¿Cómo es la vida en la Comunidad de Madrid? Según la presidenta Isabel Díaz Ayuso, vivir en esta autonomía es ante todo sinónimo de libertad, dinamismo económico y un día a día vibrante, con sus atascos y contaminación correspondientes. La región es uno de los motores de España, paraíso de las rebajas fiscales, pero también del individualismo y la propiedad privada. En palabras del escritor Andrés Trapiello, vivir en Madrid es sinónimo de vivir deprisa, de mucho ajetreo y también de precariedad. Si no, que se lo digan a las sanitarias y las profesoras de los centros públicos, que llevan años sufriendo el nacionalismo madrileño del PP y su rodillo contra el Estado del Bienestar.

Mientras unos celebran las amplias oportunidades que ofrece el territorio para especular, otros luchan por sobrevivir a profundas y sistémicas crisis en los pilares de lo público, por acceder a servicios básicos cada vez más precarios que quizá tanta (des)regulación –eso sí, en favor de quienes tienen los bolsillos llenos–, ha desmantelado casi por completo. 

Si hay algo que une a los madrileños, más que los chulapos, las verbenas y el espíritu castizo, es la desigualdad. Parece que la "vida a la madrileña" no es más que una burbuja que está a punto de estallar, una serie de costuras que están empezando a reventar desde distintos ámbitos: sanidad, educación, vivienda, residencias, derechos LGTBI+ o de las mujeres... Más allá de los casos de corrupción que sobrevuelan al clan Ayuso, la gestión de la presidenta madrileña hace aguas por muchos lados.

La sanidad: ¿un nuevo colapso?

Uno de los puntos más críticos de la gestión de Ayuso es el estado de la sanidad pública. A octubre de 2024, el conflicto entre el Gobierno autonómico y las profesionales sanitarias sigue en un punto bastante álgido. El SERMAS (Servicio Madrileño de Salud) lleva más de una década sufriendo recortes que han afectado directamente a la calidad de la asistencia. La Atención Primaria, considerada la puerta de entrada al sistema de salud, está desbordada. Y, lejos de proponer soluciones, el sindicato médico AMYTS ha denunciado este mismo miércoles que la Consejería de Sanidad "ha decidido romper el seguimiento de esta situación y no reunirse más con los representantes de los médicos de familia y pediatras".

Las agendas de las médicos siguen sobresaturadas, con más de 60 pacientes al día. Eso en los centros de salud que tienen la suerte de contar con profesionales, pues los hay (como el de Abrantes, en Carabanchel), donde pasan meses con turnos y agendas cerradas. La falta de personal y los contratos precarios no ayudan: Madrid cuenta con 0,68 médicos de Atención Primaria por cada 1.000 habitantes, una de las cifras más bajas de España. Mientras que las listas de espera se han engrosado más de un 70% desde que Ayuso llegó a la Puerta del Sol en 2019.

Esta situación ha culminado en varias manifestaciones multitudinarias. Los madrileños también han salido a la calle para protestar contra los cierres de los antiguos Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) y la promesa incumplida de abrir nuevos ambulatorios con médico de guardia. Una falta que ya se ha cobrado varias vidas. Un buen pellizco de la inversión que podría destinarse a este ámbito se lo ha llevado, sin embargo, el Hospital Enfermera Isabel Zendal, una obra faraónica que costó más de 100 millones de euros, que sigue siendo símbolo de la gestión sanitaria de Ayuso: despilfarro y opacidad.

Por otro lado, el porcentaje de población que recurre a seguros privados en Madrid ha alcanzado casi el 40%, el más alto de toda España. Ahora, la ruptura unilateral del diálogo entre la Gerencia Asistencial de Atención Primaria y el Comité de Huelga promete nuevas acciones por parte de las organizaciones sindicales. En unas semanas probablemente sabremos en qué dirección se darán.

En este terreno de lo sanitario es imposible no detenerse en la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia del covid-19, un episodio sigue persiguiendo a la presidenta madrileña. Los llamados "protocolos de la vergüenza", que impidieron el traslado de de buena parte de las personas que vivían en las residencias a hospitales durante los meses más duros de la crisis sanitaria, provocó la muerte de miles de mayores. A pesar de las investigaciones parlamentarias y las demandas judiciales de los familiares de las víctimas, la Comunidad de Madrid ha logrado (muchas veces a golpe de censura) eludir cualquier tipo de responsabilidad.

Pero los cuestionamientos a la gestión de este Ejecutivo sobre los centros de mayores no se detienen ahí. Los medios han revelado contratos millonarios adjudicados a empresas que suministran comida en mal estado a las residencias. En algunos centros, se han encontrado productos caducados y hasta con moho. Los sindicatos y las asociaciones de familiares han denunciado también la falta de personal, con ratios de un cuidador por cada 30 residentes, muy por debajo de los estándares recomendados por la OMS. Un suma y sigue de deficiencias que, a pesar de todo, no parecen quitarle el sueño a quienes podrían hacer algo para solucionarlas.

Educación: entre la privatización y la segregación

La educación es otro de los grandes frentes abiertos, por no decir el otro gran desastre de la gestión del PP madrileño. Este nuevo curso, los sindicatos educativos han advertido sobre un "otoño caliente" si la Consejería de Educación no pone fin a los recortes y la precarización del profesorado.

