Los fondos europeos, la Presidencia española, el desastre medioambiental de Doñana, el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la ley de amnistía y ahora la zancadilla a Teresa Ribera. La lista de intentos del PP español para empañar en Bruselas la imagen y gestión del Gobierno de Pedro Sánchez es amplia. Y viene de lejos. Pero estos días, desde Génova han dado un paso más que pone contra las cuerdas a la propia Ursula von der Leyen, compañera de filas, y abre, con el veto a Ribera, un escenario que podría desembocar en una crisis institucional dentro de la UE.

El PP lleva su guerra contra el PSOE a la capital comunitaria desde hace años. España es un caso sui generis, el país que más extrapola los debates nacionales a las instituciones europeas. Las peleas domésticas, el tono bronco y los intentos de instrumentalizar la UE para réditos políticos en casa llega a otra dimensión en el caso español. Y ya genera cierto hartazgo entre sus pares europeos.

El debate que el Pleno de Bruselas celebró esta semana sobre el desastre de la DANA volvió a convertirse en una extensión del Congreso de los Diputados. Los españoles aprovecharon para sacar el dedo acusador contra su rival político. "Más de 200 personas han muerto. Ese debería ser el centro de este debate. Parece que estamos en el Parlamento español donde cargan unos contra otros en lugar de ocuparnos de las víctimas de este desastre. Es un juego político y eso no hace honor a las víctimas", aseveró el eurodiputado neerlandés Bas Eickhout. Poco antes, el popular Esteban González Pons afirmaba en referencia a Ribera: "¿La ministra competente [de las inundaciones] va a ser premiada? ¿La ministra competente va a ser ascendida cuando todavía hay cuerpos sin recuperar debajo del barro?[...] Yo conozco a los muertos, ustedes no". Por su parte, la socialista Iratxe García Pérez acusó al PP de utilizar el "mismo protocolo" ante cada catástrofe: "Ocultar la verdad, atacar a los expertos, negar los errores y politizar la tragedia".

A pesar de que esta es ya la normalidad desde hace mucho tiempo, la sensación actual es que el veto popular a Ribera para salvar a Carlos Mazón ha rebasado algunos límites. Los de Feijóo han convencido al líder del PPE, Manfred Weber, de que hay que intentar tumbar a la española. Si antes pedían como canje el voto a favor de S&D para que Raffaele Fitto, candidato de la ultra Giorgia Meloni, ocupe otra vicepresidencia en el Ejecutivo comunitario, ahora suben la apuesta y exigen además la comparecencia de Ribera en el Congreso de los Diputados y su dimisión si es encausada por la DANA.

A favor de la delegación que lidera Dolors Montserrat juega su cercanía a Weber. El alemán siempre ha participado muy activamente en la campaña contra el Gobierno español hasta el punto de que García Pérez lo ha acusado en varias ocasiones de parecer el líder de la oposición. Ello no solo se explica por el peso de los españoles, que constituyen la delegación nacional más importante del PPE solo por detrás de los alemanes; sino también por las cuentas pendientes que el propio Weber mantiene Von der Leyen, con la que comparte carnet político, nacionalidad y un largo historial de desencuentros. Con este órdago, Weber incrementa la presión y pone contra las cuerdas a la inquilina del Berlaymont, que ansía arrancar su segundo mandato el 1 de diciembre, tal y como está previsto. Si las fuerzas de la Eurocámara no llegan a un acuerdo, el arranque de la Comisión 2.0 se pospondrá en el mejor de los casos, y saltaría por los aires, derivando en una crisis institucional, en el peor. La sensación es que finalmente el acuerdo será posible in extremis. La gran incógnita reside en hasta dónde estará dispuesta la socialdemocracia a ceder.

De los fondos europeos al Estado de Derecho

El PP de Feijóo ha seguido la estrategia que ya dominaba con su antecesor en el cargo Pablo Casado. Tras la pandemia del coronavirus, España fue el primer país de la UE en recibir el primer tramo de los fondos europeos del plan anti-crisis y su plan de recuperación nacional ha sido bendecido en varias ocasiones por Bruselas. Desde el PP han denunciado en numerosas ocasiones la gestión de los fondos por parte del Ejecutivo español. En 2022 envió a Bruselas una delegación de alcaldes, encabezada por el madrileño José Luis Martínez-Almeida, "para explicarle a la Comisión Europea lo que está haciendo el Gobierno de España y parar de una vez por todas". Desde el Gobierno calificaron este movimiento de "desleal", "antipatriótico" y "en contra de los intereses del país".

Sin embargo, uno de los grandes tótems durante los últimos meses se ha centrado en la situación del Estado de Derecho y en el bloqueo -ya resuelto- del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "España sufre una preocupante deriva de degradación democrática, de deterioro institucional y de irresponsabilidad gubernamental provocada por las últimas decisiones de su Gobierno", aseguró Montserrat, en un debate celebrado el año pasado en la Eurocámara donde se abordó la situación judicial, la elección del presidente del Tribunal Constitucional, el bloqueo del CGPJ, las reformas en el Código Penal o los efectos colaterales de la ley del solo sí es sí, que ha llevado a rebajar las condenas a centenares de criminales sexuales. Pese a los intentos para internacionalizar las críticas al Estado de Derecho en España -al que la oposición llegó a equiparar con el de Hungría y Polonia-, Bruselas siempre se puso de perfil y no intercedió ni se pronunció sobre este reino de Taifas.

Poco después, las derechas fracasaron en el intento de internacionalizar la crítica a la amnistía en la Eurocámara y se toparon nuevamente con una conocida respuesta: "Es un asunto interno". A escasos meses del arranque de la Presidencia española del Consejo de la UE, el propio Weber llegó a cuestionar la ayuda de España a Ucrania, un tema sacrosanto en Bruselas. "Llegamos a la Presidencia española con incertidumbre sobre si están a favor del apoyo a Ucrania o no. Podemos debe aclarar su posición y Sánchez debe aclarar cuál es la posición del Gobierno español sobre Ucrania, no podemos aceptar ninguna incertidumbre en este momento de la historia", afirmó el democristiano germano.

En una ocasión, la Comisión Europea se vio obligada a desmentir al PP, que tras recibir varios reveses por el desastre medioambiental de Doñana, cargó con el hijo del ministro Luis Planas, que recibe el mismo nombre y es uno de los dos asistentes de la directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer. Los populares acusaron a Planas junior de escribir los informes críticos que Bruselas envió al Gobierno andaluz. "El que hace los papeles y contesta es el hijo del ministro Planas", afirmó Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía. Una crítica que redobló el propio Weber acusando directamente a la Comisión Europea "de vestir una camiseta roja para hacer campaña a favor de Sánchez". Poco después de decretar el estado de alarma en el marco de la pandemia, los populares enviaron un informe al Berlaymont acusando al Gobierno de extralimitarse en sus poderes y "encubrir cifras de fallecidos".