"Al final es un derecho del niño, pero las administraciones niegan los permisos y recurren las sentencias y eso retrasa el cumplimiento de esos derechos", explica Cristina Vallés, una de las dos maestras y madres monoparentales que, junto con Laura Gómez, acaban de lograr que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Aragón condene a la Consejería de Educación de esa comunidad a permitirles unir el permiso de paternidad al de maternidad para la crianza de sus hijos. "Las familias monoparentales no solo sufrimos la discriminación por el modelo de familia", añade.

Las dos sentencias, con las que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJA revoca las que inicialmente dictó el Juzgado número 5 de Zaragoza, establecen que los permisos de maternidad y de paternidad no son tanto un derecho de los padres a no asistir a su puesto de trabajo sino uno del niño a recibir los cuidados de estos en sus primeros meses de vida.

"La regulación de los permisos de paternidad y maternidad ha de ser interpretada a la luz del principio general del interés superior del menor que se integra en el núcleo familiar con el progenitor o progenitores que le prestan atención y cuidados parentales", señalan las sentencias, que apelan al derecho a la igualdad que reconocen la Constitución y acuerdos internacionales como el Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos.

Y, en este sentido, el tribunal dictamina que "el derecho de igualdad y la primacía del interés y protección de los hijos menores (...) impide que la atención, cuidado y desarrollo del menor de la familia monoparental sufra una merma respecto a aquellos otros menores de familias biparentales que van a recibir un distinto periodo de cuidado y atención directos de sus progenitores, siendo rechazable la discriminación del menor por su propia condición o por el estado civil o situación de su progenitor".

Las resoluciones, que recuerdan que "el interés superior del menor" incluye "la satisfacción de sus necesidades básicas, tanto materiales, físicas y educativas como emocionales y afectivas", añaden que denegar el disfrute de los dos permisos en las familias monoparentales "ocasiona una discriminación indirecta por razón de sexo", ya que "sitúa a determinadas personas, mayoritariamente mujeres que forman familia monoparental, en desventaja particular", algo para lo que no hay "justificación objetiva alguna" y menos cuando" estadísticamente la mayoría de los hogares monoparentales están formados por mujeres".

"Prima el derecho del menor a recibir esos cuidados"

Una magistrada había avalado inicialmente la negativa del Gobierno de Aragón a la acumulación de los permisos argumentando que el Estatuto Básico del Empleado Público no contempla explícitamente ni la ampliación del permiso de maternidad en los casos de familias monoparentales ni la posibilidad de trasladar el disfrute del permiso del progenitor a la madre biológica, que era la tesis defendida por la Administración.

"Lo que prima es el derecho del menor a recibir esos cuidados", explica Luis Bandrés, abogado y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Zaragoza que ha defendido a las madres con el apoyo del sindicato CGT, que incide en que no conceder esos permisos a las familias monoparentales "supone una discriminación para la mujer, ya que más del 80% de ella son femeninas".

Según los datos de la Encuesta de Hogares del INE (Instituto Nacional de Estadística), la figura del progenitor es femenina en el 81,3% de los hogares monoparentales españoles (1,58 millones de 1,94). La de Condiciones de Vida añade que casi dos de cada cinco de esas familias (38,4%) viven bajo el umbral de la pobreza, mientras que el riesgo de sufrirla amenaza a más de la mitad.

La negativa a conceder la acumulación de esos permisos, que sí se va extendiendo a base de sentencias en el empleo privado pero para que las sentencias del TSJA resultan pioneras entre las administraciones que no la tienen explícitamente reconocida en sus acuerdos laborales, "afecta también al mantenimiento de la mujer en el mercado de trabajo", plantea el letrado, ya que "en muchos casos se verá obligada a salir de él sin ningún tipo de cobertura, aunque sea de manera temporal mediante una excedencia, para hacerse cargo de los cuidados de su hijo".

"El reconocimiento del derecho nos llega dos años tarde"

"Está muy bien que se reconozca el derecho, pero a nosotros nos llega dos años tarde", explica Cristina, que critica cómo las administraciones "siguen sin tener en cuenta a las familias monoparentales. Al final solo piensan en el concepto más rancio de familia y en empresas que contratan mayoritariamente a hombres".

Cristina, funcionaria con plaza pero sin familiares en Zaragoza, llama la atención sobre las situaciones que esa falta de atención conllevan para las madres solas que se ganan a vida en el mercado laboral. "Nosotras, que somos madres por elección y tenemos un trabajo estable, somos en el fondo unas privilegiadas, y aun así la crianza es muy complicada", señala.

En su caso tampoco es que la Administración autonómica se lo pusiera fácil. A mediados de febrero del año pasado, cuando su hijo tenía apenas dos meses, fue hospitalizada por una neumonía bilateral de origen desconocido por la que estuvo hospitalizada ocho días, pasó otras seis semanas de baja y sufrió una serie de secuelas por las que no obtuvo el alta de Neurología hasta esta misma semana. Era la covid-19, aunque nadie parecía saberlo todavía.

"No sabían lo que tenía, me decían que se estaba muriendo gente. Mi hijo tenía dos meses, pero no me dejaron ingresar con él aunque tomaba pecho además de biberón. Es lo más grave que me ha pasado en la vida, explica. Su madre se hizo cargo del bebé de manera temporal.

Al salir del hospital, y pese a seguir de baja, la Consejería de Educación le denegó la suspensión de la licencia de maternidad. "Cuando me recuperé de la baja mi permiso había acabado", recuerda. Eso redujo el tiempo que pudo dedicar al niño, a lo que luego se sumó la negativa a acumular los permisos que ahora ha tumbado el TSJA.