BARCELONA.- La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha afirmado este viernes que las dos resoluciones del Tribunal Supremo (TS) sobre el 25% de escolarización en castellano sólo afectan a sendos casos particulares, por lo que "no tiene impacto sobre todo el sistema".

Rigau ha valorado así la sentencia hecha pública hoy por el TS, que ratifica otra anterior del TSJC, que obliga a la Generalitat a impartir un 25 % de horas lectivas en castellano en las escuelas de esta comunidad y que ello incluya una asignatura troncal en esta lengua.

El alto tribunal, que señala el "incumplimiento" del ejecutivo catalán de sus dictámenes, avala la decisión que adoptó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de fijar en un 25 % el uso del castellano en las escuelas de esta comunidad para dar cumplimiento al carácter vehicular de esta lengua, tal y como obliga la jurisprudencia establecida por el Supremo desde 2010.

Según la consellera, lo único que puede hacer el Tribunal Supremo es "pronunciarse para resolver casos particulares, por tanto la pronunciación del Supremo se refiere a la medida cautelar de un caso particular".

"Por tanto (la decisión del Supremo), no tiene impacto más allá de la confirmación de una medida cautelar que en su día se adoptó en un caso concreto de un niño concreto", ha señalado Rigau, que ha explicado que el 25 % en castellano ya se está cumpliendo en los casos en que ha sido solicitado.

"Entendemos que ellos (en alusión al TS) dan por hecho que en Cataluña hay el máximo grado de normalización lingüística", por lo que ha afirmado que no se modificará el sistema educativo de Cataluña. La consellera ha recordado que "si Enseñanza cumpliera estrictamente la LOMCE, debería implementar el castellano en el 50 % de la enseñanza".

"Nosotros nos defenderemos de la LOMCE", ha subrayado Rigau, que ha dicho que la sentencia del Supremo "contiene inexactitudes profundas" que tendrán que "puntualizar legalmente" en un recurso.

En una sentencia adoptada en abril, pero divulgada hoy, el Supremo, además de avalar la decisión del TSJC, impone una fuerte crítica al ejecutivo catalán, al que acusa de haber incumplido sus sentencias y haber obligado así a los jueces a fijar el citado porcentaje.

Es decir, el Supremo considera justificado que sea el TSJC el que fije el citado 25 % porque la Generalitat ha hecho dejación de esa potestad y ha desatendido los sucesivos requerimientos efectuados para que se ejecutaran las sentencias del alto tribunal que obligaban a dar cumplimiento al carácter de lengua vehicular del castellano.

El TSJC "no ha incurrido en ningún exceso" al adoptar la medida, dice el Supremo en su sentencia, sino que ha debido fijar esta proporción "por la sola razón" de que la Generalitat "no ha cumplido con la obligación" que le impusieron, desde 2010, sucesivas sentencias del Supremo.

Así, el TSJC ha debido fijar esta "proporción mínima" ante el incumplimiento de la administración, añade el Supremo antes de señalar que "llama la atención" que ahora el Ejecutivo catalán invoque su derecho exclusivo a fijar dicha proporción "cuando ha tenido la oportunidad de ejercer dicha potestad y no lo ha hecho".