El último varapalo judicial sufrido por Marruecos, tras una sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, ha puesto de manifiesto que el Frente Polisario tiene la soberanía para decidir y administrar los recursos del Sáhara Occidental. La curia europea tumbaba así la semana pasada los acuerdos de pesca y agricultura que conectaban al régimen alauita de Mohamed VI con los países del viejo continente, al entender que se estaban comerciando de manera ilegal bienes que pertenecían al pueblo saharaui. Pero, ¿qué ocurre con otros recursos que siguen siendo expoliados por Marruecos y utilizados como palanca de colonización? 

Ese es el caso de las energías renovables. El Estado marroquí se ha sumado a la ola verde y está acelerando la transición energética hacia fuentes renovables. Sin embargo, sus políticas se entrelazan con sus planes de ocupación, tal y como revela un informe publicado esta semana por el Western Sahara Resource Watch (WSRW), en el que se constata que cerca de la mitad de la producción renovable que el régimen alauita ha proyectado se asienta en territorio ocupado del Sáhara Occidental. 

Para el año 2030, el 47% de la energía eólica generada por Marruecos vendrá de plantas asentadas en regiones saharauis. En el caso de la fotovoltaica, ese porcentaje se sitúa en el 32,6%, según los proyectos publicados y las plantas que ya funcionan. Este mismo mes de septiembre la compañía americana General Electric ha firmado un nuevo acuerdo con el país magrebí para ampliar la capacidad de producción de la planta eólica de Aftissat ubicada en zona ocupada, que ya está operativa con una capacidad de 200MW.

En El Aiún, región afectada por el expolio pesquero, ya están operando tres proyectos: CIMAR, una planta de energía eólica con una capacidad de 5MW que fue inaugurada en 2011; Foum El Oued, con una capacidad de 50MW que lleva funcionando desde 2013; y Noor Laayoune, un complejo fotovoltaico con una capacidad de 85MW que comenzó a operar en 2018. A ello, se suman los proyectos de energía eólica de Tiskrad (100MW) y Ghrad Jrad (75) que podrían estar operativas a partir del próximo año.

Además, en la región de Boujdour ya están operativas las plantas de Noor Boudjour (20MW de energía solar) y Aftissat (200MW de producción eólica que podrían ampliarse con una segunda planta). Este 2021, además, se ha empezado a construir en esta zona un nuevo complejo de molinos de viento con una capacidad de 300MW.

En Dakhla, una región marcada por el emporio del tomate que el propio monarca Mohamed VI ha desplegado en los últimos años, no hay todavía ninguna planta, pero se han planificado dos proyectos eólicos que suman 940MW: Herman Dakhla Wind, que empezaría a construirse en 2022, y Dahkla Desalination, que ocupará 5.000 hectáreas de molinos y producirá energía destinada a satisfacer la demanda de los agronegocios de la zona. Además, hay una planta fotovoltaica de unos 150MW de capacidad asentada en El Agroub que está pendiente de la aprobación de los estudios de impacto ambiental llevados a cabo en 2020.

Tras la mayoría de los centros de energía renovable hay capital internacional. Aparecen nombres de corporaciones españolas como Siemens Gamesa y otras compañías importantes en el sector como Enel (Italia), ACWA Power (Arabia Saudí) o ENGIE (Francia). El Western Sahara Resource Watch denuncia que ninguna de las empresas que se han involucrado en el desarrollo de las energías limpias han negociado con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo saharaui según los propios tribunales europeos.

Por su parte, los grupos empresariales alegan supuestas consultas con la población local y defienden que los proyectos traerán beneficios a los ciudadanos de la zona y generarán empleo. Esta postura es similar a la esgrimida por algunas de las sociedades empresariales involucradas en el expolio de recursos pesqueros y agrícolas. En 2016, Siemens Gamesa defendía sus proyectos en la zona ante las acusaciones del WSRW argumentando que las granjas eólicas son diferentes a otras actividades como la minería, que extrae recursos finitos y es irreversible. "El viento en el Sáhara Occidental, en cambio, es un recurso de energía renovable y la producción de los parques eólicos no los menoscaba de ninguna manera", decía la empresa española en una carta emitida a la organización. Con este argumento, según la visión de las empresas, las actividades ligadas a la transición verde quedarían excluidas del texto de la sentencia europea del pasado 29 de septiembre, que apunta directamente a los recursos del pueblo saharaui y al Frente Polisario como interlocutor.

No obstante, según el informe, las compañías energéticas también se acogen a otros argumentos defendidos anteriormente por el sector pesquero y agrícola, apuntando a la supuesta imposibilidad de no encontrar otro interlocutor en la zona que no sean las fuerzas de ocupación marroquíes. 

Pero más allá de las responsabilidades empresariales, destaca el papel que está jugando la energía verde para mejorar la imagen de Marruecos en el exterior. Concretamente, para convencer a la comunidad internacional de sus compromisos con la crisis climática, pues parte de los parques renovables que se asientan en estos territorios están incluidos dentro de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC), los compromisos que el país de Mohamed VI ya ha asumido para descarbonizar su economía y que han sido presentados ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). De hecho, este es uno de los puntos clave de la próxima Cumbre del Clima que se celebrará en noviembre en Glasgow.

La Cumbre del Clima no es sólo un evento de negociaciones internacionales, también es un escaparate global donde –además de activistas y representantes políticos– acuden numerosas empresas. En ese sentido, Western Sahara Resource Watch teme que el encuentro de Glasgow sirva al Estado marroquí para atraer nuevos inversores que apuesten por las energías renovables en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. La organización pide a la UNFCCC que tenga en cuenta que Marruecos está apoyando su descarbonización en la colonización ilegal del Sáhara y reclama, además, que Europa actúe para impedir que sus empresas sigan operando en el territorio sin contar con el consentimiento del Frente Polisario.