La prevención de la ludopatía inspira una ley valenciana del juego amenazada por la derecha y la patronal

Alejar a 850 metros los locales de juego de los centros educativos, fijar una distancia de al menos 500 metros entre locales de juego, obligación para los bares de instalar mandos a distancia para activar las máquinas de tipo B (tragaperras), a la vez que se asegura que no emiten ninguna luz o sonido mientras nadie las utiliza. Todo ello acompañado de una moratoria de cuatro años para la concesión de nuevas licencias, restricción de la publicidad en medios de comunicación autonómicos y locales, eliminación de anuncios en vallas y en el exterior de los locales, supresión de las promociones engañosas para atraer clientes y, no menos importante, creación de una estrategia valenciana de prevención del juego patológico y una comisión de seguimiento a la que se pretende incorporar expertos y entidades sociales.

Son algunos de los puntos clave que conforman la nueva ley valenciana del juego y prevención de la ludopatía, que previsiblemente será aprobada en Les Corts este jueves. La norma, considerada como "pionera" en el marco estatal, impone frenos al "todo vale" en el que estaba instalado el lobby de las apuestas y pone la lupa sobre los colectivos severamente afectados, especialmente los menores, por la hasta ahora falta efectiva de controles de acceso. "Esperamos que sirva para sentar un precedente, sobre todo en aquellas otras comunidades autónomas donde esta problemática es también bastante grave", expresa Ferran Martínez, diputado del grupo de Unides Podem en Les Corts.

La formación morada, junto con Compromís y PSPV-PSOE (las fuerzas que conforman el Govern del Botànic), apoya el nuevo marco legislativo y pone énfasis en su urgencia. El texto emana de meses de trabajo en que se han tenido en cuenta reivindicaciones de diferentes asociaciones y plataformas vecinales que, en los últimos años, han vivido con preocupación el incremento de estos locales en sus barrios: se ha pasado de 250 salas de juego en 2013 a 518 en 2019. Ya durante la pasada legislatura —recuerda el diputado de Podem— el gobierno autonómico incrementó hasta un 20% el impuesto a las apuestas y el País Valencià se convirtió en la autonomía con la fiscalidad más elevada sobre el tributo del juego.

"Con el establecimiento de la moratoria de cuatro años a nuevas licencias que promovemos ahora con la ley, la expansión del sector se detendrá en seco y, a partir de ese momento, tendremos progresivamente una disminución del número de salones de juego", pronostica Martínez; y añade: "En el plazo de un año, los locales de hostelería estarán obligados a adaptar sus máquinas tragaperras al nuevo dispositivo y, de manera inmediata, deberán eliminar las máquinas de apuestas". En caso de que no lo hagan, de hecho, la ley prevé que estos bares que mantengan las máquinas de apuestas serán considerados salas de juego. También se elevan considerablemente las cantidades de las sanciones y, con la recaudación, se prevé financiar programas de prevención de la ludopatía.

Asedio de la oposición

La del jueves será una sesión parlamentaria de alto voltaje a tenor de los acontecimientos de los últimos días. La ley del juego, que ya quedó pendiente de aprobación en la anterior legislatura debido al adelanto electoral, tenía previsto someterse a votación el pasado lunes. Sin embargo, las presiones de última hora ejercidas por Vox frustraron una aprobación que parece garantizada con la mayoría parlamentaria representada por las tres marcas del Botànic. El partido de extrema derecha, a través de un escrito al presidente de Les Corts, Enric Morera, se desentendía del sistema de voto ponderado propuesto para la votación, el cual ellos mismos habían considerado anteriormente válido.

La artimaña de VOX es el último intento de obstaculizar una ley que se ha convertido en blanco de la oposición, la patronal del sector del juego y parte del sector hostelero, quienes piden su retirada. También el sindicato UGT se ha alineado con las demandas de paralización de la norma. Los argumentos: el presunto impacto negativo sobre los puestos de trabajo en un ámbito, dicen, que mueve el 2,3% del PIB valenciano y genera ingresos fiscales de 140 millones de euros para la hacienda autonómica. Para los portavoces de estos grupos, la entrada en vigor de la ley supondría la desaparición, a largo plazo, del 95% de los locales de juego y salas de apuestas.

