La policía marroquí reprime a migrantes subsaharianos atrapados en el Sáhara ocupado durante la pandemia

En términos migratorios, cuando se cierra una puerta, suele abrirse otra. Lo normal es que esa que se abre sea aún más difícil, más complicada y más mortífera, como ocurre con la Frontera Sur española. Kone (nombre ficticio) salió de Costa de Marfil hace unos tres años, vivió escondido en los bosques de Marruecos casi otro año y desde hace meses, "más o menos cuatro", vive en El Aaiún, capital del Sahara Occidental ocupado por el  Reino de Marruecos desde 1975, donde lleva "unos 20 días confinado", explica.

Decidió cambiar de ruta para llegar a Europa "por el maltrato de la policía", pero no ha notado muchas diferencias. "Nos pegan y nos encierran. No es fácil ser negro aquí", relata a Público.

El pasado 1 de mayo, según Equipe Media, agencia de prensa saharaui clandestina en los territorios ocupados, que buscar romper el bloqueo informativo marroquí, varios subsaharianos resultaron heridos "tras duros enfrentamientos con la policía en El Aaiún ocupado". Todo ocurrió en un "Centro de Internamiento", donde hay cerca de 70 personas migrantes que intentaron cruzar el Atlántico hacia las Islas Canarias, pero fueron interceptadas.

Según ha podido saber este medio, la población subasahariana que vive en los territorios ocupados aseguraron a Equipe Media que "las fuerzas de seguridad utilizaron balas de goma, palos y piedras para reducirles", lo que ha dejado al menos "siete heridos y, entre ellos, cuatro personas migrantes y un policía fueron trasladados al hospital". Esta información fue confirmada por la policía marroquí a través de un comunicado oficial de las autoridades. "Intentaron romper la cuarentena", justificaba la policía en la nota, recogida por el diario Sahara Now.

Pero esto no es algo casual, ni excepcional. Mohamed (nombre ficticio), al igual que Kone y más colegas, todos subsaharianos y negros, decidieron poner fin a esta situación, así que se dirigieron al consulado de Senegal para denunciar lo que estaban sufriendo.

Represión en las puertas de la embajada senegalesa

"Durante la cuarentena, la situación se ha vuelto más dura y ya no sabemos qué hacer, así que fuimos a denunciarlo, pero la policía marroquí nos dispersó, nos expulsó y algunos fueron detenidos desde la media noche hasta el día siguiente" y añade, "esto solo pasa porque somos migrantes y negros, ya está", asegura, al igual que Kone.

La mayoría de los empleos a los que pueden acceder las personas negras en los territorios ocupados es a un trabajo informal como vender verduras y algunas chapuzas. Pero la llegada de la pandemia lo ha paralizado todo, profundizando aún más la exclusión, la pobreza y la condiciones de vulnerabilidad que viven las personas migrantes a causa del racismo, habitual entre las fuerzas de seguridad auíes.

"Hemos venido para trabajar y ayudar a nuestra familia. Si hubiera trabajo nosotros nos quedaríamos aquí, pero ahora más que nunca, con el coronavirus, desgraciadamente, nos están obligando a arriesgar la vida en el mar", aclara Moha.

"No tenemos problema con la gente autóctona, es la policía la que nos ataca por ser negros"

La encrucijada es cada vez más grande. Mohamed salió de su país, Costa de Marfil, por "la falta de oportunidades y de derechos como ciudadano". No le quedó otra que buscarse la vida fuera.

Lo poco que gana en la calle apenas le da para comprar algo en la tienda y el alquiler de la casa en barrios que comparten con saharauis. "Nosotros no tenemos problema con la gente autóctona, es la policía la que nos ataca por ser negros, es así. Los saharauis se portan bien con nosotros y nos ayudan. La policía también les ataca a ellos”, concluye.

Durante 44 años, se ha recogido las vulneraciones de derechos humanos que vive el pueblo saharaui bajo la ocupación de las autoridades marroquíes. Ahora, las personas migrantes subsaharianas y negras denuncian también esta violencia. Mohamed reconoce que pasa "miedo" por la incertidumbre de si algún día puede ser atacado o detenido sin más, y que ese miedo cada vez le empuja más a subirse una patera.

La situación de las personas migrantes en Marruecos, uno de los países de tránsito en la ruta africana hacia Europa, se ha complicado un poco más desde que se decretó el "estado de emergencia sanitaria" el 20 de marzo. Tanto es así, que se han limitado los movimientos y salidas del domicilio tan solo con un documento acreditativo por las autoridades al que no tienen acceso las personas en situación administrativa irregular. "Las autoridades locales y las Fuerzas Públicas, Seguridad Nacional, Gendarmería Real y Fuerzas Auxiliares garantizarán la aplicación de las medidas de control con firmeza y responsabilidad contra cualquier persona en la vía pública", especificó el Ministerio del Interior marroquí.

La ruta atlántica

Pero ni siquiera una pandemia mundial ha sido un obstáculo para la migración irregular. La cifra de personas que han llegado a España por vía marítima jugándose la vida a falta de vías seguras ha descendido en zona andaluza del Mar de Alborán, aunque todo lo contrario ha ocurrido en la ruta hacia Canarias.

Según los últimos datos del Ministerio de Interior de España, 735 personas han entrado en el país a través de la vía marítima desde el inicio del estado de alarma, es decir, entre el 15 de marzo y el 30 de abril. De ellas, 459 personas lo hicieron hecho a través de las islas.

El repunte de esta ruta, más peligrosa y mortífera que las del Estrecho de Gibraltar o el Mar de Alborán, comenzó ya en 2019, pero ahora se intensifica. Fue entonces cuando la Unión Europea inyectó 140 millones de euros en las cuentas marroquíes, socio estratégico para el férreo control de fronteras que ha ido estableciendo en toda su frontera sur.

España, con el nuevo Gobierno socialista en funciones, también aprobó una partida des 30 millones para "financiar el despliegue de las autoridades marroquíes para frenar la inmigración irregular". Esta militarización "tiene como objetivo alejar a las personas migrantes del norte del país, de Ceuta y de Melilla, a través de políticas de disuasión más duras", apunta la ONG Caminando Fronteras.

La gran distancia entre la costa atlántica norteafricana y las islas Canarias han sido, según las fuentes consultadas, garantizan menos vigilancia y presencia policial marroquí, pero aquí las rutas se complican por la distancia y la meteorología. Los viajes pueden durar de cuatro a cinco días en patera, sin nada más que agua alrededor, por lo que la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) la señala como "una de las rutas más peligrosas", que se ha cobrado la vida de más de 200 personas en 2019.