Orgullo 2019El movimiento LGTBI exige una ley estatal que blinde derechos ante el auge de la derecha

La celebración del día del orgullo este 28 de junio, se ha convertido en uno de los actos más reivindicativos de los últimos años. El auge de la ultraderecha y la negociación de diversos gobiernos locales clave, han desatado una guerra de declaraciones, presiones políticas y gestos simbólicos que hacen augurar una dura lucha política por avanzar en los derechos de las personas LGTBI o para no retroceder en los que ya han sido conquistados. 

Esta semana las tensiones de los grupos políticos para formar el gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto los derechos LGTBI en el punto de mira. El órdago de Vox a no apoyar un gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en la capital estuvo directamente ligado a la marcha atrás en los derechos conseguidos a lo largo de los últimos años para este colectivo. Vox exigió a los grupos de la derecha un "programa único común", así como la derogación de varios artículos de la ley LGTBI.

El nuevo alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, que accedió al consistorio con los votos de la ultraderecha, cedió a las presiones de Vox de poner una gran bandera de España en el palacio de Cibeles, cosa que hizo tan sólo un día antes de la celebración del 28 de junio. La bandera arcoíris será finalmente colgada de la sede de este ayuntamiento, pero en una posición lateral, menos prominente. Diversos colectivos que defienden los derechos de las personas LGTBI han anunciado que no acudirán al despliegue de esa bandera.

Ante de la guerra de las banderas, el Ayuntamiento de la capital ya había censurado la campaña prevista para este año, al anular de los carteles en las calles madrileñas toda referencia al legado de los mayores que han peleado por los derechos del colectivo.

Madrid no es, ni mucho menos, el único ejemplo en el que los derechos de este colectivo se están utilizando como moneda de cambio político. En Murcia, donde el Partido Popular y Ciudadanos necesitan los votos de Vox para formar gobierno, la exigencia de la ultraderecha para dar su apoyo pasa por la derogación total de la ley de igualdad LGTBI.

En Valencia, incluso con un gobierno formado por partidos de izquierda, Vox ha sido capaz de frenar una declaración institucional en la que los partidos acordaban su compromiso "para sacar adelante de forma proactiva las medidas necesarias para garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación a todas las personas". Este tipo de declaraciones necesita el apoyo de todas las fuerzas políticas, cosa que se vio truncada por la negativa de los diez representantes de la ultraderecha en la Comunitat a firmar dicho documento. Andalucía, donde desde hace meses gobierna la derecha, es para este colectivo un ejemplo de lo que está ocurriendo o lo que puede llegar a ocurrir con los derechos y la diversidad.

Ante esta situación que se da en diversas provincias de España, la FELGTB ha anunciado que la manifestación del próximo 6 de julio en Madrid con motivo del Orgullo 2019, incorporará una segunda pancarta con el lema Ni un paso atrás para "evidenciar que no se va a permitir ningún tipo de retroceso en materia de derechos y libertades".

"No se trata de volver a las trincheras", ha afirmado Uge Sangil, presidenta de la Federación a Público. "A trincheras nunca vamos a volver porque estamos de frente y no vamos a permitir que los derechos ganados se nos ninguneen. Pero sí es verdad que con los pacto entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox por mantener su parcela de poder, estos partidos que son cómplices de las voces que van contra este colectivo, también sean cómplices de revisiones de leyes y de quitar derechos que ya están en esas leyes de Madrid y de otros sitios de España.

"La bandera más que un símbolo representa el camino hacia el arcoíris, hacia la igualdad, hacia el respeto, y no puede ser que se manipule el uso de este símbolo que representa la diversidad, en aras de limpiarse las caras y que no haya compromisos reales en cuanto a los derechos de las personas LGTBI. No vale todo", añade Sangil.

Una ley estatal, principal reivindicación

Las celebraciones del Orgullo, que comienzan este viernes y que culminarán el próximo 6 de julio con las marchas en diversas ciudades, tienen como foco el rendir homenaje a las revueltas de Stonewall de hace 50 años en Estados Unidos y a los primeros luchadores por los derechos LGTBI en nuestro país. Sin embargo, tal como reconocen desde diversas organizaciones, la reivindicación principal será la aprobación urgente de una ley de igualdad LGTBI estatal que blinde derechos.

"Este año hablamos de mayores sin armarios, de lucha, memoria, historia, pero nuestra mayor reivindicación es que se apruebe una ley de igualdad LGTBI que nos blinde ante todos estos discursos de homofobia, bifobia y transfobia", afirma Sangil.

Para esta activista, esto garantizaría los derechos clave de todas las personas LGTBI independientemente del lugar de España en el que vivan y que no se puedan rebajar derechos cada vez que las diversas fuerzas políticas se disputen la gobernanza de un territorio. La falta de una ley estatal ha obligado a las diversas comunidades autónomas y entes locales a aprobar sus propias medidas de igualdad para este colectivo, o incluso a no aprobar ninguna.

"La falta de una norma común ha provocado que distintas comunidades hayan aprobado leyes con diversos sesgos. No es lo mismo vivir en Canarias o en Madrid o hacerlo en La Rioja, donde no hay ninguna ley. Esto supone que dependiendo de en qué comunidad vivas puedes tener unos derechos reconocidos o no. El espejo de lo que está ocurriendo o de lo que puede ocurrir lo tenemos en Andalucía, donde la derecha lleva ya meses gobernando", concluye Sangil.