"Mi familia y yo hemos recibido 37 ataques desde 2020. Hago responsable a los gobiernos español y marroquí". Helena Maleno, activista española y gran referente internacional en la defensa de los derechos humanos, en especial, de las personas migrantes, ha denunciado este lunes en rueda de prensa la deportación "violenta y repentina" de la que fue víctima el pasado enero y la "persecución" y el "hostigamiento" que lleva sufriendo desde que en 2017 fuera acusada en Marruecos, a instancias de la Policía española, de tener vínculos con el tráfico de personas y favorecer la inmigración irregular. Cargos de los que resultó absuelta en 2019. "Pensé que ahí terminaba todo, pero realmente empezaba lo peor", ha dicho.

La experta en migraciones y trata ha denunciado que tanto ella como su familia han sufrido constantes ataques desde entonces, entre los que se incluyen entradas en su vivienda de Tánger en las que se llevaron documentos, vigilancia y seguimiento habitual por parte de la policía marroquí, escuchas telefónicas y amenazas de muerte.

Visiblemente emocionada durante parte de su declaración a los medios, Maleno ha explicado cómo fue deportada el pasado 23 de enero del país en el que llevaba residiendo los últimos 20 años de su vida. "Cuando volvía a mi casa, fui esperada en el aeropuerto de Tánger por la Policía. No se me informó de nada, no sabía qué pasaba. Fueron momentos bastante angustiosos", ha detallado la activista en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, que le otorgó en 2015 el premio por su papel en la defensa de los derechos humanos.

Según denuncia, fue embarcada en un vuelo a Barcelona, a pesar de que ella había volado a Tánger desde otra ciudad española. La operación fue "repentina y violenta" y recibió "trato vejatorio" tanto por las autoridades marroquíes como por el personal de la aerolínea, Air Arabia. "Pedí saber dónde estaban mi documentación y mis efectos personales. No me respondieron. Me dijeron que me callase y me sentase, que no tenía derecho a hablar", ha ilustrado. Denuncia que no le permitieron tomar su medicación, que se negaron a darle agua y una mascarilla nueva, y que no fue informada en ningún momento de lo que estaba sucediendo.

Ni el ministerio del Interior marroquí ni el de Exteriores han querido dar su versión de los hechos, según ha informado EFE.

Acusa a Interior de conocer la expulsión

A su llegada a Barcelona, agentes de la Policía española la esperaban a la salida del avión con su equipaje y su documentación, ha explicado. La condujeron a comisaría, donde se aceptó la orden de deportación de Marruecos.

"Posteriormente nos hemos enterado de que personal del Ministerio del Interior estaba al tanto de mi deportación", ha asegurado, y ha puntualizado que el Ministerio de Exteriores no tenía constancia ninguna. Fuentes de Interior han negado a Público estas acusaciones. "Ni el Ministerio del Interior ni la Policía Nacional han tenido ninguna participación en este hecho", han asegurado desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska, que no va a hacer ninguna valoración ni a pedir explicaciones a Marruecos por el caso.

Precisamente, mientras Maleno comparecía ante la prensa, Marlaska visitaba la sede de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía —la unidad que intentó acusar a Maleno y que remitió informes policiales a Marruecos—, donde ha destacado su "eficaz" labor contra las mafias que trafican con personas.

Por parte del Gobierno español, las ministras de Derechos Sociales e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero, respectivamente, y el exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, han mostrado su apoyo a la activista y han pedido que termine su criminalización en sendos mensajes de Twitter.

"La sensación es que hay versos libres dentro del Gobierno español, como vimos con mi dosier policial. Hay determinados agentes, personas del Ministerio del Interior que actuaron y siguen actuando de forma impune", ha afirmado Maleno, que ha estado separada de su hija, de 14 años, durante un mes, ya que ella estaba allí.

"Pasaron 32 días hasta que logramos que ella saliera de Marruecos, con una maleta y los libros del colegio, porque decía que volvería a casa. Le tuve que decir que no, que no íbamos a volver", ha relatado entre lágrimas.

Ha agradecido la labor del Ministerio de Exteriores español por las gestiones para recuperar a su hija, y también la implicación de la actual ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra. Sin embargo, según ha explicado María San Martín, coordinadora de Front Line Defenders y portavoz del equipo de protección internacional de Maleno desde su proceso judicial, "las autoridades españolas se han mostrado incapaces de que la vida de Helena sea mínimamente parecida a antes de este procedimiento injusto que nunca debió haber empezado".

"Criminalización orquestada"

Maleno responsabiliza al Ministerio del Interior de España y, en concreto, a la UCRIF de la Policía Nacional, de orquestar una campaña de criminalización contra ella "durante años" que ha conducido finalmente a su expulsión.

Su causa judicial en Marruecos recuerda, se inició a raíz de un dosier policial remitido por la citada UCRIF al país norteafricano, lo que dio lugar a una investigación y a un proceso judicial en el que el Tribunal de Apelación de Tánger no apreció delito, aunque las acusaciones vertidas contra ella en los informes españoles podían costarle la cadena perpetua en el reino alauí.

Estos informes, según ha denunciado en repetidas ocasiones la activista, fueron "montajes llenos de mentiras" realizados por la Policía española en 2012 y presentados ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras su estudio, la Fiscalía desestimó en 2017 las sospechas, aunque la UCRIF —que intervino durante años sus llamadas telefónicas—, intentó que el país vecino continuara con una causa que la activista desgranó el año pasado en su libro Mujer de Frontera. Defender el derecho a la vida no es delito (Península).

Durante el juicio, ha insistido Maleno, Marruecos revocó su permiso de residencia y el de su familia y todas las solicitudes presentadas han sido denegadas sin explicar las razones, asegura.

"El hostigamiento se ha recrudecido después de la publicación del libro", han reconocido tanto Maleno como San Martín, que insiste en que el caso de la activista española "es paradigmático" en cuanto a persecución y criminalización de su labor. "Las represalias son una tendencia que venimos observando cada vez con más personas que defienden a los migrantes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea", ha explicado la abogada.

"Dosieres cloaca"

"Mi criminación comenzó con otro Gobierno", ha especificado, en referencia al periodo de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior —actualmente imputado por la Audiencia Nacional por el presunto espionaje ilegal a Luis Bárcenas, conocido como operación Kitchen— , una etapa marcada por los informes fabricados por llamada "policía patriótica" contra adversarios políticos, en lo que se ha denominado como las cloacas de Interior.

"Son dosieres cloacas. Los que los hicieron siguen en sus puestos. Hemos pedido que se investigara por salud democrática pero da la sensación de que Interior actúa de forma independiente a las decisiones de otras partes del Gobierno", ha dicho Maleno.

"La situación a la que me llevo enfrentando en los últimos años es insostenible para mí y para mi familia. Mi trabajo es defender el derecho a la vida de todas las personas y eso no es delito. Lo único que pido es que se protejan mis derechos fundamentales y los de mi familia y que la labor de las defensoras de derechos humanos no sea criminalizada", ha concluido la acitivista.