Huelga taxiLa Policía desaloja a los taxistas acampados en el Paseo de la Castellana de Madrid

La Policía ha desalojado a los cerca de 2.000 taxistas que durante la noche del domingo habían cortado el Paseo de la Castellana de Madrid. Agentes de la Policía Municipal, acompañados de varias grúas y un grupo de antidisturbios, han retirado los vehículos que ocupaban la vía durante una operación en la que se han vivido momentos de tensión y forcejeos con los manifestantes, que cumplen su octavo día de huelga en la capital. (¿Por qué la lucha de los taxistas no genera un apoyo social masivo?).

A primera hora de la mañana hacían aparición varias decenas de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) mientras las primeras grúas comenzaban a llevarse los coches que estaban estacionados en los laterales del paseo de la Castellana, a la altura de la plaza de Emilio Castelar. Allí también la Policía Municipal de Madrid ha empezado a multar a los taxistas.

Sendos cordones de agentes de la Policía, seguidos de furgones policiales y grúas, ha avanzado lentamente desde ambos extremos de la protesta, caminado y pidiendo el desalojo de los taxistas. Con algunos de los manifestantes, que se han mostrado en todo momento de forma pacífica, se han producido empujones. Los agentes se han llevado por la fuerza a algunos de ellos, que se han sentado al lado de sus vehículos para evitar ser desalojados mientras gritaban "somos taxistas, no terroristas".

Entre tanto, en el lateral derecho del Paseo de la Castellana, en dirección Plaza de Castilla, frente a la plaza Margaret Thatcher, ocho personas siguen, por cuarto día consecutivo, en huelga de hambre, junto a dos tiendas de campaña. La Policía les ha dejado permanecer en el lugar, aunque en un principio intentó desalojarles.

Según denuncian las asociaciones de los taxistas, dos de ellos han resultado heridos durante la intervención policial. "Cuando han empezado a desalojar han dado porrazos a todos", ha criticado el portavoz de la Federación Profesional del Taxi, José Miguel Fúnez, que ha explicado que han han tenido que recibir atención por parte del Samur. Uno de ellos tiene 61 años, han detallado desde la Federación.

Los efectivos del Samur Protección Civil han atendido por contusiones y crisis de ansiedad, hasta las 10 horas, a seis taxistas manifestantes. Ninguno ha precisado hospitalización, han informado desde Emergencias Madrid.

Interior justifica la intervención

Interior ha justificado la intervención policial: "No pueden poner la ciudad patas arriba", ha declarado la secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, durante un desayuno informativo. La número dos de Interior ha defendido el derecho a manifestarse y concentrarse de los taxistas, pero también ha asegurado que "no se puede permitir que haya un abuso" de las normas de convivencia. 

Botella ha abogado por conciliar los derechos de los huelguistas con los del resto de los ciudadanos y ha reconocido que cuando las protestas son en la calle, como en este caso, hay que tener "mucha paciencia y mucho equilibrio para que una situación mal no se convierta en una peor".

Propuesta "insuficiente"

Tras el desalojo, los taxistas se dirigen hacia la calle Génova, donde tienen previsto manifestarse frente a la sede del PP "con cacerolas y pitos, con todo, menos con barras". La intención de los taxistas para este lunes era "petar" Madrid ante la llegada de miles de compañeros de otras regiones con la intención de sumarse a la acampada en el paseo de la Castellana en su protesta por la regulación de los vehículos de transporte con conductor (VTC). El sector ha convocado además una manifestación a las 17 horas de este lunes en la Puerta del Sol.

Los taxistas madrileños anunciaron el pasado viernes su intención de mantener la huelga indefinida tras rechazar la propuesta pactada por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para regular la actividad de los VTC. Después de reunirse con la alcaldesa, Manuela Carmena, el presidente de la Federación Profesional del Taxi, Julio Sanz, calificó la proposición de "totalmente insuficiente" y criticó que el borrador "no se parece en nada" a las peticiones del colectivo de taxistas.

