Mandan a juicio a los seis policías que entraron por la fuerza en un piso del barrio de Salamanca durante la pandemia

El 21 de marzo de 2021, seis agentes entraron por la fuerza y sin autorización judicial en un domicilio donde se estaba celebrando una fiesta, un evento que por entonces estaba prohibido debido a las restricciones de la covid-19. Más de un año después, un juzgado de Madrid ha decretado un juicio oral para estos agentes, que son acusados de un delito de allanamiento de morada. El suceso se hizo viral tras ser difundido por las redes sociales. 

Los agentes se presentaron en un domicilio particular del barrio de Salamanca "para evitar la infracción de la normativa vigente", que prohibía la celebración de reuniones por parte de personas no convivientes. Las autoridades solicitaron a los asistentes de la fiesta que abriesen la puerta del piso para proceder a su identificación. Tras la negativa de estos, el subinspector de la Policía Nacional mandó a sus subordinados tirar "la puerta abajo".

Según ha remarcado el juez, estos policías "no contaban con autorización judicial" para acceder a la vivienda, donde luego detuvieron a sus ocupantes. Durante la investigación judicial, se ha corroborado que el piso estaba alquilado por parte del demandante. Un hecho que ha sido cuestionado por varias defensas, los cuales aseguran que se trataba de un piso turístico.

La Fiscalía, aunque acusa a los agentes de allanamiento de morada, no pide una condena para ellos

La Fiscalía, aunque acusa a los agentes de allanamiento de morada, no pide una condena para ellos. Por un lado, considera que la actuación del subinspector fue imprudente, un hecho que no está recogido como delito en el Código Penal. Por otro lado, respecto al resto de policías, eximen su forma de obrar porque estaban en el cumplimiento de un deber. Argumentos que, en cualquier caso, deberán dirimirse ante el tribunal encargado de enjuiciar el caso. 

La acusación, ejercida por el inquilino de la vivienda, pide cuatro años de cárcel para los seis policías por el delito de allanamiento, más los daños causados. El juez, por su parte, considera que no existen elementos penales pero, en cualquier caso, será el tribunal el encargado de pronunciarse al respecto.