Raquel Tenías fue acusada de atentado a la autoridad y desórdenes públicos durante las Marchas de la Dignidad de 2014. La Fiscalía pidió cuatro años de prisión. Fue absuelta por la Justicia. Los 8 de Airbus fueron acusados, entre otras cosas, de un delito de atentado a la autoridad. La Fiscalía pidió ocho años de prisión para cada uno. Fueron absueltos. Juan Carlos Asenjo fue acusado de golpear a un agente de Policía. El Ministerio Público pidió dos años de prisión. El juez señaló que lo único que se puede acreditar es que el policía agredió a Asenjo. Jorge Verstrynge fue denunciado por agredir a un policía durante la protesta republicana en el día de la Coronación del Rey. Fue absuelto. Imágenes desde cinco ángulos demostraron que el ex diputado del PP no agredió a nadie. 

Son cuatro casos recientes. Y tienen varias cosas en común. En primer lugar, que todos los investigados estaban acusados de delitos contra la autoridad. En segundo lugar, que la principal prueba incriminatoria era el atestado policial hecho suyo, a pies juntillas, por el Ministerio Público. En tercer lugar que la sentencia judicial pone en serios compromisos los atestados y declaraciones policiales, tal y como se puede comprobar en la información Contradicciones e inconsistencias policiales que casi acaban con inocentes en prisión. En cuarto y último lugar, tienen en común que en todos los casos hay indicios suficientes para que los jueces hubiesen abierto nuevas piezas que investiguen si los agentes habían incurrido en falso testimonio y/o falsedad documental, pero en ninguno de los casos se hizo. 

El caso de Jorge Vestrynge es paradigmático. El escrito de acusación del Fiscal, basado en el atestado policial, describe cómo el ex diputado del Partido Popular "propinó un fuerte empujón" a un agente durante la concentración republicana provocando la caída del policía y una lesión en su mano. El fiscal pedía dos años y medio de cárcel. La sentencia judicial, sin embargo, señala que las imágenes de televisión demuestran "casi con toda seguridad" que Verstynge no empuja a ningún agente". "El grado de certeza es muy elevado", asegura el juez. No es para menos. Había imágenes de hasta cinco ángulos diferentes en los que no se veía ningún empujón. 

El abogado de Verstrynge, Endika Zulueta, pidió al juez que abriera una pieza aparte para investigar si el agente policial había mentido en su atestado. El juez, que había señalado que la versión del policía "no está en modo alguno acreditada" y que "casi con toda seguridad" no se agredió al agente, rechazó la petición de abrir una causa que investigara la versión policial. Por lo tanto, ese mismo policía, del que hay indicios suficientes para abrir una causa para saber si ha falseado el atestado seguirá acudiendo a manifestaciones a 'velar por la seguridad de los ciudadanos'. Verstrynge se libró de ir a prisión por las imágenes de televisión. Sin embargo, no siempre existen y más con una Ley Mordaza que restringe mucho la posibilidad de grabar a los agentes. 

Policía a caballo en el dispositivo de seguridad dispuestos frente a la manifestación 'Rodea el Congreso' en septiembre de 2012. J.A.B.

Los casos que recoge Público no son casos aislados. Y, obviamente, tampoco se puede generalizar. "Este tipo de casos son una minoría, pero una minoría representativa", incide Zulueta. "Hay muchos atestados inflados. Muchas lesiones infladas. Pero esto no es de ahora. Esto lo conozco desde que soy abogado solo que ahora hay casos más mediáticos. La experiencia nos hace ver que se está deteniendo a mucha gente sin indicios suficientes de que sean los autores de los hechos de los que se les acusa. Después en algunos juicios se puede demostrar que las pruebas son endebles o inexistentes y los acusados son absueltos, pero ya han pasado por la tortura de vivir un proceso judicial en el que se pedían penas de prisión muy altas. Además, la depuración de responsabilidades es prácticamente inexistente", denuncia Zulueta.

Sin embargo, en estos casos la pericia judicial, la gravedad de las penas y la presión mediática han hecho que los jueces presten una más que especial atención a contrastar las versiones de los policías. Sin embargo, no siempre se dan estas condiciones ni el juez tiene suficientes elementos para poder comprobar la versión de los acusados.

El elevado número de sentencia condenatorias por delitos contra el orden público, es decir, por atentado y/o resistencia a la autoridad, refleja que estamos ante un problema que hay que tratar. 

