Madrid y Murcia, las comunidades con peor cobertura social para personas vulnerables

Son tiempos complejos para los servicios sociales en España. El nuevo Informe de Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (IDEC) desarrollado por la Asociación Estatal de Diretores y Gerentes en Servicios Sociales sostiene que la situación de este sector no es buena y que casi dos de cada tres personas vive con servicios sociales débiles o irrelevantes.

En una valoración entre 0 y 10, donde a partir de 7,5 es "excelente" y por debajo de 5 "irrelevante", diez comunidades autónomas no superan el 5,5 y cuatro de ellas no llegan al 4. La puntuación media del país es de 5,1, una devaluación respecto a años anteriores. En concreto, la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia son las peor valoradas. 

"El impacto de la pandemia de covid-19 en los Servicios Sociales ha quebrado una tendencia de recuperación que se venía constatando desde 2016, cuando tocaron fondo los recortes producidos por la crisis. La puntuación global de

5,10 puntos en 2021, sitúa el Sistema Público de Servicios Sociales a nivel del año 2017, perdiendo así el terreno ganado por la débil recuperación en los últimos cinco años", sostiene el informe. 

Según el índice que mide cada comunidad autónoma, donde lo prioritario del análisis reside en la cobertura de servicios. La comunidad mejor valorada es Navarra con un 7,39, seguida de Castilla y León (6,89) y Castilla-La Mancha (5,96), con una puntiación similar a Euskadi (5,93). 

En la zona media de la clasificación están La Rioja (5,79), Baleares (5,78), Extremadura (5,22), Aragón y Andalucía con la misma evaluación (5,15) y Catalunya (5,08). Ya en la zona de suspenso, se encuentran la Comunidad Valenciana (4,65), Galicia (4,19), Cantabria (3,99), Canarias (3,66), Murcia (3,09) y Madrid (3,07).

Sólo cinco comunidades mejoran la calificación de sus servicios: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Catalunya y La Rioja. Diez comunidades empeoran (Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, Navarra y Euskadi) y dos mantienen la misma calificación ( Andalucía y Valencia).

El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas del País Vasco

destinan a Servicios Sociales (3,19%), o Extremadura (2,96%), triplican al que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con solo el 1,11%. No es la primera vez que esta organización pone el foco sobre Madrid, porque hace unos meses publicaba un informe en el que concluían que Ayuso trampea las listas de espera para reducir el número de solicitantes de ayudas a la dependencia.

Estas conclusiones vienen amparadas por una lógica de privatizaciones y recortes en Sanidad. De hecho, a la cola de esta lista aparece Murcia, calificada como la comunidad autónoma con peores servicios sanitarios de toda España.

A vueltas con la financiación

El modelo de financiación de los servicios sociales es una pata del conflicto entre Estado y comunidades autónomas. El Ministerio de Derechos Sociales revierte poco a poco esta situación, en la que el Gobierno invierte mucho menos de lo que debería, y aspira a llegar al 30% del presupuesto total antes del final de la legislatura. Aun así, el objeto es el 50%, aunque el bagaje que se arrastra impide que sea un objetivo a corto plazo. 

En esta pugna, las comunidades han empezado a descender la financiación destinada a los servicios sociales, por lo que el empeoramiento es palpable. "La participación de las Comunidades Autónomas en la financiación del Sistema no hace sino descender, desde el máximo alcanzado en 2012, cuando representaba el 85,3% del gasto total, hasta el pasado año (2021), en el que fue del 69,4%", reza el informe. 

Además, las estructuras básicas de servicios sociales, los servicios sociales de atención primaria o comunitarios en el ámbito de la proximidad (pueblos y barrios) sufren un deterioro, pasando de un profesional por cada 1.875 habitantes en 2020 a uno por cada 2.064 en 2021 (un 10% más).

El servicio de ayuda a domicilio, a pesar de registrar un incremento de dos décimas en su cobertura, pasando de 4,9 personas beneficiarias por cada 100 personas mayores en 2019, a 5,1 en 2020, retrocede en su intensidad, con 2,8 horas menos de media al mes (20,6 en 2019, 17,8 en 2020).