Un total de 19 de los 23 procesados por pertenecer a una red nacional que organizaba peleas ilegales de perros, a los que maltrataban y criaban con sustancias dopantes y otros fármacos, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconocen los hechos y se les rebajará la pena solicitada.

La organización, según el Ministerio Público, criaba a perros potencialmente peligrosos (PPP) a los que adiestraba para ser más agresivos, proporcionaba sustancias dopantes como testosterona y entrenaba "hasta la extenuación", llegando a utilizar cintas de correr. Después, les destinaban a peleas concertadas con contratos previos en las que resultaban "muertos o gravemente heridos".

La petición de pena inicial oscilaba entre alrededor de tres y siete años. Las acusaciones populares, ejercidas por Podemos y Salvando Ángeles Sin Alas (SASA), no se han adherido al acuerdo de reducción y piden penas más elevadas.

Entre los miembros de esta organización existía una división de funciones y también territorial con grupos "claramente" identificados que actuaban en Madrid, Canarias, Alacant, Murcia, Almería y Málaga.

En el registro practicado en la finca del líder madrileño se hallaron 22 perros "en estado lamentable de salud e higiene". La mitad de ellos fallecieron debido al estado en que se encontraban, "siendo necesario practicar además a varios de ellos eutanasias humanitarias".

Según la Fiscalía, uno de los dos veterinarios acusados era perfecto conocedor del estado en que se encontraban los perros y del origen de sus heridas, "evitando con sus consejos que los perros tuvieran que ser trasladados a una clínica veterinaria donde se sospecharía de las heridas presentadas y del estado de los animales".