"Es el mismo discurso del miedo que ya tenemos comprobado por precedentes como la ley antitabaco", sostiene Martínez. El diputado califica de "tramposos" los argumentos que se están utilizando por parte de algunas asociaciones. "La actividad principal de la hostelería no son las tragaperras; esta es una actividad secundaria asociada. Además, la aplicación de las distancias es progresiva y tienen tiempo de sobra para readaptar su modelo de negocio o reubicarlo en otros espacios donde podrían desarrollarlo de acuerdo con la ley", expresa el integrante de la bancada morada.

En las últimas horas, la oposición en Les Corts (PP, Ciudadanos y Vox) ha pedido que los servicios jurídicos de la cámara elaboran informes sobre la legalidad de la votación de este jueves, prevista ahora mediante voto telemático. Argumentan “cuestiones procedimentales” y su pretensión es retrasar, de nuevo, la votación.

Una "epidemia" de riesgo

Uno de los ámbitos que ha estado más pendiente de la creación de esta ley ha sido el de los colectivos que trabajan por la prevención de la adicción al juego patológico. No en vano, el texto indica la necesidad de abordar una Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento, así como un Plan de Acción bianual. Para Mariano Chóliz, director de la Unidad de Investigación "Juego y adicciones tecnológicas" de la Universitat de València (UV), estas pretensiones sí que suponen un "cambio sustancial" respecto de todas las leyes anteriores y considera que las medidas específicas de las que van acompañadas son un complemento "beneficioso" de las medidas de regulación.

Chóliz reconoce la utilidad de estos programas gracias a su participación en iniciativas como Ludens, en colaboración con el Servicio de Drogodependencias del Ayuntamiento de València, que ha sido administrado a decenas de miles de estudiantes del País Valencià y de otras comunidades autónomas. "Hay que superar definitivamente el concepto de juego responsable, ya que se ha convertido en una estrategia para culpabilizar al jugador de su problema de adicción, a la vez que normalizar y potenciar una actividad que es un riesgo en sí misma", razona el catedrático de Psicología Básica. Chóliz celebra los avances de la ley, atendiendo especialmente a la situación "muy preocupante en términos sociosanitarios" generada por la adicción al juego: "Esperamos que las enmiendas a esta ley permitan tener la suficiente base legal para desarrollar auténticas políticas de juego que prevengan un problema de salud que, en el caso de los jóvenes, también se ha convertido en una epidemia".

Consultado sobre el articulado de la ley, Chóliz apunta algunas líneas de actuación que cree que se podrían haber mejorado. Por un lado, señala que se podría haber establecido más claramente donde se puede jugar, restringiendo la actividad de juego en casinos, bingos, salones de juego y salas de apuestas, además del juego en línea (este último, fuera de las competencias autonómicas). El experto avisa que, aunque con la ley las máquinas de apuestas dejarán de estar en un futuro en los locales de hostelería, el País Valencià ya parte con desventaja respecto de otras autonomías que no tienen estas máquinas en los establecimientos. Y es que, según datos de la Dirección General de Tributos y Juego, el número de máquinas de apuestas en hostelería triplica la cantidad de las que hay instaladas en todos los locales de juego. Chóliz cree que se tendrá que estar alerta para que no acaban instalándose estos aparatos en otros espacios como recintos deportivos.

El experto también se detiene en la cuestión de las tragaperras y admite que deberían contar con un sistema de identificación fehaciente para facilitar el control real no solo de quien juega, sino también de la cantidad de dinero que se vierte, con vistas a poder establecer mecanismos preventivos. Por último, en cuanto al régimen fiscal, expresa que todos los juegos deberían tributar por los ingresos brutos, lo que obligaría a las empresas a devolver menos dinero a los jugadores y, por tanto, se revelarían menos adictivos. Con todo, el catedrático espera que las medidas desplegadas en esta norma calen en los ciudadanos y generen unas actitudes hacia el juego mucho más consecuentes con el peligro que presentan.