La petición de la Fiscalía de tres años de prisión para cada uno de los siete participantes en las protestas de la huelga que paralizó durante nueve días el sector del metal en Cádiz ha vuelto a inflamar el ambiente, más de dos años después del fin del conflicto laboral. Organizaciones vecinales, sindicales y políticas consideran totalmente desproporcionada la petición de condena, que atribuyen a un intento de amedrentar a los trabajadores que defienden sus derechos en un sector cada vez más precarizado.

En torno a una treintena de organizaciones de diferentes ámbitos han firmado un comunicado en solidaridad con los acusados, que contarán, además, con el apoyo de una concentración convocada delante de los juzgados de Cádiz, este martes 12 de marzo, durante la celebración de la vista oral en la que la Fiscalía solicita inicialmente para cada uno de ellos dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otro año por un delito de atentado.

Los hechos enjuiciados se produjeron entre el 22 y el 24 de noviembre de 2021, en las vísperas del acuerdo que firmaron los sindicatos CCOO y UGT y la patronal del metal gaditano FEMCA tras nueve días de huelga en un sector que es, tras el de los servicios, el más importante de la provincia de Cádiz, con cerca de 25.000 trabajadores empleados en unas 700 pequeñas y medianas empresas, auxiliares y subcontratas de las compañías gigantes del sector aeronáutico y naval.

Los incidentes se focalizaron en la barriada obrera Río San Pedro de Puerto Real, donde hubo manifestaciones, barricadas, intercambio de lanzamientos de diversos objetos, pelotas de gomas y botes de humo entre fuerzas antidisturbios y manifestantes, y donde intervino, incluso, una tanqueta de la Policía, recurso supuestamente disuasorio de las protestas que fue duramente criticado por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En su escrito de acusación, la Fiscalía sostiene que los acusados participaron en los "disturbios" mediante "colocación de barricadas para cortar el tráfico de la vía pública" con motivo de la huelga general indefinida del sector del metal, y lanzaron "botellas, piedras y otros elementos peligrosos a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado".

En el escrito, donde no se refiere ningún daño material o personal causado por el lanzamiento de objetos, la Fiscalía detalla el uso de contenedores de basura a modo de barricadas para impedir el despliegue de la Policía, el vuelco de un contenedor de reciclaje de vidrio para usar su contenido como "proyectiles" y el corte de vías públicas. Esos hechos, a su juicio, son constitutivos de los delitos de desórdenes públicos y atentado, por los que los acusados deben ser condenados a tres años de cárcel, pena que si fuera impuesta acarrearía su entrada en prisión por ser superior a dos años.

En el banquillo de los acusados del juicio que se celebra este martes en el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz van a estar sentadas ocho personas, aunque una de ellas no ha sido imputada por la Fiscalía. De la defensa de seis de los acusados se encarga Pedro Castilla, de Gestea Cooperativa Jurídica Andaluza, quien asegura que todos ellos son trabajadores de empresas auxiliares del metal, soldadores, cuberos y andamieros, la mayoría con contratos temporales y alguno hasta fue despedido por haber participado en las protestas de la huelga del metal.

El abogado destaca, además, que los acusados fueron detenidos de forma irregular en una operación que llevó a cabo la Policía con un dispositivo "brutal" en la barriada Río San Pedro pocas semanas después del fin de la huelga, una intervención que fue muy criticada por el vecindario. La mujer de uno de los detenidos denunció, incluso, que su marido había sido arrestado cuando llevaban a la hija al colegio, un hecho que la Jefatura de Policía de Cádiz tuvo que matizar en un comunicado, donde afirmó que el arresto se había producido cuando el hombre regresaba de dejar a la menor en el centro escolar.

La defensa de los acusados también criticó entonces la filtración que se había hecho a algunos medios de comunicación de Cádiz de los antecedentes penales y policiales de algunos de los arrestados, un hecho que, a su entender, supuso una violación del honor y la intimidad con el único fin de desacreditar a los manifestantes detenidos.

Un intento de "criminalizar" la acción sindical

Pedro Castilla considera que en este caso se ha intentado "criminalizar una actuación meramente sindical" de unos trabajadores que se manifestaron por la defensa de sus derechos. "Durante 40, 50 años ha habido muchas movilizaciones en la provincia de Cádiz en el sector del metal y nunca ha habido un correctivo tan importante a sus trabajadores, hasta el punto de llegar a pedir tres años de cárcel", subraya el letrado.

La gravedad de la pena solicitada por la Fiscalía ha ampliado las muestras de apoyo con los acusados, empezando por el lugar donde se produjeron los incidentes enjuiciados, Río San Pedro, un barrio de unos 6.000 habitantes que tiene en su polígono industrial una de las factorías más importantes del metal gaditano, los astilleros de Navantia de Puerto Real. El coordinador de la Plataforma Vecinal, Felipe Marín, ha mostrado a Público su total rechazo a la condena de prisión solicitada. "Es muy triste", ha dicho a este periódico.

