El tribunal de la causa del 'procés' independentista en Cataluña ha acordado este lunes solicitar un informe al Tribunal de Cuentas sobre los procedimientos de responsabilidad contable que, en relación a las personas condenadas por malversación en esta causa, están en tramitación con motivo de los gastos ocasionados por el referéndum ilegal del 1-O. Quiere acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de 4,1 millones de euros. 

El requerimiento, según ha informado el alto tribunal en un comunicado, se realiza a instancias de la Abogacía del Estado en relación al expediente que se sigue por las peticiones de indulto a dichos condenados.

En concreto, el oficio de la Sala Segunda del alto tribunal pide informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas sobre la actuaciones previas u otros procedimientos de exigencia de responsabilidad contable que estén en tramitación con motivo de estos gastos, con remisión de testimonio de las actas de liquidaciones provisionales, en particular la del 28 de enero de 2020, para acreditar si se ha procedido al depósito o afianzamiento de la cantidad de 4,1 millones de euros. 

Fue el 10 de febrero cuando los servicios jurídicos del estado preguntaron al alto tribunal por esta "información complementaria" relativa a la devolución de las cantidades malversadas en el 'procés' independentista en Catalunya, al considerarla imprescindible para poder elaborar su informe sobre la conveniencia o no de otorgar indultos a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. 

En la sentencia del 'procés' los magistrados del Supremo ya fijaron que sería el Tribunal de Cuentas el encargado de dirimir y reclamar la responsabilidad civil en que pudieran haber incurrido los cuatro condenados que lo fueron por malversación de fondos públicos además de por sedición. Los cuatro líderes independentistas penados con esta delito fueron ex vicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. 

De hecho ya en febrero de 2020 la Sala presidida por Manuel Marchena puso a disposición del Tribunal de Cuentas los más de 2,1 millones de euros en fianzas consignados por los en su día investigados de cara a cubrir la responsabilidad contable que termine por fijarse en el juicio contable, un asunto que aún está pendiente de sustanciarse.

En su día, la delegada instructora del Tribunal de Cuentas calculó que la cantidad que presuntamente fue desviada para organizar el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 era de 4.146.000 euros. 

Se trata de unos datos de interés a tener en cuenta a la hora de valorar, por parte de la Abogacía del Estado, la situación de cada uno de los condenados y establecer si han cumplido ya con las obligaciones económicas derivadas de las condenas que se les impusieron. 

La Fiscalía ya informó en contra de indultar 

El informe de la Abogacía está pendiente desde el pasado 26 de enero, cuando le fue reclamado por la Sala de lo Penal del alto tribunal. La Sala, tras recabar la información penitenciaria respecto de los doce condenados, nueve de ellos en prisión, cuenta ya con el informe de la Fiscalía, que se opone a la concesión de la medida de gracia debido la gravedad de los hechos y al entender que no existen razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifiquen su aplicación. 

Tras analizar los argumentos de estas dos acusaciones que ejercieron en el juicio --el de la popular, ejercida por Vox, no es necesario--, la propia Sala emitirá su propio informe, si bien ninguno de ellos es vinculante para el Gobierno, que es el que debe decidir sobre la aplicación de los indultos solicitados. 

Se presentaron al menos siete peticiones de indulto a favor del líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consejeros Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Raül Romeva, Jordi Turull, Santi Vila, Meritxell Borràs y Carles Mundó; los 'Jordis' --Jordi Cuixart y Jordi Sànchez--; y la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell. Algunas de ellas se refieren a todos los condenados y otras sólo a algunos, que se incluyen en el expediente que fue remitido al Ministerio Público y ahora conocerán los Servicios Jurídicos del Estado.