Las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia van a ser escuchadas y reconocidas en un ámbito institucional. En un proyecto pionero, la mayoría política del Parlamento de Navarra dará los pasos necesarios para sacar adelante la primera ley de todo el Estado que reconoce estos casos y se compromete a abrir cauces de justicia y reparación para quienes sufrieron ese horror. 

La proposición de ley que ha sido registrada en la Cámara foral subraya expresamente que se garantizará el "reconocimiento de las víctimas de ataques contra la integridad física, su indemnidad o su libertad sexual en el seno, bajo el amparo o con ocasión de actividades realizadas por la Iglesia Católica en Navarra con el fin de reconocer el daño causado, promover su reconocimiento individual y colectivo y contribuir a la difusión del respeto a los derechos humanos y a la convivencia democrática". 

Este paso ha estado precedido de otros. El documento recuerda que en octubre de 2019 cinco integrantes de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales de Navarra acudieron al Parlamento, "donde dieron cuenta de sus testimonios en una sesión a puerta cerrada". Un mes más tarde, a petición de las personas afectadas, la Cámara "hizo públicos sus testimonios".

En febrero pasado, el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno foral, Eduardo Santos, el investigador de la Universidad Pública de Navarra Mikel Lizarraga Rada y Mariví Martinikorena, víctima de abusos sexuales en un colegio religioso en los años sesenta, presentaron un informe en el que lograron identificar 59 casos de víctimas de este tipo de abusos.

La nueva ley, que inicia ahora su tramitación y previsiblemente será aprobada antes del receso veraniego, apela así a "un auténtico derecho a la memoria que supone validar, socializar y resignificar esos hechos, la realidad de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica".

El texto habla de asumir la "responsabilidad política, institucional y social" ante estos abusos, por lo que se propone combatir la "apología del olvido, la amnesia social, las equidistancias, los encubrimientos y las diversas formas de revisionismo y negacionismo mediante las que se han justificado y negado estas actuaciones", así como luchar "contra las actitudes de indiferencia y las exhibiciones de relativismo frente a la revictimización de quienes las han padecido".

"Se trata de incorporar en la memoria colectiva de la sociedad la existencia de casos de abusos sexuales a menores cometidos por miembros de la Iglesia Católica, unos sucesos que hasta épocas muy recientes habían permanecido ocultos e ignorados por la mayoría de la sociedad", subraya.

"De esta forma, los victimarios han buscado institucionalizar en la historia su versión de los hechos, quedando depositada en la memoria colectiva e instalada en la cotidianidad de la sociedad mediante el olvido forzado que ahora se combate activamente desde las instituciones", remarca.

El documento plantea la creación de una comisión que escuchará a las víctimas y avanzará hacia el reconocimiento institucional de todas ellas "por haber sufrido ataques a su integridad física, su indemnidad o su libertad sexual en el ámbito de la Iglesia Católica de Navarra".

"Este colectivo de víctimas será protegido considerando el dato de la prescripción, dado que hace falta dar cobertura a los casos que, por haber prescrito, no han encontrado merecido reconocimiento ni reparación, evitando interferir en los asuntos que todavía pueden ser planteados ante los tribunales de justicia", explica. 

Representantes de la Iglesia

La comisión contará con una representante de la Oficina de Asistencia a Víctimas del Gobierno de Navarra, que actuará como Secretaria. Habrá también "cuatro personas con experiencia en materia de víctimas, entre las que estarán necesariamente presentes personas con competencia profesional en áreas de conocimiento histórico, jurídico y psicológico". De estas cuatro personas, dos serán nombradas a propuesta del titular del Departamento de Justicia de Gobierno foral y otras dos a iniciativa del Parlamento.

Asimismo, la comisión tendrá entre sus miembros a "dos representantes a propuesta de la Iglesia Católica en Navarra, designados por el Arzobispado de Pamplona y Tudela" y "dos representantes a proposición de las asociaciones de víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la iglesia en Navarra constituidas con arreglo a la legislación vigente".

La Comisión de Reconocimiento elaborará cada año una memoria, en la que "dará cuenta de las solicitudes recibidas, los resultados de los trabajos realizados, la situación de los expedientes y las propuestas de resolución emitidas", lo cual "se incorporará a una memoria final" que se elaborará al término del mandato de la comisión, cuya duración se prevé de seis años. 

Actuaciones "punibles"

La vía de actuación planteada por esta ley alude a la "ausencia de finalidad punitiva", al tiempo que "respeta con plena garantía los deberes y obligaciones de abstención, concurrencia y sujeción a los pronunciamientos judiciales".

No obstante, "cuando la Comisión de Reconocimiento considere que del inicio del expediente pudiera desprenderse alguna actuación punible, lo comunicará a los órganos judiciales y lo pondrá en conocimiento de la administración competente absteniéndose de continuar con el procedimiento hasta su resolución definitiva".

Apoyo a las asociaciones

Del mismo modo, el Gobierno de Navarra se compromete a adoptar "medidas de apoyo a los colectivos representativos de las víctimas de abusos que incluirán, entre otras, las de asesoramiento directo, subvenciones e intermediación con entidades públicas y privadas".

Se fomentará además "la concesión de ayudas para el desarrollo de la actividad de las asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin ánimo de lucro, cuyo objeto principal sea la representación y defensa de los intereses de las víctimas". "Especialmente, se concederán subvenciones para programas asistenciales, programas de memoria y sensibilización social y proyectos de investigación sobre las víctimas y sus derechos", remarca.