Paula tiene cinco años y nació con discapacidad intelectual. Al principio, los médicos aseguraron que viviría en estado vegetativo. Pero, contra todo pronóstico, gracias al apoyo que ha recibido durante estos últimos tres años en Atención Temprana (AT) de la Comunidad de Madrid, ha empezado a andar y está aprendiendo a relacionarse.

Como ella, cientos de familias solicitan cada año una plaza pública en estos centros especializados para sus niños. Sin embargo, la falta de recursos de la Comunidad de Madrid para este servicio sociosanitario mantiene a más de 2.694 menores a la espera de poder comenzar su tratamiento en el sistema.

Estefanía, madre de Paula, ha subrayado a Público lo importante que fue para su hija el hecho de haber recibido ayuda desde el centro público de AT en el que fue admitida en 2020. De hecho, asegura que, de no haber dispuesto de ese espacio, no hubiera podido pagar los servicios de fisioterapia y estimulación que la pequeña requiere.

En una clínica privada, cada cita con el fisioterapeuta especialista puede valer unos 80 euros. Teniendo en cuenta que Paula necesita hacer sus ejercicios semanalmente, el coste hubiera sido "inasumible", según Estefanía. A eso habría que sumar el resto de atención, consultas y tratamientos que la menor recibe cada día en AT durante las aproximadamente 12 horas que pasa allí.

La Atención Temprana es el nombre que engloba al conjunto de intervenciones destinadas a tratar alteraciones del desarrollo en niños entre cero y seis años. Cuanto antes se actúe sobre cualquier patología del lenguaje, la movilidad o de interacción social, más probabilidad existe de conseguir progresos, debido a la plasticidad del cerebro a esa edad. Por eso, que este cuidado se dé pronto es clave, tal y como han explicado los expertos.

"No intervenir es perder una oportunidad tremenda, una pérdida que los menores no van a recuperar. Todo lo que no se hace durante sus primeros seis años, incidirá directamente en su calidad de vida y en la autonomía que esas personas van a tener en el futuro", ha detallado Javier Luengo, director general de Plena Inclusión Madrid (PIM). 

Aparte de lo que le ofrecen a los niños, los centros de AT enseñan a los padres a manejar a sus hijos en casa, les ayudan y les explican cómo contribuir al bienestar de los pequeños, que tienen trastornos como el autismo, discapacidad intelectual o motora, entre otras. Esas pautas, que sirven de guía para saber cómo actuar en situaciones cotidianas que "no son sencillas", insiste Estefanía, son fundamentales para ellos, y, de alguna manera, les hace "la vida más fácil".

Lamentablemente, apenas un 4% de los niños que necesitan algún tipo de intervención son atendidos en estos centros públicos en España, según la Federación Española de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT).

Destaca la brecha por territorios: mientras en Catalunya se atiende a más del 90% de los niños con algún tipo de trastorno o discapacidad, la Comunidad de Madrid, Galicia, el País Valencià o Euskadi no llegan al 20%. Los motivos principales que perpetúan esta situación son dos: la falta de inversión y el cuello de botella al que da lugar el exceso de burocracia.

Se necesita agilizar el proceso de admisión

Este tipo de atención está regulada en la ley de servicios sociales de Madrid, en la que la AT aparece como un recurso más. Y, por consiguiente, como una prestación vinculada a la disponibilidad presupuestaria. Desde Plena Inclusión defienden que la AT sea una prestación garantizada, universal y gratuita. "Algo así como la educación. Cuando un niño en la Comunidad de Madrid está en periodo de escolarización, dispone de su plaza. Sin embargo, en los cuidados tempranos esto no sucede, por eso hay listas de espera", ha incidido Luengo. 

La organización ha criticado los "procesos administrativos tan largos" que existen: uno para la valoración y otro para la adjudicación de la plaza. En este sentido, uno de los puntos a mejorar es la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. "La mayoría de las veces, los niños son diagnosticados en los hospitales y es importante que se haga un trabajo conjunto entre ambas partes para agilizar el proceso", proponen desde Plena Inclusión.

Según los últimos datos publicados por la Comunidad de Madrid, el tiempo de espera media de citación en el centro regional de coordinación y valoración infantil (el primer paso para que las instituciones reconozcan la discapacidad del menor) es de 66,52 días.

A esto hay que añadir el tiempo de resolución, que se eleva a tres meses. Y, posteriormente, lo que tarde en quedarse un hueco vacío en uno de los centros para que pueda entrar el menor. En total, la demora llega incluso a superar el año.

El siguiente problema llega después, cuando al fin les llaman. Por regla general, lo lógico es que se adjudique la plaza más cercana al domicilio de la familia. Si bien, a veces, ha afirmado Luengo, "hay familias a las que les dan plaza en la otra punta de su comunidad autónoma y que les llevan porque saben que es algo que puede determinar el futuro de sus hijos".

Aunque en los últimos años se viene poniendo en marcha un plan para tratar de aumentar las plazas, de momento es "claramente" insuficiente. Ha mejorado la profesionalización de los centros de trabajo, cada vez existe una atención más individualizada y concreta, con un enfoque más global, "necesitamos un mayor compromiso por parte de las administraciones públicas y por parte de todos", ha reivindicado Luengo.