Una investigación llevada a cabo en España sobre las consecuencias directas de las políticas del repago farmacéutico revela un significativo impacto en la renuncia de tratamientos por parte de los pacientes. El repago farmacéutico supuso un aumento en los ingresos de las administraciones, sin embargo, supuso una reducción del consumo de fármacos.

La aplicación en Catalunya del euro por receta en 2012 y el aumento del importe a abonar por parte del paciente para la adquisición de medicamentos no ha supuesto un uso más cuidadoso de los medicamentos, justificación enarbolada para la aplicación de ambas medidas.

En su lugar, según los datos obtenidos en la mayor investigación en España sobre los efectos y consecuencias de la medida mal llamada copago farmacéutico -se paga dos veces- , llevado a cabo por el grupo de trabajo de Prisma del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, se demostró el aumento de la desigualdad del sistema sanitario y de la cifra de pacientes que, desatendiendo las indicaciones médicas, no empezaron los tratamientos.

Los resultados de la investigación, publicados en marzo por la revista médica BMJ Quality & Safety, revela que fueron los pacientes crónicos, las rentas más bajas y los pensionistas los más afectados por el euro por receta, aplicado por la Generalitat, y el incremento del importe a pagar por los pacientes, medida establecida desde el Gobierno central. 

Según informa este lunes El País, el estudio llevado a cabo entre los años 2011 y 2014 monitorizó los nuevos tratamientos prescritos en centros de atención primaria del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Los autores de la investigación realizaron un seguimiento de los cambios que afectaban a grupos determinados de población - pensionistas, activos, parados, etc.- en relación con los principales grupo de fármacos.

Las conclusiones del estudio muestran grandes irregularidades en el inicio de nuevos tratamientos prescritos desde la entrada en vigor del euro por receta en 2012. Por ejemplo, más de un 50% de los tratamientos a personas con ingresos menores a 5.000 euros no se iniciaron según las indicaciones médicas.