"Ya tuvimos que vivir en nuestro barrio lo de la tanqueta de la Policía, que muchos vecinos tuvieran también que ir a coger a sus hijos a la guardería porque al lado estaban cayendo balas de goma, incluso dentro del patio del centro, a causa de una intervención totalmente desmedida. No dábamos crédito a lo que estaba pasando. Era una imagen bélica en un barrio obrero muy pacífico", afirma el portavoz vecinal.

La Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) es otra de las organizaciones que ha mostrado su apoyo a los acusados con un comunicado en el que afirma que "la lucha obrera vuelve a ser criminalizada, de nuevo los trabajadores van a ser juzgados por defender sus derechos".

Esta organización sindical subraya que las detenciones corresponden a unos hechos que tuvieron lugar en el transcurso de una huelga legal indefinida, en la que "participaron miles de trabajadores". "Todas y todos participamos por igual y todas y todos fuimos culpables de defender nuestros derechos", recalca la CTM.

Recientemente, una empresa del metal ha sido condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por haber vulnerado la libertad sindical de uno de los fundadores de la CTM, que fue despedido por haber convocado asambleas de trabajadores durante las protestas previas a la huelga del metal, en las que se demandaba más carga de trabajo y el cumplimiento del convenio colectivo.

El TSJA, además de considerar el despido nulo, condena a la empresa al pago de una indemnización de 6.250 euros por el daño moral causado al trabajador al no haber respetado su libertad sindical. El Tribunal Superior andaluz lo ha considerado una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, en virtud de lo que se contempla en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

Formaciones políticas de izquierda también han mostrado su apoyo a los acusados por las protestas de la huelga del metal, entre ellas Adelante Andalucía. Su portavoz provincial en Cádiz, Alejandro Gutiérrez, considera que la huelga fue "una respuesta contundente de la clase trabajadora" frente a la precariedad y los incumplimientos del convenio colectivo entonces vigente, y que contra eso hubo una "respuesta desmesurada" de las fuerzas de seguridad del Estado.

Según el portavoz de Adelante, en el barrio de Río San Pedro se vivieron "batallas campales" que no se habían visto en otras partes de España, con la intervención, incluso, de una tanqueta de la Policía. "El objetivo era disciplinar a la clase trabajadora que pelea por unas condiciones laborales justas. Y este juicio es una medida excepcional que está hecha con una estrategia clara de meter miedo a los trabajadores que tengan la ocurrencia de pelear por sus derechos", recalca Gutiérrez.

La Fiscalía archivó la denuncia contra la intervención policial

La intervención de la Policía durante la huelga del metal fue denunciada por CTM ante la Fiscalía, pero el ministerio público decidió desestimar la demanda. El sindicato había solicitado investigar el lanzamiento "desproporcionado" de 900 pelotas de goma contra los manifestantes en tan solo dos días, de 50 a 60 botes de gas lacrimógeno por día y de 800 disparos de salva en una mañana, para lo cual adjuntó partes de lesiones de varias personas a causa de lo que, consideraba, había sido un uso irregular del material antidisturbios.

En la resolución de sobreseimiento de la denuncia, firmada por el fiscal jefe provincial, el ministerio público argumentó su decisión de archivo de esta forma: "El que durante momentos de conflictividad socio laboral como el vivido en Cádiz durante el mes de noviembre de 2021 se produzcan hechos como los mencionados en la denuncia no es nada inhabitual y no refleja tampoco la existencia de un diseño policial que entrañara tintes de tipicidad penal".

El pasado mes de noviembre, sin embargo, un juzgado de instrucción de San Fernando absolvió por falta de pruebas a otro de los manifestantes procesados por las protestas de la huelga del metal, a quien se acusaba de quemar un vehículo camuflado de la Policía. En ese caso, el ministerio público no recurrió el sobreseimiento de la causa, en la que el acusado, bombero en una compañía de prevención de riesgos laborales que hace trabajos para empresas del metal, estaba imputado por los delitos de daños y desórdenes públicos durante su participación en un piquete.

Según su abogado, este trabajador recibió un día una llamada de teléfono en su casa, en la cual le conminaron a que se presentara en las dependencias de la Policía a declarar, con la advertencia de que, si no acudía en los próximos días, irían a "sacarlo de la cama". Luego, cuando fue a declarar acompañado de su letrado, sufrió, según éste, una gran presión en comisaría por parte de unos seis agentes, que repetidas veces le pidieron que confesara lo que había hecho, algo que el denunciado no hizo.