La basílica de El Pilar, el templo católico emblemático de Zaragoza y uno de los monumentos más visitados de España con hasta cinco millones de accesos al año, pasa este jueves a ser propiedad indiscutible del arzobispado de la capital aragonesa al haber transcurrido treinta años desde su inmatriculación sin que nadie haya cuestionado esa inscripción.

El arzobispado de Zaragoza presentó el 4 de diciembre de 1987 ante el Registro de la Propiedad número 2 de Zaragoza la certificación con la que anotó a su nombre el “pleno dominio de la finca”, que quedó inscrita el 5 de abril del año siguiente, lo que significa que este jueves habrán transcurrido los 30 años que dan derecho a la institución a registrar la propiedad del templo por la figura jurídica de la usucapión, que reconoce como propietarios de los bienes inmuebles a quien los ha poseído de manera pacífica, sin que nadie se oponga a esa situación, durante tres décadas. 

La legislación foral aragonesa contempla plazos menores para que se produzca la usucapión, de veinte años cuando los posibles dueños están ausentes o no hay constancia de su identidad y de solo diez cuando están presentes, como ocurriría con las administraciones que eventualmente pudieran haber reclamado la titularidad. Las normas estatales amplían ese periodo a treinta años, por lo que el hecho de que hayan transcurrido las tres décadas despeja cualquier duda sobre eventuales reclamaciones y abre la puerta a que el arzobispado pueda anotarse la propiedad. 

¿Quién tiene la titularidad de La Seo?

Esta circunstancia genera una llamativa situación en la llamada plaza de las catedrales, limitada al norte por el Pilar, al este por La Seo, un monumental edificio de estilo mudéjar en el que los reyes de Aragón juraban los Fueros hasta Felipe V, y al oeste por San Juan de los Panetes, en el que el barroco convive con el mudéjar de su característica torre inclinada. 

La primera pasará a ser oficialmente de la Iglesia en cuanto el arzobispado formalice las escrituras. La titularidad de la segunda queda en el aire después de que el año pasado el ayuntamiento, el primero de España que ha reclamado el carácter público de una catedral, lograra interrumpir los plazos de la usucapión con un acto de conciliación previo a una demanda. Y la tercera es de propiedad estatal, según una resolución del Ministerio de Hacienda que se conoció hace unas semanas. 

Patrimonio del Estado, que investigó la situación de San Juan de los Panetes a solicitud del consistorio zaragozano, concluyó que “se trata, pues, de un bien de titularidad de la Administración General del Estado”: desde el 17 de noviembre de 1933 es un “Bien de Interés Cultural con categoría de monumento” incluido en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, y actualmente adscrito al Ministerio de Cultura. 

Sin embargo, eso no impidió que el arzobispado inmatriculara el edificio alegando que había pertenecido “desde tiempo inmemorial” a la “diócesis de Aragón” (sic) ni tampoco que, aunque admitía la inexistencia de “título de dominio inscrito o inscribible”, el Registro de la Propiedad anotara a su nombre la posesión el 23 de enero de 1889. 

La resolución de Hacienda recoge cómo el arzobispado le comunicó que el 12 de diciembre del año pasado había otorgado una escritura para revocar la inmatriculación. Sin embargo, la asociación laicista Mhuel (Movimiento Hacia Un Estado Laico) confirmó que el 19 de marzo seguía figurando como poseedora la archidiócesis. 

¿A quién pertenecen las iglesias monumentales?

La resolución de Hacienda, recurrida por el Ayuntamiento para reabrir la investigación y aclarar la situación registral de San Juan, La Seo y otras dos iglesias (La Magdalena y Santiago el Mayor), abre una vía para cuestionar las inmatriculaciones de algunos edificios monumentales que han efectuado distintas autoridades eclesiásticas en toda España en las últimas décadas, también en el periodo 1947-1998, en el que las autocertificaciones diocesanas de propiedad estuvieron proscritas. 

Muchos de esos edificios figuran en el decreto por el que el 3 de junio de 1931 el Gobierno de la Segunda República ponía “bajo la tutela y protección del Estado” y declaraba “adscritos al suelo de la Nación” 36 catedrales, 24 monasterios, 18 conventos, cinco capillas y más de 200 iglesias repartidos por toda España, además de 73 castillos, 21 palacios y 62 ruinas y restos prehistóricos, que pasaban a ser “monumentos histórico-artísticos pertenecientes al Tesoro Artístico Nacional”. 

La basílica del Pilar, una finca urbana de 9.100 metros cuadrados con la puerta principal en la plaza de mismo nombre, no figura en esa lista ya que había sido declarada monumento nacional en 1904, aunque sí está documentado que, entre 1929 y 1934, el Registro vetó su inscripción a nombre del arzobispado, que también intentó sin éxito anotarse la posesión de La Seo.

La construcción del actual Pilar, declarada catedral en 1675, comenzó tras el incendio en 1434 de la iglesia románica original sobre la que se levanta y fue consagrada en 1872, aunque la última torre no fue terminada hasta 1961, más de cinco siglos después del inicio. El edificio, en cuyas obras intervinieron arquitectos como Francisco de Herrera y Ventura Rodríguez, incluye frescos de Goya. 

Los trabajos iniciales fueron financiados por la corona aragonesa, mientras que algo más de un tercio de los diez millones invertidos en las restauraciones de las últimas dos décadas proceden del Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura.