"Hace hoy cinco meses que me vaciaron la casa. Estoy muy mal, cada día peor. No puedo ir allí... Me encuentro tanta cosa vacía... No están las cosas que necesitaba. No sabemos absolutamente nada, nadie nos ha dicho nada. Pido a los jueces que me digan algo, que hagan algo por mí. Así no se puede vivir".

Rosario Bravo Marín, de 97 años, perdió casi todo durante el desahucio que se realizó por error en su casa de L'Hospitalet de Llobregat el pasado 19 de febrero: la lavadora, el microondas, la televisión, algunos muebles, la vajilla buena, colchones, ropa, el único retrato de bodas que conservaba de su difunto marido, la mantilla que heredó de su madre y hasta una garrafa de cinco litros de aceite de oliva sin empezar. La abierta sí la dejaron en su sitio.

Por perder, perdió hasta sus memorias, todos los recuerdos de una vida que llevaba siete años anotando a mano en un libro en blanco, de 200 páginas, que le regaló su hijo Emiliano por su nonagésimo cumpleaños. "Ahí iba contando todas sus penurias, cómo vivió la Guerra Civil, su traslado de La Mancha a Catalunya, el nacimiento de sus hijos, la muerte en accidente de mi padre cuando éramos unos niños... Todo ocurrió en esa casa que llevaba alquilando más de 60 años. La última penuria tendría que ser esta", aunque no tiene dónde escribirla, lamenta su hijo, que peleó para que al menos quedara registrada esta trágica metedura de pata en multitud de televisiones y periódicos.

Ahora, cinco meses después, no quiere que la historia caiga en el olvido o que acabe relegada a ser una triste anécdota más que un día rellenó diez minutos de parrilla de los matinales de televisión. Emiliano y su madre exigen que se haga justicia. Pero "¿cómo se pide justicia cuando es la propia Justicia una de las responsables", se pregunta el hijo. "Seguimos que, sin recuperar nuestras cosas, sin que nadie se preocupe", se queja.

El caso es insólito, según Jesús Rodríguez Pachón, abogado de Rosario, que ha conseguido que el juzgado de instrucción número 8 de L'Hospitalet declare la nulidad del acta de desahucio y obligue a la propietaria a que le devuelva sus pertenencias. Pero no han recibido ninguna llamada en todo este tiempo, "nada, ni para pedir disculpas, ni para preguntar", apunta el hijo.

También han emprendido dos demandas (civil y penal) contra la propietaria del edificio (la señora Guash, que acumula una gran cantidad de viviendas en Catalunya), contra la empresa gestora del inmueble (Fincas Gual, con estrechos vínculos familiares con la propietaria, según el letrado, y fundada en 1915) y contra la comisión judicial que levantó el acta de lanzamiento (como se llama a esta operación en el argot judicial) que decía que no había bienes reseñables en el domicilio. La otra empresa que aparece en el acta es Karba Serveis S. L., la encargada, supuestamente, de dejar la vivienda vacía. Sin embargo, según el letrado, esa empresa ni siquiera figura en el registro mercantil, "hasta ahí llega la desfachatez de lo que ocurrido en este procedimiento", apostilla.

Desahucio "negligente" o "robo descarado"

El documento judicial del desahucio, explican, tenía varios "huecos en blanco rellenados a mano", especifica Emiliano. "Es un acta más propia del siglo XX que del XXI", afirma que le reconoció en persona la anterior consellera de Justicia de la Generalitat, Ester Capella, que se interesó por el caso cuando todos los medios se hicieron eco del atropello.

El letrado de Rosario prefiere hablar más de "negligencia" que de error. Emiliano, directamente, lo califica de "robo descarado" de las pertenencias valiosas de su madre, que nadie sabe dónde están, que ya casi nadie confía en recuperar y que están valoradas en más de 20.000 euros. "Mi madre lo pasó fatal cuando tuvimos que hacer la lista de todo que había desaparecido. Lo sigue pasando mal. Cada vez que hablamos de esto se pone a llorar, le afecta mucho", sostiene.

El desahuciado tendría que haber sido el vecino del ático, pero el representante de la propietaria señaló la puerta del sobreático y se procedió como se suele hacer en estos casos: sin más miramientos, un cerrajero abre y pone un bombín nuevo en la puerta. Cuando una vecina avisó a Emiliano tres días después de que las contraventanas del piso estaban abiertas, él fue a mirarlo, pero su llave ya no entraba en la cerradura.

En estos casos, si los enseres no se han retirado de la casa, todo se desecha, aunque Emiliano no cree que las cosas que faltan se hayan tirado a un contendor. "Una botella de plástico llena de monedas de un euro y 50 céntimos no se tira a la basura. Una televisión nueva no se tira a la basura, una garrafa de aceite sin estrenar no se tira a la basura y se deja la que está ya abierta en su sitio", enumera.

Prevaricación, robo, falsedad documental

Cuando abrieron la puerta de Rosario, que no se hallaba en casa aquella mañana, "se veía a simple vista que era una vivienda habitada, que había objetos de valor. Pero el responsable del juzgado dice en el acta, en un documento que tiene fuerza y razón de veracidad, que no había nada de valor. A mí, como abogado, no se me perdonaría una negligencia así", opina Rodríguez. Por eso apunta en sus demandas delitos como prevaricación, robo, apropiación indebida, allanamiento de morada o falsificación documental.

La Fiscalía también aprecia indicios de estos delitos y se han iniciado las diligencias de investigación de un procedimiento penal que, de momento, no ha arrancado. "La Justicia es muy lenta, puede demorarse años, y mi madre ya es muy mayor", reconoce Emiliano, que denuncia la total despreocupación por parte de la propietaria y de la empresa administradora. Consultados por Público, Fincas Gual remite a su abogado. Este ha rechazado hacer declaraciones sobre el caso. "Han sido así durante todo este tiempo. Sin respuestas y con total opacidad y oscurantismo y sin reconocer nunca los hechos", señala Emiliano.

"Los únicos que han llamado para pedirme perdón ha sido la familia que tenía que haber sido desahuciada aquel día", destaca el hijo. "Cuando vieron en la tele a mi madre se sintieron muy culpables. Pero ellos no tienen la culpa de nada. Era una familia latinoamericana. El marido era taxista y, con la pandemia, perdió los ingresos y acumularon varios impagos a la misma propietaria, que es dueña de todo el edificio", detalla.

"Pediremos una indemnización por daños morales, pero lo que realmente queremos son nuestras cosas, nuestros recuerdos", insiste Emiliano. A Rosario le han desahuciado de su propia historia ya al final de una vida que siempre llevó al corriente de pago. Dice que no puede pasar muchos días seguidos en un piso tan vacío, donde crio a su familia, donde ella envejeció. Se siente una extraña rodeada de ausencias, algunas de las cuales ni siquiera pude recordar. Sus hijos solo quieren que la burocracia no sepulte la historia de la que proceden.