Las denuncias gallegas contra las residencias privadas de DomusVi empiezan a dar sus primeros frutos. El Juzgado de Instrucción nº3 de Cangas (Pontevedra), ha abierto diligencias contra la administradora de Geriatros, la consejera delegada de DomusVi España, Josefina Fernández, y contra dos altos cargos de la Xunta, la jefa de los Servicios de Inspección de Mayores, María Berta Besada y el director general de Mayores y Personas con Discapacidad, Idelfonso de la Campa, por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia profesional.

Las querellantes son dos familias. Una de ellas pudo sacar a su madre del centro en pleno estado de alarma tras ''50 caídas'', pero la otra no pudo hacerlo, su madre falleció en la residencia. Sus allegados hablan de ''asesinato'' o ''invitación a morir'' y por ello han recurrido a la justicia.

El auto, al que tuvo acceso Público, insta a la declaración de las querellantes y a la elaboración por parte de la médico forense de un informe sobre la existencia de alguna acción u omisión que haya producido el contagio por coronavirus, o para constatar si ha habido un tratamiento que haya influido en el fallecimiento de una de las usuarias. De esta manera, el juez buscará la existencia de alguna ''acción u omisión constitutiva de imprudencia profesional'' y pedirá también los historiales médicos de las madres de las querellantes, para determinar si se debe abrir juicio oral formal, solicitar más diligencias, o archivarlas definitivamente.

Una de las hijas pudo rescatar a su madre, residente de Domusvi Aldán-Cangas desde agosto de 2019 hasta el 14 de mayo de 2020, después de que la autoridad sanitaria lo aceptase durante el estado de alarma. Ha hecho responsable a la residencia privada de la ''falta de cuidado y/o auxilio adecuado'' de las ''lesiones sufridas derivadas del diagnóstico positivo por covid-19'' y de las ''lesiones sufridas por las numerosas caídas que se registraron y no se trataron debidamente''.

La otra hija, en representación de su madre, afirma que la mujer ingresó el día 10 de abril de 2020 en el Hospital Álvaro Cunqueiro por una ''severa deshidratación'' y falleció once días después. Mantiene que su muerte ''se deriva sin género de dudas de la mala gestión de la crisis por parte de las querelladas, que esperaron a que la residente presentara un cuadro de tal gravedad que todo intento por preservar su vida'' por parte de la plantilla del Sergas fue ''totalmente en vano'', ya que en el momento del ingreso ''presentaba un cuadro grave de deshidratación y una insuficiencia respiratoria y renal imposible de superar''.

En cuanto a las caídas de la otra madre, según subraya el juez, de haberse producido y debido a la falta de información ''no pueden calificarse como delito'', pero que sí se haya recogida en el contrato ''la obligación de vigilancia'', lo que podría suponer una ''responsabilidad contractual''. De la misma manera, el juez descarta la calificación como un delito de abandono de una persona con discapacidad, ''del que ningún caso pueden responder las personas frente a las que se interpone la querella'', al tratarse de ''un delito esencialmente doloso y no de mero descuido o desatención''. Según recoge el auto, ''las pacientes parece que fueron atendidas''.

Para la fundación REDE, ''desde que la marca DomusVi se ha apropiado de los centros de Geriatros y SARquavitae'' se ha producido un ''sensible deterioro de la calidad de los servicios asistenciales y sanitarios''. Según explica la organización, la residencia de Aldán llegó a ocultar casos de infección por sarna entre las usuarias ''a las puertas de la pandemia'' y más del 70% de los residentes contrajeron covid, 110 de 150. Esto fue lo que provocó que la Xunta de Galicia interviniese el centro el 30 de abril y el personal contratado dio a conocer las ''malas prácticas'' de la residencia, llegando a ''dibujar escenarios más propios de un campo de batalla que de un centro sociosanitario''.

Los centros de DomusVi acaparan el 50% de los fallecimientos ocurridos en las residencias gallegas. Rede ha denunciado a las residencias privadas de DomusVi, también al presidente de la Xunta de Galicia y a la CEO Josefina Fernández, que recibió premios de la mano de Alberto Núñez Feijóo, como la medalla de oro en 2016 del Círculo de empresarios de Galicia.