MADRID.- “En estos momentos la calidad de la libertad de información es mejorable en España. Eso es preocupante”. Esta afirmación, pronunciada por la periodista Virginia Pérez Alonso, resume la propuesta presentada esta mañana al Congreso de los Diputados por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) con el propósito de promover iniciativas legislativas para modificar leyes que, denuncia esta plataforma, están deteriorando un derecho fundamental en las sociedades libres.

El documento dirigido a la presidenta de la Cámara baja y a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios expone, según ha explicado Virginia P. Alonso, presidenta de la PDLI, las medidas que deben adoptarse de forma urgente para “corregir los recortes de derechos que en nuestra opinión se han producido” en los últimos años.

Virginia P. Alonso, adjunta a la directora de Público, ha estado acompañada por Yolanda Quintana, secretaria general de la PDLI; Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FsP), y Begoña Castro, de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Esta plataforma sostiene desde su creación, en 2014, que “se están registrando retrocesos en la libertad de información”.

La propuesta de la PDLI se resume en diez medidas sobre las que los grupos parlamentarios deberían pronunciarse para realizar reformas de varias leyes en vigor, así como promover cambios en organismo públicos. La primera propuesta es contundente: derogar las denominadas “leyes mordaza” , esto es la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la doble reforma introducida en el Código Penal, ambas con año y medio de vigencia.

Además, la PDLI también plantea revisar el ordenamiento legal y jurídico sobre los denominados “delitos de opinión” para adecuarlos a los criterios internacionales. En concreto, se pide una revisión del llamado delito de “enaltecimiento del terrorismo” vigente en el Código Penal desde el año 2000 y los de injurias y calumnias; en este sentido se apunta la recomendación hecha por la OSCE, de la que forma parte España .

Otra petición consiste en recuperar la independencia de RTVE para retomar el sistema para la elección de los miembros de su consejo de administración, actualmente por mayoría parlamentaria simple en lugar de los dos tercios que eran exigibles antes de la reforma introducida por el actual Gobierno. También se reivindica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la protección de los denunciantes, sobre todo en los casos de corrupción. En este punto s e citan los casos de la “lista Falciani”, los “correos de Blesa” y los papeles de Panamá” como casos significativos.

“Estos puntos, junto con el resto que presentamos, son fundamentales para recuperar la calidad de la libertad de información. Es posible que los grupos parlamentarios tomen conciencia porque su distribución en la cámara hace posible que se produzcan esos cambios legales necesarios. Incluso los informes de relatores de derechos humanos de la ONU denuncian el deterioro y apoyan las revisiones que proponemos”, apunta Virginia P. Alonso.

Otras medidas recogidas en el citado documento – que es la primera iniciativa en materia de libertad de información que se registra ante la Cámara baja – son: reforma de la ley de Transparencia, garantizar la imparcialidad de la contratación publicitaria de las Administraciones Públicas, promover la protección del ejercicio profesional de los periodistas, defender un acceso a Internet libre y abierto, y facilitar el acceso a la justicia apoyando el llamado turno de oficio y derogando la ley de Tasas.