Sólo en el año 2014 las sentencias condenatorias por delitos contra el orden público ascendieron a 13.475. Esto supone que este tipo de delitos se sitúan en el quinto lugar, sólo por debajo de los delitos contra la seguridad vial (96.698), las lesiones (34.136), los robos (30.815) y los quebrantamientos de condena (14.180). Llama la atención sobremanera que las sentencias por delitos contra el orden público superen las de delitos tan comunes como el tráfico de drogas (12.581), los hurtos (11.606), las estafas (9.166) o las falsedades documentales (7.017).

"No es posible conocer cuántos de los procesos judiciales por delito de atentado o resistencia a agente de la autoridad tiene su origen en la efectiva comisión de estos delitos, y cuántos son consecuencia del ocultamiento de una previa actuación policial irregular, pero si entre las funciones de la policía está la prevención del delito, y resulta que los delitos de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad ocupan un lugar tan relevante en las estadísticas judiciales, lo que sí parece es que, en tales términos, la policía no es parte de la solución, sino del problema", señala Jaime Montero, de la Asociación libre de Abogadas y Abogados. 

Disturbios tras las Marchas de la Dignidad 2014.- EFE

El meollo del asunto -establece Montero-, es que los agentes de policía en los presuntos delitos de resistencia o atentado dejan de ser testigos ajenos a los hechos sobre los que tienen que dar parte ante la Justicia para convertirse en un sujeto implicado en los mismos. Es decir, en los presuntos delitos de atentado a la autoridad se corre el riesgo de que la versión que ofrece el policía pueda tratar de justificar su propia actuación, irregular o no, por lo que el juez no debería darle más importancia que a la del acusado. 

En este sentido, Montero ejemplifica las declaraciones habituales de las partes tras un conflicto entre ciudadano y policía. Por una parte -dice Montero- el ciudadano señalará que el agente abusó de su autoridad, por ejemplo, con una multa injusta, por lo que respondió airadamente y el policía lo detuvo (de manera ilegal) por lo que se resistió y en ese forcejeo ambos implicados sufrieron lesiones por culpa de la actuación irregular del agente. El policía, sin embargo, señalará que el ciudadano le había provocado con expresiones como "policía asesina", se había negado a identificarse e incluso se había abalanzado sobre él, por lo que tuvo que responde con la "fuerza mínima imprescindible".

Asimismo, el abogado Eric Sanz de Bremond también añade como situación típica las detenciones que se producen en el marco de manifestaciones tras cargas policiales (previa provocación o no) y disturbios. En estos casos, señala Sanz de Bremond, la experiencia muestra que se producen detenciones arbitrarias o que la policía detiene a la persona que menos corre de un grupo numeroso o, incluso, al que tiene la mala suerte de pasar por el lugar erróneo en el momento menos adecuado. Sirva de ejemplo la larga lista de detenidos en el primer aniversario del 15-M que ni siquiera había pisado una asamblea de Sol que recogió el periodista Juan Luis Sánchez. Cabe destacar que esa misma alegación (que fueron detenidos por estar en el lugar equivocado) ha sido la alegación de los jóvenes detenidos en la manifestación del 'pensionazo' de 2011 y que fueron juzgados recientemente o de los detenidos en el Gamonal. 

También nos sirve el caso de Raquel Tenías, que fue detenida durante las Marchas de la Dignidad de 2014 mientras regresaba a su autobús para emprender el camino de vuelta a Aragón. La Fiscalía pidió para ella cuatro años de prisión basándose en las versiones policiales. El juez, sin embargo, reflejó en su sentencia que existía "base para suponer que la carga policial fue indiscrimada" y que "la declaración de los agentes"no ofrecía "las garantías de consistencia y fiabilidad necesarias". Tenías fue absuelta, pero si el juez hubiese hecho caso, como puede suceder, a las versiones policiales ahora mismo habría una inocente en prisión. 

El abogado Eric Sanz de Bremond incide en que estamos ante un "problemas más que evidente": "La realidad es que se está deteniendo de una manera arbitraria". El letrado, como el resto de abogados consultados en este reportaje, considera que "no se puede generalizar" pero que tampoco se puede obviar que hay atestados policiales que la experiencia y los procedimientos judiciales han demostrado que "faltan a la verdad". 

Raquel Tenías, activista y militante de Izquierda Unida y Zaragoza en Común (ZeC), acompañada por el alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, el día de su juicio en el juzgado de lo Penal número 13 de Madrid.EFE

En este sentido, Sanz de Bremond lamenta que en los casos en los que hay indicios que muestran que la versión policial puede faltar a la verdad, los jueces y fiscales no se atreven a dar el paso de abrir piezas judiciales separadas que investiguen estos extremos. El abogado recalca que con que solo unos pocos magistrados comenzaran a abrir este tipo de causas serviría de estímulo y advertencia para que ningún agente de policía se atreviera a "exagerar o atribuir arbitrariamente cargos a detenidos en manifestaciones". 

