Todos los grupos parlamentarios quieren que el futuro pacto de Estado contra la violencia machista impida las visitas de los agresores a sus hijos, según ha avanzado hoy la portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.

"En el marco de las negociaciones del pacto contra la violencia de género ha existido unanimidad respecto a la necesidad de legislar para evitar incluso las visitas de los padres violentos con los menores", ha dicho la diputada en declaraciones en el Congreso, donde ha subrayado que habrá que ver cómo se plasma en el acuerdo.

Esta han sido explicaciones de la portavoz socialista sobre la proposición no de ley que ha registrado en el Congreso para pedir un estudio sobre el impacto en los menores de la custodia compartida impuesta, que recientemente se aprobó a instancias de Ciudadanos. 

Según la diputada, antes de "lanzarse a legislar" sobre la custodia compartida es preferente que se conozcan esas consecuencias ante los resultados "desiguales y en algunos casos no muy buenos" que esta medida está teniendo en algunas comunidades autónomas. Insiste en la necesidad de que los jueces solo intervengan en aquellos casos en los que exista conflicto para "dejar a las partes que negocien el modelo de custodia cuando se realiza de mutuo acuerdo, que son la mayoría de los casos de divorcio de este país". 

En estos casos, el PSOE apuesta por que sean los padres "quienes negocien cuál es el modelo de custodia y de relación con sus hijos. "No nos parece razonable que sea un tercero que no conoce las circunstancias al detalle de ese grupo familiar el que diga cómo tiene que establecer su relación", ha enfatizado.

Mientras que, "en los casos de violencia de género no cabe ningún tipo de custodia compartida" aclara la socialista, añadiendo que cuando no existan un acuerdo, "es conveniente que se tengan en consideración algunos parámetros".  Sin tener conocimiento de esos parámetros, “es muy poco oportuno tratar de ir a una legislación que lo que hace es poner en manos de los jueces la decisión de cómo tiene que ser la convivencia entre los ex cónyuges y sus hijos”, ha insistido Álvarez.

En el texto, recuerda que la implantación del régimen de custodia compartida ha pasado del 10,5 % en 2011 al 24,7 % en 2016, pero los juzgados de familia no hacen ningún tipo de seguimiento de sus consecuencias en los menores.

De ahí la petición para que el Congreso, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía elaboren este documento ante los resultados "desiguales y no muy buenos en algunos casos".