Helena Maleno (El Ejido, 1970) aterrizó en Marruecos en 2002 casi por casualidad. No tardó en convertirse en la referencia de miles de personas que se juegan la vida —y muchas veces la pierden— para recorrer a la inversa el camino que ella siguió. Sus alertas a Salvamento Marítimo cuando una patera está a la deriva estuvieron a punto de costarle una condena a prisión en 2017. La investigación, iniciada por la Policía española y enviada a Marruecos, la acusaba de un delito de tráfico de personas, pero acabó absuelta.

A ella le indigna, pero no le extraña. Siempre ha denunciado las "políticas de muerte" que se practican en la frontera, fue una de las que más luz arrojó sobre la tragedia del Tarajal en Ceuta, la que ha documentado exhaustivamente la brutalidad de la Guardia Civil y fuerzas de seguridad marroquíes contra los migrantes, ya sea en los bosques o en el mar. Toda esa experiencia es la que ha plasmado en su libro Mujer de Frontera. Defender el derecho a la vida no es delito (Península), unas memorias a dos velocidades que reconstruyen las etapas de su proceso judicial y las historias (muchas trágicas pero otras repletas de dignidad) de todas las personas a las que ayudó en algún momento y por las que "una parte del Ministerio del Interior" quiso meterla entre rejas, afirma.

¿Cómo ha cambiado la frontera desde que se fue a vivir a Marruecos?

Ha aumentado la inversión en políticas de muerte. La industria del control del movimiento de personas se ha convertido en un negocio brutal que además continúa cuando llegan Europa y son explotados. Pero en lo básico no ha cambiado nada. Se mantienen las premisas de deshumanización de las personas que se mueven, de criminalización y los discursos racistas como el efecto llamada, el "nos quitan el trabajo". Da igual el tipo de gobierno que haya. También, en paralelo, hay cada vez más una respuesta de resistencia de las comunidades migrantes a estas políticas, pero esa resistencia hace aumentar la criminalización y también que se desplace hacia otras personas europeas que les apoyan.

En el libro describe la ciudad de los bosques del norte de Marruecos, los grandes asentamientos de migrantes junto a las vallas fronterizas, ¿qué queda de ella con este aumento del control migratorio?

En Nador siguen existiendo asentamientos, espacios de construcción de ciudad con organización desde dentro. En la zona de Ceuta ya queda muy poquito, suelen vivir en las ciudades cercanas a las vallas. Según aumenta la represión y cambian las rutas, las comunidades buscan otros sitios. La mayoría está ahora en zonas urbanas como Tánger o Tetuán y en el sur, en El Aaiún o Dajla, ya que se ha reactivado la peligrosa ruta a Canarias por el cierre de las rutas del norte.

En el libro describe las cicatrices que dejan las fronteras en las personas migrantes, pero también las han dejado en usted, ¿cómo es la cicatriz del proceso criminal al que se ha enfrentado?

De dolor y miedo por mis seres queridos. El sufrimiento al que han sido sometidos mis hijos, mi familia y la gente que me quería ha sido terrible. Yo sabía a lo que me enfrentaba, llegó un momento en el que asumí que, si tenía que ir a la cárcel por defender derechos, iría. Pero queda dolor y miedo a lo que me pueda pasar. Es una cicatriz comunitaria dejada en mi familia de sangre y en la del camino, no es visible, pero nos ha marcado.

Llega a afirmar que hubiera preferido que la violaran mil veces a lo que hicieron con su informe policial, ¿cómo se fragua este pensamiento?

En 2017, antes de que supiera sobre la causa en Marruecos, mucha gente me amenaza en redes sociales con violarme, y gente de la Policía escribía tuits cuestionándome también, amparando esas amenazas. Por eso digo que hubiera preferido que me violaran y que dejaran en paz a mi gente. Cuando veo el dosier criminal que la Policía española envía a Marruecos no me lo puedo creer, fue el momento más doloroso. Siempre pensamos en la falta de democracia del Estado español, pues ahí lo vi por escrito, con un sello que ponía UCRIF. He querido dejarlo por escrito para ellos también lo lean.

