El mes de septiembre se iniciaba con el aplazamiento de la huelga de los trabajadores de los supermercados de Glovo, que estaba prevista para los días 3,4 y 5. El paro se quería hacer con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, especialmente en el ámbito de la contratación directa. Paralelamente, a través del sindicato CCOO, un grupo de empleados presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo por la cesión ilegal de trabajadores, los incumplimientos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la normativa sobre riesgos laborales y la vulneración del derecho de huelga. Estos movimientos se producen poco tiempo después de que haya entrado en vigor la Ley Rider, en el que las empresas, como el caso de Glovo, están obligadas a reconocer los repartidores como asalariados y no como autónomos. 

El caso de Glovo sólo es un ejemplo de una serie de conflictos que han surgido últimamente, en los que las plantillas que forman parte de firmas de nuevas realidades laborales reclaman la internalización de los servicios, la contratación directa y el fomento de unas relaciones de trabajo justas. El paro convocado a Glovo ha sido el primero en Europa en una empresa de la economía de plataforma. 

Aunque no es una plataforma tecnológica, los trabajadores del servicio telefónico de emergencias 112 comenzaron una huelga indefinida a mediados de agosto para exigir a la Generalitat que absorba este servicio, se constituya un convenio propio y poder disponer de operadores estables durante todo el año. En total, la protesta afecta a 230 empleados de los centros de la Zona Franca de Barcelona y de Reus. El sindicato CGT, mayoritario en el comité de empresa, lamenta que "nos tengamos que regir por el convenio de los teleoperadores de centros de atención telefónica cuando gestionamos emergencias". El conflicto laboral del 112 se inició cuando la anterior compañía gestora del servicio, Grupo Norte, se declaró en concurso de acreedores, quedándoselo Ferrovial mediante una concesión del Govern.

Demanda de internalización

Un caso similar al de los operadores del 112 es el de los trabajadores del teléfono de atención sanitaria 061. En ambos casos, la adjudicación la tiene Ferrovial. A pesar de haberse llevado los concursos públicos de la Generalitat, la delegada de personal de UGT en el 061 de Reus, Olga González, critica la falta de personal y que "Ferrovial nos haya impuesto contratos a tiempo parcial regidos por el convenio de telemarketing". 

Desde la aparición de la Covid-19, González recuerda que han tenido que atender picos de trabajo de hasta 58.000 llamadas diarias. Por todo ello, reclama al Govern internalizar el servicio para evitar que "todas las emergencias del país estén en manos de la misma empresa, que acaba por lucrarse con la sanidad". En la misma línea, las trabajadoras de la limpieza de las terminales T1 y T2 del aeropuerto de El Prat han convocado varias jornadas de huelga durante el mes de septiembre para denunciar la sobrecarga de trabajo impuesta por AENA y Sacyr, que mantiene un gran número de empleados en situación de ERTE, a pesar del incremento y la reactivación de la actividad aeroportuaria. 

Precisamente para evitar estas prácticas, la organización Las Kellys, que representa a un grupo de camareras de pisos de hoteles, han conseguido recaudar más de 60.000 euros a través de la plataforma de micromecenazgo Goteo. El objetivo de la iniciativa es poner en marcha una central de reservas, en la que sólo se pueda acceder a habitaciones de establecimientos que cumplan una serie de requisitos de trabajo justo y de calidad. 

Sello de calidad de 'Las Kellys'

Las Kellys, un colectivo surgido de la autoorganización de las trabajadoras, impulsarán un sello de calidad para los hoteles que respeten estos criterios. Entre ellos, la organización habla de eliminar las diferencias salariales por sexos, la contratación de personas de colectivos vulnerables y sobre todo que el establecimiento no externalice ni subcontrate servicios esenciales, como el de la limpieza. 

"Los trabajadores son los que toman la iniciativa para hacer paradas o protestas, ya que en muchos centros de trabajo ni siquiera tenemos representación sindical. Así, inician una carrera de obstáculos para mejorar sus condiciones laborales". Son las palabras de Carmen Juares, secretaria de Nuevas Realidades del Trabajo de CCOO Catalunya. La responsable sindical alude a que los conflictos que viven estos trabajadores, como el caso de Glovo, "han estado presentes toda la vida, pero ahora se ha complicado su gestión para la digitalización y la fragmentación de los puestos de trabajo".

Juares prioriza la necesidad de hacer pedagogía con los trabajadores de las empresas de las economías de plataforma. "Compañías como Glovo están enviando mensajes a sus empleados diciéndoles que pueden recurrir la sentencia del Supremo que les obliga a ser asalariados y pueden volver a trabajar como autónomos". La representante sindical afirma que la lucha ahora debe centrarse en alejar el falso discurso de que si actúas como empleado por cuenta propia te acabas convirtiendo en un empresario.

Fuentes de precariedad

La figura de los falsos autónomos, el fenómeno de la subcontratación y el debilitamiento de la parte social de una empresa son tres de los factores que están detrás de estas protestas laborales. Es el análisis que efectúa Natxo Parra, abogado laboralista y socio del Col·lectiu Ronda. "En el caso de los riders, la base de la precariedad se encuentra en la precarización de la relación laboral a través de la contratación externa como falso autónomo".

Otro de los elementos que permite este deterioro de la calidad del puesto de trabajo es la subcontratación. Parra precisa que es una práctica permitida por el Estatuto de los Trabajadores que "genera discriminaciones y disfunciones ya que, con la aparición de las empresas de servicios, no sometidas a ningún convenio sectorial concreto, estas acaban imponiendo sus condiciones y salarios".

Más allá de las razones económicas y organizativas, Natxo Parra pone el foco en las motivaciones políticas, que hacen referencia al interés que las empresas estén descentralizadas y que "cada vez sea más difícil organizarse sindicalmente y tener una representación". Si se consigue este propósito, se diluye la capacidad de incidencia y de movilizar a la plantilla para reivindicar un convenio colectivo sectorial o una mejora de las condiciones laborales. Porque como afirma el mismo Parra, "administrativamente es más fácil convocar una huelga en una empresa grande que a una muy pequeña". Son nuevas fórmulas para "desactivar la acción colectiva".