El Musel está cerca de abrir. La planta regasificadora de GNL, asentada en el puerto de Gijón, ya tiene la autorización favorable del Ministerio de Transición Ecológica y, tras un periplo administrativo y judicial de más de 15 años, podría empezar a operar en los próximos meses y aportar anualmente 8.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado al suministro europeo.

La decisión es polémica por la propia cronología del complejo gasista, pues ya recibió en el pasado sentencias judiciales contrarias a su apertura, pero también por el contexto de transición energética actual. El gas es uno de los combustibles fósiles que más ha contribuido –y contribuye– al calentamiento acelerado del planeta y apostar por ello choca de manera frontal contra los planes de descarbonización de España y Europa.

"No tiene ningún sentido", dice Paco Ramos, portavoz de la red Gas no es solución, una plataforma de la que forman parte Ecologistas en Acción, Greenpeace, la Fundación Renovables y más de una decena de asociaciones y organizaciones con mirada conservacionista. "Hay muchas razones para decir que no: razones ambientales, razones de seguridad, razones económicas...", arguye.

El Gobierno entiende que la puesta en marcha de este complejo es algo necesario por la coyuntura de crisis. La transición energética ha quedado a un lado tras el estallido de la guerra en Ucrania y la prioridad es impulsar una política que elimine la incertidumbre y la volatilidad de las cadenas de suministro. De hecho, la autorización a la planta de El Musel se justifica, entre otras cosas, por "su contribución a la seguridad de suministro tanto nacional como europeo", según la resolución publicada por el ministerio de Teresa Ribera el pasado viernes. 

Desde Enagás se ha informado de que la planta ofrecerá sólo unos servicios logísticos determinados que se enmarcan dentro del Plan + Seguridad Energética del Gobierno de España. De esta forma, servirá para operaciones de descarga, almacenamiento y carga de GNL en buques metaneros españoles o europeos. 

Sin embargo, para los colectivos ecologistas la necesidad de asegurar el suministro carece de sentido. "El almacenamiento de gas subterráneo terminó al 90% a finales de año y ese objetivo se pudo cumplir sin que esta planta estuviera operativa. Se vende como solución al problema energético de Europa tras la guerra, pero no tiene sentido porque los países del entorno ya han actuado y tienen sus propias infraestructuras", dice Ramos.

Lo cierto es que Alemania ya dispone de dos regasificadoras flotantes que le permitirán incrementar el almacenamiento de gas y espera tener otras dos instalaciones operativas en sus puertos en los próximos meses, tal y como informaba El Periódico de la Energía. También han actuado en la misma dirección los Países Bajos, que esperan ampliar la capacidad de almacenamiento de la planta de Rotterdam, además de construir una nueva regasificadora flotante cerca del puerto de Eemshaven.  "No estamos en la situación de hace un año. Los países ya han impulsado su propia respuesta para no depender de Rusia y no tener que esperar a que España aumente su capacidad. El gas ya puede llegar a Europa sin pasar por España, así que no tiene sentido", considera Ramos.

Transición Ecológica, no obstante, además de apoyar su decisión en el principio de solidaridad europeo, justifica su decisión en la necesidad de disminuir la congestión existente en otras regasificadoras del país, y pone de ejemplo la central de GNL de Mugardos, en A Coruña. 

Una planta que fue declarada ilegal

Más allá del debate sobre su idoneidad o no, los colectivos ecologistas consideran que el historial de la planta es razón suficiente para no dar luz verde su apertura. En 2012 el Gobierno hibernó la central al poco tiempo de ser construida, ya que la Comisión Nacional de la Energía emitió ese año un informe donde pedía retrasar temporalmente la puesta en marcha del complejo por el exceso de capacidad de la red de gas española. En paralelo, los colectivos vecinales de Gijón y las organizaciones ecologistas habían iniciado un proceso judicial y alegaban que la planta contaba con una planificación irregular al ubicarse a menos de 2.000 metros de zonas pobladas. 

En 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a las organizaciones sociales y declaró ilegal el complejo. Una decisión que fue ratificada tres años después por los tribunales y que alejaba la apertura del complejo.

La sensación de victoria del ecologismo asturiano no duró mucho. En 2019 la polémica se reabrió cuando Enagás presentó un nuevo estudio de impacto ambiental (EIA) que sirvió para reanudar un proyecto que parecía inviable. En 2022, cuando la guerra en Ucrania hizo saltar por los aires el sistema energético europeo, la compañía presentó una solicitud para convertir El Musel en un centro logístico internacional con el que almacenar GNL comprado por otros países de Europa muy dependientes del suministro ruso. Esta idea es la clave de todo, pues las instalaciones ya no operarán para la red de gas española como ocurría en el proyecto inicial, sino que lo harán para dar cobertura a la emergencia europea derivada de la guerra. 

Este discurso ha sido respaldado públicamente por el presidente del Gobierno y por la vicepresidenta Ribera, que un año después ha aprobado formalmente la apertura del centro. Ahora sólo queda esperar a que el Área de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Asturias presente el acta de puesta en servicio y la regasificadora empezará a almacenar gas licuado y recibir metaneros de todas partes del mundo. 

Los conservacionistas no entienden que Transición Ecológica haya dado el visto bueno a este proyecto y sostienen que, pese a los cambios añadidos –ahora El Musel no funcionará para dar suministro a España, sino para ofrecer logística a contratos gasistas de Europa–, las instalaciones siguen siendo las mismas que fueron declaradas ilegales en 2013. Pese a ello, los colectivos ecologistas no se resignan y anuncian a Público que acudirán de nuevo a los tribunales para tratar de paralizar la puesta en marcha de una central que, a su juicio, es "innecesaria".

Costes económicos

Desde el punto de vista económico las dos posturas vuelven a enfrentarse. Según la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), ya asciende hasta los 289 millones de euros que España ha pagado desde su construcción en 2012. Un gasto que se divide entre los costes de retribución a la empresa adjudicataria, Enagás, y los costes de mantenimiento de la infraestructura.

Los ecologistas recuerdan que todavía no se ha amortizado la infraestructura y consideran que aún quedaría por retribuir 387 millones de coste de construcción. Sin embargo, la puesta en marcha se entiende también desde otros sectores como una oportunidad para retribuir esos costes de una forma más ágil.