Había cosas de mi vida privada que concernían a mi gente, datos suyos. Era brutal. Gente con la que según ellos había tenido relaciones sexuales. Todo el dosier es así, no es un trabajo policial, es basura moral sobre mi sexualidad, sobre cómo son mis hijos. Cajas y cajas de transcripciones de mis llamadas de teléfono que me muestra el juez marroquí. Era impresionante ver una encima de otra. ¿Cuánta gente ha estado escuchándome? Fue una de las razones por las que decidí escribir el libro, que la gente sepa que determinada policía se dedica a hacer esto. La criminalización no solo te busca a ti como objetivo, sino destrozar tu vida.

Los llama "informes de cloacas" y habla de determinada Policía. Recuerda a las prácticas de las cloacas de Interior y al 'caso Villarejo', ¿cree que hay relación?

Nadie se ha puesto a investigar qué policías han hecho esto. ¿A nadie en el Gobierno le interesa saber si hay más dossieres de más personas? Esto demuestra que ha habido un Ministerio del Interior que ha operado al margen del resto. Se han instaurado dinámicas en las que ciertos policías y estructuras del Ministerio han estado al margen de los resortes y controles democráticos. Mi dosier y otros son efecto de un sistema que la democracia aún tiene que pulir. Yo no sé qué puesto siguen tenido las personas que hicieron mi dosier policial lleno de mentiras pero siguen trabajando. Yo he sido exculpada y nadie me ha llamado para explicarme el porqué de todo ni para pedirme disculpas. Surge la pregunta de quién controla al que controla. Si tenemos una parte negra del Estado operando como quiere no podemos decir que España es una democracia. Hay total impunidad y hay que hacer una limpieza. Nos lo dice el caso Villarejo y vuestro periódico con múltiples noticias.

¿Cree que la investigación tiene relación con las amenazas de muerte que empezaron a llegar y que parecían provenir de sectores policiales?

Creo que todo está relacionado. Un proceso de criminalización no se monta de un día para otro. Aún no sé quién autorizó mis escuchas ni cómo llegaron a Marruecos sin pasar por un juez de enlace en el marco de cooperación judicial entre ambos países ni por la Embajada. El caldo de cultivo de la persecución tarda un tiempo en fraguarse, esto lo he aprendido después, hablando con otras personas defensoras. La forma de perseguir y de operar del Estado es la misma. Muchos me decían que entendían que esto pasara en Honduras, pero no en España.

¿Ha cambiado su vida?

Antes de saber nada, se me empieza a dejar de llamar para dar formaciones a jueces en materia de trata de mujeres y explotación sexual, para mesas redondas de organizaciones, muchas ONG dejaron de llamarme porque la Policía les dijo que había algo turbio conmigo. La persecución nunca se termina, tengo que seguir protegiéndome. ¿Seguirán escuchando mi teléfono? Se crea un clima en el que tengo medidas de seguridad constantes porque siento que no estoy protegida. No me siento segura. He integrado sistemas de protección en mi vida diaria y también hemos intentado trabajar con otros colectivos que están siendo perseguidos. Yo, como europea, tengo privilegios que me permiten protegerme más, pero los compañeros de los asentamientos, los manteros o los que van en una patera también defienden derechos y no tienen cómo protegerse. De mi caso hay que aprender a tejer redes de colaboración para convertir la criminalización en reparación y búsqueda de justicia.

También cuenta cómo se intenta relacionar al propio Salvamento Marítimo en la causa, ¿en qué situación están ahora este cuerpo?

