La Comisión Europea tendrá que pronunciarse sobre los efectos ambientales, sociales y económicos que la proliferación de las macrogranjas y la extensión de la ganadería industrial están teniendo en España: un total de 52 entidades registraron este miércoles ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo una queja en la que reclaman a ambas instituciones “que soliciten una reducción del 50 % de la ganadería industrial” y que tomen “las medidas oportunas para evitar que proyectos financiados con fondos europeos incumplan normativas comunitarias”.

La queja reclama que las instituciones comunitarias investiguen las consecuencias ambientales y sociales que está provocando la proliferación de estas instalaciones, calificadas como "metrópolis de animales" en algunos casos, y que desarrollen “iniciativas legislativas que regulen este tipo de explotaciones de ganadería industrial para armonizar normativas en el marco de la UE y evitar desigualdades en el marco del mercado común”, además de “garantizar el respeto al medioambiente, al bienestar animal y a la salud pública”.

Entre los denunciantes se encuentran más de 40 plataformas vecinales de pueblos, valles y comarcas de todo el país, agrupadas en Stop Ganadería Intensiva, junto con organizaciones ecologistas como Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción y Greenpeace España y grupos centrados en materia alimentaria como Food & Water Europe, Compassion in World Farming y Justicia Alimentaria.

“Las macrogranjas están provocando despoblación”

“España se está convirtiendo en muchos casos en el estercolero de Europa: exportamos mucha carne pero sufrimos los impactos ambientales” de esa intensa actividad ganadera, señaló el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, que organizó en Bruselas una jornada de trabajo en la que participaron representantes de los grupos que han impulsado la queja. “En España se sacrifican al cabo del año tantos cerdos como habitantes tiene el país y más pollos que personas viven en la UE”, añadió.

Las macrogranjas y la ganadería industrial, cuyas principales consecuencias ambientales son un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación de ríos y acuíferos por la deficiente gestión de los excrementos de los animales, ricos en nitratos, “están provocando más despoblación y están yendo contra la fijación de empleo” en el medio rural, añadió el eurodiputado.

El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, con los portavoces de la plataforma Stop Ganadería Industrial y de grupos locales.

El portavoz de Compromís, Jordi Sebastià, reforzó ese argumento. “España ganó el año pasado 249.000 habitantes, pero las seis provincias que más población perdieron fueron Palencia, Soria, Zamora, Segovia, Ávila y Cuenca, que son algunas de las que están sufriendo con mayor intensidad el problema de las macrogranjas”.
“Hemos de repensar el modelo si queremos cumplir los compromisos en materia de cambio climático, porque vamos por mal camino”, anotó Marcellesi, que criticó que “estamos tratando a los animales como si fueran meras mercancías”.

Vertidos en la Red Natura, amoniaco y bajos precios

La queja pone sobre la mesa uno de los motivos que están propiciando la proliferación de las macrogranjas en España: es uno de los Estados comunitarios con una regulación más laxa en esta materia, con normativas autonómicas en materia de gestión de purines que “carecen por completo de elementos de inspección, control y sanción” y que permiten “vertidos de purines dentro de espacios Red Natura 2000” con “el único requisito” de no verter más de 170 kilos de nitrógeno por hectárea al cabo del año.

La denuncia achaca a la expansión de las explotaciones de porcino industrial y al aumento de las granjas avícolas el hecho de que España lleve ocho años (desde su entrada en vigor en 2010) superando los límites de emisión de amoniaco que marca la UE.

Representantes de las entidades vecinales y ambientalistas que han presentado la queja contra la ganadería industrial ante la UE celebraron este martes una sesión de trabajo en el Parlamento Europeo.

“El amoniaco provoca la acidificación de los ecosistemas y multiplica la creación de micropartículas en suspensión”, señala el texto, que recuerda que, al mismo tiempo, su degradación genera óxido nitroso, “un gas de efecto invernadero y mucho más potente que el CO2”.

Por último, la queja presentada ante la UE llama la atención sobre un aspecto del agrobussines español en su faceta cárnica: el precio de la carne en canal (el animal desollado en el matadero) pasó en un año, de 2016 a 2017, de ser el más elevado de Europa a situarse por seis céntimos por debajo de la media (154,85 euros por cien kilos frente a 169,85).

“El sector se ha hecho competitivo en España debido a que se ha favorecido una concentración [de la producción] que no internaliza los costes medioambientales como sí hacen otros países, lo que constituiría una competencia desleal respecto a los demás países de la Unión”, indica el documento.