Un grupo de personas, entre activistas por el derecho a la vivienda de Madrid y afectados por futuros desahucios de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como "banco malo", se han encerrado este miércoles en el edificio donde el FROB tiene su sede, en el paseo de la Castellana, para exigir que el Gobierno que abra una mesa de negociación colectiva con esta entidad —de la que tiene casi la mitad de la participación a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)— para negociar alquileres asequibles y justos con sus viviendas.

La acción de protesta se ha llevado a cabo después de la rueda de prensa en la que los activistas de los diferentes colectivos por el derecho a la vivienda de Madrid han presentado su "Plan Sareb" a las puertas del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Allí, las diferentes Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH), colectivos Stop Desahucios y el Sindicato de Inquilinas de Madrid han lanzado "una ofensiva de acciones y campañas" en las que señalan los diferentes problemas de vivienda generados por la Sareb.

Activistas y afectados se ha dado cita para exigir al Gobierno que las viviendas de la Sareb pasen a formar parte del parque de vivienda púbica y que se incluyan en la futura Ley de Vivienda que PSOE y Unidas Podemos negocian con más tensión que entendimiento.

Según ha informado los activistas, a raíz del encierro han sido recibidos por personal del FROB, quienes se han comprometido por escrito a iniciar una serie de reuniones para valorar sus propuestas. Encuentros en los que estará presente Paula Conthe, presidenta del FROB, precisan, con fecha límite del 8 de abril.

Para el movimiento, es clave que el Ejecutivo, con poder de decisión en la Sareb, fuerce una mesa de negociación colectiva entre Sareb, activistas y afectados por procesos de desahucio de esta sociedad para resolver favorablemente las situaciones y que queden archivados los procedimientos judiciales que afectan a alrededor de cien personas en toda la Comunidad de Madrid, según los casos que han pedido apoyo a los diferentes colectivos por la vivienda para paralizar sus desalojos.

"La negociación colectiva es nuestra respuesta a años de negociaciones que no llevan a ningún lado. Exigimos una mesa de seguimiento con responsables directos de la Sareb, con la firme voluntad de que no pararemos hasta conseguirlo", ha expresado los activistas y los afectados en un comunicado. Según han explicado a Público, los más de cien casos de futuros desahucios de los que tienen constancia llevan "demasiado tiempo sin avances" a pesar de que la Sareb "solicita constantemente la documentación de los casos con la promesa de que buscará un alquiler social, mientras los trámites judiciales siguen adelante y hay que paralizar los desalojos en la puerta".

Se quejan de que el departamento de Responsabilidad Social Corporativa del "banco malo" dice por lado que se están estudiando los casos mientras que por otro permite el avance del proceso judicial que lleva al desahucio y esta situación "de incertidumbre y tensión" para los afectados se puede alargar durante meses y años. Son personas inquilinas a los que Sareb no quiere renovar contratos de alquiler, afirman.

Los colectivos recuerdan que el último decreto que paraliza los desahucios sin alternativa habitacional para familias vulnerables decaerá el próximo mayo, cuando finalice el estado de alarma decretado para controlar la incidencia del coronavirus. "A partir del 9 de mayo volverán los desahucios. Y seremos nosotras, otra vez, el movimiento de vivienda organizado, quienes pondremos
nuestros cuerpos y daremos respuesta al problema de la vivienda", advierte en su comunicado.

"Que no se piensen que nos vamos a quedar aquí. Llevamos organizándonos mucho tiempo, generando una fuerza colectiva que hoy ha decidido pasar a la ofensiva contra quienes se han dedicado a jugar con las vidas de miles de las nuestras", han anunciado antes de encerrarse en la sede.

El agujero económico de Sareb

La Sareb es la entidad en la que se depositaron los activos tóxicos de la burbuja del ladrillo de gran parte de los bancos y cajas de ahorro españolas tras el rescate bancario de 2012. La sociedad tenía dos objetivos clave. Eliminar ese pasivo tóxico de las cuentas de las entidades financieras y también de la del Estado. Además de sanear el agujero todo lo posible vendiendo esos activos ahora muy depreciados (inmuebles, terrenos y préstamos) al mejor postor para recuperar la millonaria inversión inicial con la que esta sociedad "compró" los activos a los bancos y, sobre todo, a las cajas de ahorro rescatadas.

Para ello, la Unión Europea concedió un préstamo a la Sareb por valor de 50.000 millones de euros que está avalado por el Estado español y del que hay más dudas que certezas sobre su devolución, ya que la Sareb ha estado en pérdidas desde su creación. Las entidades financieras pusieron el 55% del capital, mientras que el Estado, a través del FROB, puso el 45% restante.

Según publica este miércoles El País, la deuda pública española ha crecido tres puntos, hasta el 120% del PIB, a causa de los 35.000 millones de euros que Eurostat ha obligado a España a contabilizar, procedentes de la Sareb. Según Manuel Gabarre, investigador y autor del ensayo Tocar fondo: la mano invisible detrás de la subida del alquiler',  la Sareb es la "mayor estafa" que repercutirá a todos los ciudadanos tras el crack económico de 2008.

"La Sareb nació como solución al problema de unos pocos, los gerentes de bancos y cajas privatizadas, y debe formar parte de la solución al problema de la mayoría de acceso a una vivienda digna", han reclamado los activistas. "La deuda de hoy serán los recortes de mañana", han advertido.

Doble estafa

Una de las pretensiones de Unidas Podemos es que la totalidad o gran parte de las viviendas de esta entidad semipública pasen a formar parte de un parque de vivienda público en la nueva Ley de Vivienda, algo que va en sintonía con las demanda de los colectivos de vivienda. Hasta ahora, el Gobierno solo ha anunciado un acuerdo entre Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Sareb para que esta "ceda" hasta 15.000 viviendas al Estado, las comunidades autónomas y Ayuntamientos para destinarlas a alquileres sociales.

El Ministerio de Transportes "asumirá parcialmente los gastos de la cesión y de los trabajos de rehabilitación y acondicionamientos necesarios para garantizar la habitabilidad de los inmuebles, que serán arrendados con un precio reducido a personas con ingresos limitados y en situación acreditada de vulnerabilidad por parte de comunidades autónomas y entidades locales", especificaban Sareb y el Gobierno el pasado febrero.

Sin embargo, los activistas consideran este acuerdo como "una doble estafa o un doble rescate", ya que esas viviendas ya son públicas en gran parte. "El Estado no tiene que volver a pagar por el uso de esas viviendas a una entidad que se ha constituido con dinero público. El Estado podría disponer de esas viviendas ya para destinarlas a alquileres justos", reclama Daniel Vega, portavoz de la campaña "Plan Sareb".

La gran opacidad de las cuentas de la Sareb, denuncian investigadores y activistas, impide saber el número de viviendas de las que disponen, así como el número de inmuebles que ya han sido vendidos a precios de saldo, sobre todo a inmobiliarias y grandes fondos de inversión extranjeros. Por eso, otras de las reivindicaciones de esta campaña es la realización de una auditoría pública de la Sareb para conocer sus cuentas reales y las viviendas que aún tiene en su poder.