El Parlamento Europeo enviará una misión de investigación a Doñana

La Comisión de Peticiones de la Eurocámara ha decidido enviar una misión para evaluar los riesgos que los proyectos de extracción, almacenamiento y transporte de gas suponen para el parque natural de Doñana, a petición de la delegación de IU y a pesar del voto en contra de los populares europeos. Solo desde 2009, el Parlamento Europeo ha recibido al menos cuatro peticiones relativas a este asunto que hoy por fin examina.

En 2016, tras años de negociaciones, Gas Natural Fenosa puso finalmente en marcha su proyecto para convertir terrenos aledaños al parque natural de Doñana en un enorme depósito de gas. El proyecto, avalado por el gobierno español, ha sido duramente criticado por organizaciones ecologistas. Estas alertan del riesgo sísmico que el almacenamiento de gas en la zona implica y entienden además que las instalaciones ponen en riesgo el mayor humedal de Europa, que pertenece a la red europea Natura 2000 y es por tanto un espacio protegido.

Los peticionarios que hoy presentarán que han presentado su caso ante la comisión del Parlamento, alegan que este proyecto vulnera la legislación ambiental de la UE. Aseguran que la autorización por parte de las autoridades públicas de proyectos que implican la extracción, el almacenamiento y el transporte de gas natural en la zona, “sería incompatible con la legislación de la Unión Europea y con otros convenios internacionales en vigor”. Denuncian además que estas prácticas alrededor del parque natural de Doñana “causan graves perjuicios” en la zona y “generan aguas residuales que se vierten sin tratar al mar”, lo que incumple la Directiva relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación.

“¿Es Doñana, Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera, el lugar adecuado para almacenar hasta 860 millones de metros cúbicos de gas?”, se ha preguntado Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía durante su intervención en la Comisión de Peticiones. “A esta pregunta que se hacen los ciudadanos ya han dado respuesta organismos oficiales y científicos, que avalan, de manera contundente, las tesis que hemos defendido reiteradamente: que no han sido evaluados de manera concluyente los riesgos sísmicos del proyecto, ni los impactos sobre el acuífero ni la idoneidad de su ubicación”, ha subrayado Maillo.

El coordinador de IU en Andalucía ha pedido a la Comisión que llame al gobierno a paralizar, en base al principio de precaución, suspender la ejecución del proyecto Marismas Occidental; exige una evaluación conjunta del impacto ambiental del proyecto, que ha sido fragmentado y una misión de investigación que de hecho, la Comisión ha aprobado. La misión tendrá lugar en el segundo semestre de este mismo año. La Comisión de Peticiones enviará además una carta Isabel García Tejerina, ministra de Medioambiente.

La Comisión admite tener una investigación abierta

“La Comisión comparte la preocupación por la salvaguarda de Doñana”, ha asegurado el representante de la institución ante la Comisión de Peticiones del Parlamento. El ejecutivo europeo reconoce que el proyecto vulnera la legislación europea en varios aspectos, en particular la directiva Hábitat y la directiva Agua, y por tanto ha lanzado una investigación de oficio al respecto.

Respecto a que las evaluaciones del impacto ambiental se hayan realizado en relación al proyecto fragmentado y no en su totalidad, la Comisión considera que esto no vulnera el marco regulatorio europeo, siempre y cuando se tengan en cuenta los efectos cumulativos.

La Comisión es consciente de que tanto la calidad como la metodología han sido criticados pero considera que el mecanismo más adecuado para presentar reclamaciones al respecto es el previsto en la propia directiva: acudir a los órganos judiciales de los Estados miembros. Dado que existe un recurso contencioso administativo de la Junta de Andalucía la Comisión se abstiene de realizar “investigaciones paralelas”.

Eurodiputados piden a la Comisión que intervenga

Eurodiputados socialistas, verdes y de la izquierda han criticado con dureza la intervención de la Comisión Europea pues consideran que, si la institución ha identificado una vulneración de la legislación de la UE en materia medioambiental, debe pedir la paralización del proyecto.

Soledad Cabezón, eurodiputada socialista, se ha mostrado sorprendida ante las palabras de la Comisión y pide al ejecutivo que “mande una carta diciendo lo que ha dicho aquí” y pida al gobierno español la paralización del gaseoducto”.

Tanto Ana Miranda (BNG) como Florent Marcellesi (EQUO) coinciden en la petición a la Comisión para que intervenga. “Habéis abierto una infracción, tenéis una investigación de oficio y nos decís que vayamos a los tribunales”, ha criticado Marcellesi. “Deje de dar excusas, lo que tiene que hacer es paralizar este proyecto y exigir que se cumplan las normas”, ha apuntado Miranda.

La única intervención por parte del Partido Popular ha venido por parte del eurodiputado Carlos Iturgáiz que ha defendido el trabajo del ministerio de Medioambiente en la evaluación medioambiental y ha asegurado que el gobierno no defiende los intereses de las empresas, en referencia a Gas Natural Fenosa, sino que “siempre mira por el interés general”.

El Grupo Popular Europeo es el único que se ha opuesto a una misión de investigación apoyada por el resto de grupos políticos, para evaluar los riesgos que el proyecto de extracción, almacenamiento y transporte de gas pueden tener para el parque natural de Doñana.

Antonio Maillo ha valorado positivamente la decisión de la Comisión de Peticiones de aprobar una visita además del apoyo del Partido Socialista, Podemos o Equo, para paralizar “esta aberración” que es el proyecto.