Sumar ve incompleta la ley del PSOE sobre acusación popular y Podemos la tacha de ineficaz

Sumar ve incompleta la proposición de ley del PSOE que prohíbe ser acusación popular a partidos y asociaciones afines –con la que busca garantizar los derechos fundamentales frente al acoso derivado de "acciones judiciales abusivas"– al no incluir medidas sobre libertad de expresión acordadas entre los socios de Gobierno, mientras que Podemos tacha la propuesta de ineficaz.

En su iniciativa, el PSOE plantea también otras medidas, como suprimir el artículo 525 del Código Penal, de ofensas a los sentimientos religiosos; la obligación de inadmitir querellas basadas en recortes de prensa; y la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político.

Fuentes del Ministerio de Cultura, en manos de Sumar, han señalado que la derogación de los artículos del Código Penal que afectan a la libertad de expresión es "incompleta" y "no corresponde a lo acordado en el seno del Gobierno" de coalición en el denominado plan de acción por la democracia. Aseguran que también se recogían la derogación de los delitos de injuria contra altas instituciones del Estado, así como la derogación de los delitos de injurias y calumnias a la Corona.

"Consideramos que la libertad de expresión de la ciudadanía española, creadores y artistas solo podrá protegerse en España abordando esta reforma más amplia del Código Penal, tal como se acordó entre los dos socios del Gobierno", añaden.

Podemos lamenta la "falta de ambición" de la propuesta

Por su parte, fuentes de Podemos consideran "ineficaz" la propuesta del PSOE al ser meramente "cosmética", ya que deja un amplio margen de interpretación a los jueces. Además, lamentan su "falta de ambición" porque, en su opinión, "no remediará el error de entregarle el control de los jueces al PP".

Además, la formación morada ha advertido de que "excluir a las administraciones públicas de la acusación popular puede poner en peligro su personación en casos de violencia machista". Así, consideran que para acabar con las filtraciones "debería delimitarse el poder de los jueces en la fase de instrucción" y ven necesario "estudiar inspecciones y sanciones a los operadores judiciales que incurran en ellas".

Y, al igual que Sumar, desde Podemos opinan que la reforma sobre la eliminación del delito de ofensa a los sentimientos religiosos es "muy limitada", ya que a su juicio deberían revisarse también otros delitos "igualmente anacrónicos", como el de injurias a la Corona o el de los delitos de odio, para que proteja únicamente a colectivos vulnerables.

A su juicio, esta reforma no servirá para afrontar el problema de la existencia de "un sector reaccionario de la judicatura que hace política, ajeno a todo control democrático, desde los juzgados". "Esos jueces recibieron el pasado junio el visto bueno de los socialistas, que optaron por perpetuar el control del PP sobre el CGPJ en lugar de democratizar la justicia, y mientras no se corrija ese error, el resto de reformas caerán en saco roto", ha zanjado.

Los jueces y fiscales se muestran críticos

Algunas asociaciones de jueces y de fiscales se han mostrado críticos con esta iniciativa que, para la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), pretende buscar la impunidad de unos ciudadanos concretos. Su portavoz, María Jesús del Barco, ha señalado que parece que lo que se pretende no es restringir el ejercicio de la acusación popular, "sino más bien buscar la impunidad".

"La impunidad de los hechos delictivos de unos ciudadanos concretos casa muy mal con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley", ha subrayado la portavoz de APM.

Del Barco reconoce que "se ha hecho un uso abusivo de la acción popular por parte de todos los partidos políticos", lo que ha permitido "condenas por delitos relacionados con la corrupción política". Advierte de que "en las circunstancias actuales que todos conocemos no es el momento más idóneo" para dejar el ejercicio de la acción penal únicamente en manos del Ministerio Fiscal.

En cuanto a la nueva causa de abstención y de recusación de los jueces y magistrados, se ha preguntado si quienes, como ella, han hecho manifestaciones en su condición de portavoz de la APM sobre la ley de amnistía deben ser recusados siempre.

Ha recordado que los jueces son independientes y están "obligados a serlo", pero ha añadido que la norma "a lo mejor no pretende preservar esa independencia del juez y su imagen de independencia, sino otra cosa muy diferente".

En cuanto a la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, Del Barco ha señalado que se debe "conciliar siempre esa protección de los sentimientos religiosos de los ciudadanos con el derecho a la libertad de expresión": "Ni todo es delito ni todo puede dejar de serlo".

"La peor de las técnicas legislativas imaginables"

Por su parte, desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, su portavoz Sergio Oliva ha denunciado que esta reforma presenta la apariencia de "haber sido concebida para su específica aplicación a casos concretos". Ha lamentado que se acude "a la peor de las técnicas legislativas imaginables, puesto que la ley por definición ha de tener vocación de generalidad y de aplicación en el futuro".

La Asociación ha señalado que resulta "preocupante" que siempre se dude de los jueces como colectivo, "tendencia en la que incurren algunas fuerzas políticas en los últimos tiempos, lo que socava la confianza de la sociedad en el Estado de Derecho".

Por otro lado, para el portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Edmundo Rodríguez, es un error incluir en esta proposición de ley la regulación de la figura de la acusación popular porque debería abordarse en el proyecto de reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Pero ven como un acierto la derogación delito ofensa a sentimientos religiosos porque se garantiza así la "plena libertad de expresión".

El PSOE busca también prohibir ejercer la acusación popular a asociaciones de jueces y fiscales, lo que afectaría de lleno a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), personada en la investigación al fiscal general del Estado por supuesta revelación de secretos sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso.

Desde esta asociación, su presidente, Miguel Pallarés, lamenta que la propuesta conlleve echarles del procedimiento cuando su actuación "resulta esencial" en "el ejercicio de la dignidad de la función" de la Fiscalía.

La acusación popular está  "consagrada en la Constitución"

Tampoco ven con buenos ojos la propuesta desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Su portavoz, Félix Martín, admite la "preocupación" por el "abuso" que "en muchas ocasiones" se hace de la acusación popular, pero subraya que esta figura está "consagrada en la Constitución" para "fomentar la participación de los ciudadanos en la Justicia".

Se necesitan, explica, medios que permitan "denunciar esos abusos" y reclama "sensatez y prudencia" a los partidos para que "no acudan a la acción popular para torpedear" o "instrumentalizar políticamente la Justicia".

Por su parte, Liberum, asociación personada en el caso Koldo –donde también acusan PP, PSOE y Vox–, ve "confusa" la iniciativa, con artículos contradictorios, y la considera un "atentado al ordenamiento jurídico" que "cercena la libertad" de partidos y asociaciones.

Para la asociación ultracatólica Hazte oír, una de las cinco acusaciones populares en la causa contra Begoña Gómez, esta reforma del PSOE solo busca su impunidad, lo mismo que opina la asociación Abogados Cristianos, que ve en esta iniciativa un intento de que los miembros del Gobierno "sean impunes ante los delitos de corrupción que están acorralando a Sánchez y a su ejecutivo".

Junts presentará una enmienda a la totalidad

Junts ha anunciado la presentación de una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la proposición de ley del PSOE por considerar que es "insuficiente, limitada y no aborda el problema de fondo".

JxCat ha informado este viernes de su intención de enmendar la iniciativa socialista porque cree que "no soluciona el problema estructural del Estado español y se aleja de una verdadera regeneración democrática".

El lawfare y la politización de la justicia, según la formación catalana, han afectado a los independentistas "durante años". "Si los socialistas hubieran actuado antes y no hubieran mirado hacia otro lado, la dictadura de las togas no seguiría actuando impunemente", asegura Junts.