Según el texto, de nueve páginas, el usuario de un VTC debe encontrarse a una distancia mínima de 300 metros del vehículo para poder contratarlo, lo que, a juicio de los taxistas, es "una anécdota o una burla". Por parte del Ayuntamiento, la concejal de Movilidad, Inés Sabanés, expresó la voluntad del Consistorio de seguir trabajando y de recibir las valoraciones, aportaciones y alternativas que ofrezca el sector del taxi.

De Fitur a la Castellana

Los taxistas han trasladado su zona cero de la huelga desde Ifema, donde permanecían concentrados de forma permanente por la celebración de la feria internacional del turismo Fitur, al Paseo de la Catellana, una de las principales arterias de Madrid, que cruza la ciudad de norte a sur y por la que circulan diariamente miles de vehículos.

El sector continuará con las movilizaciones hasta que la Comunidad de Madrid atienda sus reivindicaciones. La máxima es que sea necesario un tiempo mínimo para poder contratar el servicio de los VTC, como esta previsto que se apruebe en Barcelona, en lugar de una distancia como contemplaba el preacuerdo suscrito por el Gobierno regional y el Ayuntamiento.

Pero desde la Comunidad de Madrid aseguran que no cederán a "chantajes" y las "amenazas" de los taxistas para "eliminar" el sector de los VTC, según subrayó este domingo el presidente regional, Ángel Garrido, que pidió a la Delegación del Gobierno que actúe para evitar este "secuestro" de la capital. 

Al mismo tiempo que se producía la intervención policial en la Castellana, el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, publicaba un tuit en el que mostraba su apoyo al Ayuntamiento de la capital y a la Policía municipal "para garantizar la movilidad, el tráfico y los derechos de los ciudadanos". "El legítimo derecho a la huelga no incluye el colapso de la ciudad", aseveraba.

En otro mensaje, el delegado del Gobierno también carga contra Ángel Garrido, del que considera que "debería ocuparse menos de lo que debemos hacer los demás y más de cumplir con su obligación de trabajar para regular el conflicto entre taxis y VTC". "Decía Goethe que si todos barriéramos la puerta de nuestra casa, el mundo estaría limpio", ha añadido el delegado del Gobierno.

Minutos después, Garrido replicaba a Rodríguez Uribes y, en declaraciones a la Cadena Cope, ha destacado que los taxistas llevan acampados en el paseo de la Castellana dos noches, no una, y que "nadie ha hecho nada" hasta este lunes. "El que tiene que trabajar es él", ha sostenido Garrido, quien ha defendido que, por su parte, él ya lo está haciendo. "Yo trabajo, en lo que me compete a mí", ha manifestado, al tiempo que ha dicho que lo que no va a hacer es una legislación que "pretende eliminar a un sector para que no haya competencia".

Fomento insta a Garrido a "ponerse las pilas"

En tanto, desde el Ministerio de Fomento han instado a presidente de la Comunidad a que se "ponga las pilas" y "solucione" el conflicto. Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso, Pedro Saura, secretario de Estado de Infraestructuras, ha acusado al Gobierno regional de "desidia e irreponsabilidad" por el hecho de no haber entrado aún a regular el sector de las VTC a pesar de los meses transcurridos desde que en septiembre de 2018 el Gobierno central aprobó el Real Decreto Ley que habilita a las comunidades autónomas a regular en la materia.

"Varios meses después de la aprobación del Decreto, la Comunidad sigue mirando para otro lado", ha apuntado el número dos de Fomento. "Pero, ya lo entiendo, estaba en lo suyo", ha añadido de forma irónica, para referirse al "lío que el PP de Madrid tenía para elegir candidatos" a las próximas elecciones.

Saura también ha anunciado que el ministro José Luis Ábalos ha pedido comparecer en la comisión del Congreso para abordar el conflicto. La comparecencia, aún pendiente de fecha confirmada, tendrá lugar después de otra sobre este tema que el titular de Fomento tuvo a finales del pasado año y mientras actualmente se tramita como proyecto de Ley el Real Decreto Ley que el Gobierno aprobó en septiembre.