No tiene que ver con mi caso, pero los protocolos en los rescates de personas migrantes en el mar han cambiado. Ya era una política que se empezaba a fraguar: convertir a Salvamento en una parte más del sistema de control migratorio, como ha pasado en Italia. Quitar servicios públicos de rescate. Por eso van las ONG al Mediterráneo, porque el Estado no defiende el derecho la vida. Esto ha sido denunciado por CGT, sindicato mayoritario en Salvamento, y ha costado despidos y ceses de quienes han intentado defender la salvaguarda del derecho a la vida.

También vierte duras críticas a las políticas de acogida. "Salvan a unos pocos para seguir explotando a la mayoría", afirma en un capítulo.

Sí. Junto a las políticas de control y de la disuasión están las de la compasión. Sirven para maquillar con ayudas, con migajas, el respeto que deberíamos tener a los Derechos Humanos. La compasión sostiene el racismo en la misma medida que la disuasión. Los estamos viendo ahora también. ¿Por qué se dice no a la campaña por la regularización de migrantes? Necesitamos que todos los que están en un territorio tengan los mismo derechos para luchar contra una pandemia. ¿Por qué no regularizar a los que están durmiendo en la calle en Lleida o los que trabajan en los invernaderos de Huelva para sacar las cosechas adelante? El sistema humanitario también reproduce el racismo institucional, y reconocerlo no es malo, es empezar el camino para cambiarlo. La compasión se basa en que hay privilegiados que dan migajas, no es un sistema de derechos real.

En el libro explica conceptos que son prácticamente ajenos a la mayoría social, sobre todo los relacionados con las mujeres que migran. Cuenta cómo se instrumentaliza su cuerpo, habla de los maridos del camino, de creencias ancestrales…

Las mujeres tienen muchas estrategias de resistencia, saben que además de pagar dinero pagan con sus cuerpos, y acaban transformando estrategias de dominación en estrategias de resistencia. Es brutal. Es la historia que no queremos contar porque entonces humanizaríamos a estas personas. Aquí se apuesta por términos en los que se les despoja de humanidad, pero en realidad son un pueblo que se mueve, que tiene en las redes sociales su medio de comunicación, sus sedes en sus asentamientos en distintos países y tienen lenguajes comunes que hay que explicar. Muchos de sus términos se han utilizado ahora durante la pandemia, como el combate, ellos son soldados del derecho a la vida.

Estamos viendo cómo afecta la pandemia en España a la población migrante, sin recursos y excluidos de las ayudas del Estado, pero ¿cómo está afectando más allá de la frontera?

Si aquí es brutal, en un tránsito migratorio es terrible. La gente de los bosques no se ha podido confinar y las redadas han seguido. Ha habido deportaciones en plena pandemia, tanto por parte de Marruecos como por la Guardia Civil en la valla de Ceuta. Eso sería impensable que se lo hicieran a un ciudadano español. En Marruecos, muchos no han podido salir de casa para ir a comprar, muchas mujeres no han podido mendigar, y subsisten con eso. Las organizaciones sociales han facilitado comida, pero deberían tener las mismas ayudas que la población vulnerable del territorio. No se puede parar una pandemia si una parte de la población no tiene derechos reconocidos, si se muere de hambre. Ha sido situación desesperada, sobre todo para mujeres con bebés a cargo.

Llega otra crisis económica en la que se puede señalar al otro, al de fuera, como el culpable de la falta de bienestar o de trabajo. En un clima de ideas xenófobas ya instaurado en las instituciones, ¿cómo se saldrá de esta crisis?

Me creeré que hay una crisis real a causa de las migraciones cuando vea filas y filas de españoles con la bandera al cuello yendo a recoger la fresa en Huelva y la sandía en Almería. Lo que tiene que saber la población es que el conflicto con los migrantes siempre es interesado para proteger el sistema de explotación, esclavitud y racismo. Sé que mucha gente va a responder con odio y confrontación ahora, pero ante una crisis económica hay que hacer lo mismo que durante una sanitaria: responder con solidaridad. Es la única respuesta que nos queda. Y dentro de esa solidaridad, quienes más saben son las comunidades migrantes.