El 32% de toda la energía que consuma Europa en 2030 deberá ser de origen renovable. Es el acuerdo final alcanzado en la madrugada de este jueves entre el Parlamento Europeo, la Comisión y los 28 Estados miembros, después de las prolongadas negociaciones para pactar una nueva política energética europea en la senda de una transición hacia una economía baja en carbono.

El punto de mayor conflicto entre los países era el del grado de ambición en la cuota de energías limpias a asumir por los países miembros. La propuesta de partida de los Gobiernos era un 27%, mientras que la de la Eurocámara era del 35%.

Finalmente, se ha optado por un punto intermedio, un 32% que, aunque supone una subida importante con respecto al actual uso de energías renovables en la UE (un 17%), no será suficiente para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero con los que se comprometió la Unión Europea en el marco del Acuerdo de París de 2015. Por eso, en el pacto alcanzado esta noche se ha incluido una cláusula por la que las tres partes se comprometen a revisar en 2023 ese porcentaje para, llegado el caso, aumentarlo. Las organizaciones ecologistas consideran,  no obstante, que la cuota de renovables debería ser de entre el 40 y el 45% para lograr los objetivos.

El acuerdo, en el que se lleva negociando año y medio, ha llegado después del cambio de postura tras los nuevos gobiernos en Italia y España. Nuestro país, que con el Gobierno del PP se había posicionado entre los que pedían porcentajes más bajos en la cuota de renovables, dio un giro de 180 grados en la última reunión el pasado lunes en Luxemburgo cuando la nueva ministra socialista Teresa Ribera comunicó que España apostaría por una cuota del 34%.

"Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía", ha dicho el comisario europeo de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.

Prohibido el impuesto al sol

Otro de los avances más importantes del acuerdo alcanzado este jueves se han realizado en materia de autoconsumo eléctrico, con iniciativas que liquidan por completo la política llevaba a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy durante los años anteriores.

En concreto, la UE ha prohibido a los Estados miembros la aplicación del conocido como 'impuesto al sol' — un canon que, en países como España, se cobra a los productores por consumir la energía que ellos mismos generan— al menos hasta 2026. A partir de esa fecha cada Estado podrá decidir en base a una serie de criterios que garanticen la sostenibilidad del sistema eléctrico.

Además, se introduce una vieja reivindicación de los pequeños productores, a quienes se les reconoce el derecho de recibir algún tipo de compensación económica por la electricidad que vierten a la red general y que las compañías venden a otros consumidores. En algunas regulaciones sobre autoconsumo en Europa ya se aplicaba este ‘balance neto’ con descuentos en la factura de la luz, pero en la polémica legislación española se obliga a quienes producen su propia electricidad a regalársela al sistema cuando esta no es consumida en el momento o no puede ser almacenada en algún sistema de batería.

"El acuerdo es decente pero agridulce. La muy buena noticia es que hemos matado el nefasto impuesto al sol", ha señalado el eurodiputado español de Equo Florent Marcellesi. “Es muy positivo que, gracias a la presión del Parlamento Europeo, hayamos conseguido que la ciudadanía europea, las cooperativas, las autoridades locales y pequeñas empresas se conviertan en agentes del cambio al poder producir, consumir y almacenar su propia energía renovable. El autoconsumo y las comunidades energéticas se ven reconocidas de forma adecuada y pueden jugar un papel central en la transición ecológica”, ha añadido.

El acuerdo incluye también otros pactos, como lograr un 15% de interconexiones eléctricas entre Estados miembros de la UE para 2030, o una tasa del 14% de energía renovable en el sector del transporte para 2030. En este ámbito, la negociación marca también la eliminación gradual del uso del aceite de palma como biodiésel, que deberá eliminarse definitivamente en 2030, una de las noticias mejor recibidas por parte de las organizaciones ecologistas, que han lamentado la falta de una mayor ambición en la lucha contra el cambio climático.

“Mientras otras regiones del mundo apuestan decididamente por un futuro renovables para sus ciudadanos, Europa sigue sin hacer los deberes. Si queremos dar señales de liderazgo climático a nivel global, hay que empezar por cambiar nuestra concepción sobre la energía”, ha lamentado Héctor de Prado, responsable de clima y energía de Amigos de la Tierra.

El Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de Europa no han sido capaces, en cambio, de consensuar una posición sobre la nueva directiva de Eficiencia energética para 2030, que se espera quede cerrada durante el mes de junio.