La activista española experta en migraciones y defensora de los derechos humanos Helena Maleno ha denunciando este lunes su "violenta y repentina deportación" de Marruecos, país en el que ha residido los últimos 20 años y desde donde realiza una reconocida labor por el derecho a la vida de las personas migrantes. Un trabajo que la llevó ante los tribunales en 2019, acusada de "favorecer la inmigración ilegal, aunque resultó absuelta.

Según ha anunciado Caminando Fronteras, colectivo del que es fundadora, el pasado 23 de enero Maleno fue deportada y expulsada del reino alauí cuando volvía de un breve viaje de trabajo en España, obligándola a permanecer "varias semanas separada de su hija menor de edad, temiendo por la seguridad de la misma mientras permanecía en el país que la había expulsado".

La organización no ha detallado las razones de su expulsión, aunque Maleno convocó la pasada semana una rueda de prensa urgente para lunes en Madrid, junto a la actriz Alba Flores, al activista antirracista Moha Gerehou y a María San Martín, coordinadora de Front Line Defenders y portavoz del equipo de protección internacional de la activista y experta en migraciones y trata de personas.

Maleno responsabiliza al Ministerio del Interior de España y, en concreto, a la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) de la Policía Nacional, de orquestar una campaña de criminalización contra ella "durante años" que ha conducido a su expulsión.

Ya fue objeto de una causa judical en Marruecos en 2018, cuando fue acusada de vinculación con redes de tráfico de personas y de favorecer la inmigración irregular como consecuencia de su labor alertando a los servicios de rescate españoles y marroquíes cuando una embarcación salida desde Marruecos está a la deriva en su ruta marítima hace España.

La causa marroquí se inició a raíz de un dosier remitido por la citada UCRIF al país norteafricano, lo que dio lugar a una investigación y un proceso judicial en el que el Tribunal de Apelación de Tánger no apreció delito. Estos informes, según ha denunciado en repetidas ocasiones la activista, fueron "montajes llenos de mentiras" realizados por la Policía española en 2012 y presentados ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras su estudio, la Fiscalía desestimó las sospechas, aunque la UCRIF —que intervino durante años sus llamadas telefónicas—, intentó que el país vecino continuara con una causa que la activista desgranó el año pasado en su libro Mujer de Frontera. Defender el derecho a la vida no es delito (Península).

Según explica su colectivo, a raíz de este proceso judicial del que resultó absuelta, Marruecos "les arrebató" a ella y a sus hijos el permiso de residencia y "las solicitudes de ser restituido han sido sistemáticamente rechazadas". En una entrevista con Público, Maleno reconocía que estas acusaciones han dejado un poso de "dolor y miedo" a lo que pudiera pasarle en el futuro.

El compromiso de Maleno, recuerda su colectivo, "ha permitido salvar la vida de más de 100.000 personas migrantes en nuestras fronteras" y ha sido aplaudido por la ONU y las principales organizaciones internacionales de derechos humanos. Además, la andaluza ha recibido más de 20 premios de derechos humanos nacionales e internacionales y recientemente ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Universitat de les Illes Balears.

Por ello y ante esta situación, piden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un "reconocimiento público" de su labor y su "impacto positivo" para la democracia y el Estado de derecho, "el cese de la criminalización", la "depuración de responsabilidades" pertinentes, la "protección" de Maleno y su familia y la reparación de "los innumerables daños instigados" contra ella y su entorno.