Asimismo, el jurista advierte de que para tratar de evitar este fenómeno es necesaria la colaboración de los jueces de instrucción, ue podrían hacer mucho más para evitar este tipo de situaciones. "Desde mi punto de vista falla que el juez de instrucción haga una investigación efectiva de los hechos y no tome los atestados como verdades universales", asegura Sanz de Bremond, que suma a la lista, como ya se ha señalado, el escaso número de ocasiones en el que se abre una pieza paralela para dilucidar si la versión policial ha faltado a la verdad. "La realidad es que hoy por hoy esto sale gratis. No hay mayores consecuencias y eso genera una cultura de la impunidad muy peligrosa". 

La necesidad de confiar en la Policía

Hasta el momento, la fórmula más usada por los jueces en este tipo de situaciones es aplicar el principio jurídico del In dubio pro reo. Es decir, optan por reflejar en su sentencia que la acusación no puede ser probada por lo que determinan la absolución del acusado por su presunción de inocencia. Sin embargo, hay casos como el Verstrynge o el de Juan Carlos Asenjo, portavoz de los trabajadores de la embotelladora de Coca-Cola en Madrid [LEER AQUÍ], en el que hay indicios para pensar que los policías podrían haber falseado su testimonio. En este tipo de casos, sin embargo, prácticamente nunca se investiga si el policía ha mentido o no. 

"Hay muchos casos en los que el juez mira para otro lado y eso permite la impunidad", prosigue la abogada Isabel Elbal, que pide "más valentía a jueces y fiscales" para solucionar este tipo de situaciones que aunque no supongan un problema generalizado sí que afectan a derechos fundamentales de ciudadanos. 

En este sentido, la abogada Isabel Elbal también resalta la gravedad de que en una sociedad democrática los ciudadanos puedan sentirse en el punto de mira de los policías simplemente por el hecho de acudir a manifestaciones: "Cuando se producen detenciones arbitrarias con imputación de delitos se está vulnerando el principio de seguridad jurídica".

"Todos los ciudadanos tenemos derecho a saber lo que está permitido hacer y lo que no. Cuando se producen situaciones de detenciones arbitrarias con imputación de cargos ocurre que los ciudadanos no pueden saber lo que está permitido hacer y lo que no y eso es base en un Estado de derecho. Cuando la Policía realiza detenciones arbitrarias, como representantes del monopolio de la violencia del Estado, están rompiendo el marco del Estado del derecho acercándose peligrosamente al de un Estado autoritario", señala Elbal, que apunta que otra de las consecuencias es que se lanza el mensaje a la ciudadanía de que acudir a las protestas es "peligroso", así como la creación de un espacio de impunidad para los excesos policiales.   

No obstante, aunque la principal víctima es el ciudadano, este problema también afecta de lleno al estamento policial ya que está en juego su credibilidad y prestigio ante los ciudadanos. "En la policía hay muy pocas ovejas negras, el problema es que si no se depuran las responsabilidades parece que el cuerpo está lleno de ovejas negras. Los policías deben ser los principales interesados en que se depuren este tipo de situaciones", añade Zulueta.

Así, Sanz de Bremond también denuncia que otra de las consecuencias de este problema es que genera falta de confianza y credibilidad en una institución como la Policía, encargada de velar por la protección de los derechos de los ciudadanos.

Un estamento en el punto de mira

No cabe olvidar tampoco que hablamos de un estamento, el policial, que ya está en el punto de vista ciudadano por la escasa depuración de responsabilidades. Y es que en este punto llueve sobre mojado. 

Resulta muy difícil de explicar que solo entre el año 2008 y 2013 un total de 6.903 agentes de la Policía y de la Guardia Civil se han visto implicados en presuntos casos de malos tratos y torturas a detenidos, mientras que las condenas firmes contra agentes se quedan en 47. En este sentido, organismos internacionales como el Comité contra la Tortura o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han recriminado a España no investigar suficientemente estas denuncias.

Asimismo, ONG's como Amnistía Internacional han denunciado que si bien no se puede hablar de torturas sistemáticas en España, los malos tratos policiales son "más que casos aislados" una realidad "infravigilada" en la que los agentes gozan de una "gran impunidad".

El abogado Zulueta nos recuerda que en España es más que habitual que la Justicia tenga dos varas de medir: "No sólo en el caso de los policías, sino en general. Cuando se enjuicia a alguien que pertenece a las estructuras del Estado se trata de una forma diferente que cuando se juzga a alguien que es considerado ajeno o directamente un disidente, es decir, una persona que está en una protesta que ponen en cuestión el orden socio económico establecido".