Fraude fiscal​La SGAE denuncia a las sociedades de Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés por evasión fiscal

La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) denuncia varias sociedades vinculadas a los artistas Joaquín Sabina, Alejandro Sanz y Pau Donés, entre otros profesionales del ámbito de la música, por evasión fiscal. Las entidades pantalla se habrían usado para evitar el pago de los impuestos derivados del cobro de derechos de autor.

Según informa este viernes El Mundo, la investigación cifra en 70 millones de euros el posible fraude de las entidades. Aunque la denuncia no cita textualmente el nombre de los tres artistas, sí se citan los nombres de las sociedades con las que cobran la liquidación de sus ingresos y que habrían usado para eludir el pago de impuestos a la hora de cobrar los llamados derechos de autor.

A través de un comunicado de prensa la SGAE aclara que "no ha denunciado a sus socios, ni al resto de los autores que figuran en la información del periódico" y aclara que "las supuestas irregularidades, afecta a personas jurídicas que son socias de la entidad".

A través de la querella presentada el pasado miércoles por la directiva de la SGAE ante la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid se muestra como las personas jurídicas, socias de la entidad, habrían cobrado por los derechos de autor mediante sociedades intermedias, es decir, “sin personalidad jurídica propia”. 

Estas sociedades estarían gestionadas por las multinacionales que editan sus obras, como Warner, y habrían cobrado el dinero obtenido, ayudando a los artistas a eludir el pago de los impuestos como personas físicas, obteniendo beneficios al tramitarlo como personas jurídicas.

A su vez, la SGAE estima la posibilidad de un delito de falsedad documental mercantil puesto que estas sociedades, creadas por las multinacionales, carecen de una entidad jurídica real. Por otro lado, también se considera el delito de administración desleal al constatar que varios miembros responsables de la dirección de las multinacionales involucradas formaban parte, a su vez, de la dirección de las entidades, lo que supone un conflicto de intereses. 

Por el momento, ni los implicados ni las discográficas se han pronunciado, por lo que habrá que esperar para ver su postura al respecto después de conocer dichas informaciones.

Según comunicado de prensa, la propia SGAE recuerda que "la decisión de poner los hechos en el conocimiento de las autoridades se ha tomado por el Consejo de Dirección, por unanimidad, en el ejercicio de su responsabilidad y para salvaguardar los intereses de la entidad" y aclara que "esta decisión se produce después de haber constatado que dicha actuación puede ser contraria a Derecho y a la propia normativa interna de SGAE".