Madrid invierte tan solo un 2,25% de su PIB en educación, muy por debajo de la media española, que se sitúa en el 4,27%. Esta inversión insuficiente ha fomentado un sistema educativo profundamente privatizado, donde la escuela concertada y privada ocupa un papel central. En Madrid capital, solo el 42% de los niños asisten a colegios públicos, mientras que en el resto del país la cifra supera el 67%.

Además, las becas para familias con ingresos superiores a los 100.000 euros anuales siguen levantando heridas entre quienes más las necesitan. Al mismo tiempo que muchas familias luchan por acceder a Formación Profesional (FP) o por lograr plazas en escuelas públicas, estas ayudas, que favorecen a los más pudientes, han sido criticadas incluso por el Defensor del Pueblo. En este contexto, Save the Children ha señalado que Madrid es una de las regiones europeas con mayor segregación escolar, solo superada por Turquía. 

Vivienda: una comunidad inhabitable

A pesar de las protestas que han sacudido las calles de Madrid este domingo y que vienen siendo una cuestión latente en las ciudades y barrios de Madrid, Ayuso ha optado por no aplicar la Ley de Vivienda estatal, que permitiría declarar zonas tensionadas y poner un tope al precio del alquiler. En cambio, ha puesto en marcha iniciativas como el Plan Vive, una de las principales medidas de su Gobierno para supuestamente fomentar el alquiler asequible. Plan que ha sido duramente criticado por su ineficacia, pues la mayor parte de las viviendas que han salido al mercado con este programa no están destinadas a las familias de rentas bajas.

Entre tanto, Madrid sigue viviendo una crisis de habitabilidad sin precedentes, con más de 80 desahucios diarios en toda España, ocho de ellos en la región, según datos del CGPJ. Mientras que en la última década las rentas se han duplicado, los salarios de los jóvenes solo han crecido un 6,1%. El encarecimiento del alquiler ha empujado a muchas familias, a quienes las propias trabajadoras de servicios sociales recomendaron buscar vivienda fuera de la comunidad para acceder a precios más bajos, a la extrema pobreza.

Además, en el caso de Madrid capital, la falta de control sobre las viviendas turísticas está agravando la situación. El 92% de los 14.699 alojamientos turísticos en la ciudad operan sin licencia, y en el distrito Centro, un 10% del parque inmobiliario está dedicado a estas viviendas, lo que presiona aún más el acceso a vivienda asequible para los residentes. Muchos inquilinos ya asumen que nunca podrán comprar una casa ni heredar una propiedad. Frente a este contexto, los sindicatos consideran que "sobran los motivos" para movilizarse y, de hecho, en esas coordenadas se mueven ahora, con una huelga de alquileres en ciernes.

Una merma de derechos sociales

La presidenta de la Comunidad de Madrid tampoco se ha quedado corta en lo que a derechos sociales se refiere. En diciembre de 2023, su administración introdujo cambios en las leyes trans y LGTBI+ que eliminaban algunos avances, como el concepto de identidad de género para menores trans, lo que generó fuertes críticas por parte de los movimientos por los derechos humanos.

Como consecuencia, el Tribunal Constitucional suspendió varios artículos de estas reformas, argumentando que podían vulnerar derechos fundamentales. Esta suspensión parcial vino impulsada por recursos presentados tanto por el Gobierno central como por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quienes denunciaron que las modificaciones, entre otras cosas, reintroducían la patologización de las personas trans​. Esta misma semana, el Ejecutivo autonómico ha decidido rectificar la redacción de algunos artículos al entender que vulneraban hasta cuatro artículos de la Constitución.

Además, Ayuso ha mantenido una postura pública abiertamente combativa contra los movimientos feministas. En varias ocasiones, ha menospreciado las reivindicaciones de los movimientos feministas, calificando algunos de sus debates como "cursis y ñoños" y llegando a proponer la creación de un "Día del Hombre" para balancear las demandas de igualdad. Estas declaraciones se han combinado con la propuesta de abrir un centro de atención para hombres víctimas de violencia, mientras paralelamente desmantela servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

La corrupción es la guinda del pastel

La guinda del pastel la pone la corrupción. Para no perder las malas costumbres del PP, el clan Ayuso ha estado implicado en diversos escándalos de corrupción que involucran a varios miembros de la familia. El caso más mediático es el de Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien recibió una comisión de 234.000 euros por su intermediación en la venta de mascarillas durante la pandemia.

La empresa a través de la cual gestionó la compra, Priviet Sportive SL, vendió mascarillas a un precio inflado, lo que generó investigaciones tanto por la Fiscalía Europea como por la Fiscalía Anticorrupción. Aunque la Fiscalía General del Estado descartó delitos como malversación o cohecho, se está investigando un posible tráfico de influencias y falsificación documental​.

Además de Tomás, otros miembros de la familia también han sido vinculados a negocios dudosos. En 2011, el padre de Ayuso obtuvo un préstamo de 400.000 euros de la empresa semipública Avalmadrid, que presuntamente nunca fue devuelto. La madre, por su parte, también habría recibido contratos y beneficios económicos durante el mandato de su hija. Incluso la expareja de la presidenta madrileña y su actual novio habrían obtenido lucrativos contratos relacionados con la comercialización de material sanitario durante la crisis del covid-19. El escándalo más reciente lo ha protagonizado su pareja. La inspección fiscal ha destapado un fraude de 350.000 euros que el propio empresario ha acabado admitiendo.