman parte de la subcomisión para un pacto de Estado contra la violencia de género, la presentación de un voto particular conjunto que reconozca automáticamente a las madres cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de violencia de género. 

Hasta ahora sólo tenían este reconocimiento si previamente habían presentado denuncia o si habían sido acreditadas como víctimas con anterioridad a los hechos. 

La voz de alarma sobre esta incongruencia en el texto aprobado por la Comisión de Igualdad la dio hace unos días Ruth Ortiz, la expareja de José Bretón quién en 2011 asesinó a los hijos de ambos -de dos y ocho años- para influirle el mayor dolor posible. Casos como el suyo no estaban contemplados en el documento que aprobó el pasado 28 de julio la Comisión de Igualdad del congreso.

Según fuentes relacionadas con la negociación del documento se trató de un "despiste", un "fallo" que hay que subsanar. "Ninguna de las personas expertas que pasaron por la subcomisión del Congreso mencionó expresamente este tema y a los que redactamos el documento se nos pasó incluirlo", afirma Ángeles Álvarez, portavoz de Igualdad del grupo Socialista.

Como forma de subsanar este problema, el grupo Socialista está negociando un voto particular al documento emanado de la subcomisión para que sea asumido por todos los grupos parlamentarios y aprobado el próximo día 28 de septiembre, cuando el documento se debatirá y aprobará en el pleno del Congreso.

​El voto particular propone incluir un apartado en el punto 3 del documento relativo al perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección a las víctimas que reconozca los derechos contenidos en la ley de Igualdad de 2004 a los casos de violencia "por interpósita persona". Es decir, hacer daño a través de otro, lo que en violencia de género se conoce como violencia vicaria.

El voto particular resalta que, según las encuestas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 6,2% de los niños y niñas en España padecen la violencia de forma directa (540.000) y que sólo en la última década, el número de menores muertos por causa de la violencia contra su madre ascienden a 44 (de entre cuatro y 16 años).  De estos 44 asesinatos, 26 fueron cometidos durante un régimen de visitas o en el período de la custodia compartida correspondiente al padre. 

​"La violencia machista contra las mujeres cobra múltiples formas y además, se desplaza hacia todo aquello a lo que la mujer está apegada", afirma el documento propuesto por el PSOE. "Particularmente preocupante son los casos en que el violento transforma en objetos para continuar el maltrato y la violencia a los hijos de las víctimas".

A pesa de esta situación, las madres cuyos hijos e hijas son asesinados, en el marco de esta violencia, por sus parejas y exparejas, no son consideradas legalmente víctimas directas de la violencia de género a pesar de que en la mayoría de los casos analizados durante la última década, la violencia mortal sobre los hijos fue el final de la violencia previa sobre as madre. 

Es previsible que todos los grupos suscriban este voto particular, a tenor de que una medida similar se incluyó en el documento que elaboró el Senado y que fue aprobado por consenso por todos los grupos representados en la cámara alta.

Sin este reconocimiento la mujer no tiene acceso a los apoyos psicosociales y derechos laborales, las prestaciones de la seguridad social ni los derechos económicos recogidos por la Ley de violencia de género de 2004.