La directora adjunta de Público y la presidenta de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Virginia P. Alonso, ha defendido la libertad de expresión y ha condenado la censura de las expresiones e informaciones críticas o radicales en las redes sociales. "Carrero Blanco, Strawberry, titiriteros… Estamos llegando a un punto en el que opinar puede ser un delito".

Virginia P. Alonso se ha expresado así en la mesa redonda celebrada en la Universidad Pablo de Olavide (Carmona, Sevilla). Bajo el título El discurso del miedo. Medios de comunicación y redes sociales (II). Los enemigos de la libertad de información: la presión y el control de los poderes económicos y políticos, la censura y la autocensura del miedo y del hambre, la directora adjunta de Público ha intervenido junto al periodista Ramón Lobo y el vicepresidente del Consejo de Informativos de RTVE, Xabier Fortes.

La presidenta de la PDLI ha asegurado que el "endurecimiento en la reforma del delito de enaltecimiento" está permitiendo que su aplicación se destine directamente a "censurar expresiones o informaciones críticas o radicales en lugar de prevenir la comisión de un delito".

Asimismo, aclara que "no existe el derecho a sentirse ofendido". En esta línea, "cualquiera puede decir lo que le de la gana", siempre que no incite a la comisión de un delito: "sólo en casos de clara incitación al odio, a la hostilidad o a la discriminación", sustenta.

"Censura camuflada"

La directora adjunta de Público ha recordado que los juicios por enaltecimiento del terrorismo se han multiplicado por cinco desde el final de ETA con el PP al frente del Gobierno. Así, considera que el incremento de estas sentencias se debe "a la persecución de este delito en redes sociales y páginas web".

La presidenta de la PDLI, dentro del curso Periodismo y redes sociales, se ha referido además a la creciente sensación de vigilancia "aberrante y propia de estados totalitarios". De este modo, el propio periodista, en palabras de Virginia P. Alonso, se abstiene de ejercer su libertad.

En este sentido, las sanciones administrativas de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, "evitan el recurso judicial, tienen un efecto disuasorio y sirven como herramienta recaudatoria".

Asimismo, estas multas ejercen una presión en forma de "censura camuflada". Este hecho puede observarse en el desalojo del Centro Social Ocupado en Santiago, donde la Policía Nacional impidió a la prensa realizar su trabajo, según denuncia del Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia (CPXG).

No obstante, siguen latentes las presiones directas de los editores, anunciantes y políticos sobre los periodistas. "El 75% de los periodistas cede a las presiones en su trabajo, según la APM en su Informe Anual de la Profesión Periodística 2016. Un 57,2 % de los profesionales de los medios reconoce que se autocensura". ¿Por qué estos datos? Según P. Alonso, lo hacen ante el "miedo" y las "represalias" a ser despedidos o relegados en la asignación de trabajos, principalmente los autónomos.

Otros enemigos de la libertad de información

La directora adjunta de este medio ha abordado también la "supuesta" protección del derecho al honor. Así, ha manifestado que en España los tipos penales de injurias y calumnias están incluidos en el Código Penal, "a pesar de las recomendaciones de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa (OSCE) de que se deriven a la vía civil".

A su vez, esta legislación tiene un efecto intimidatorio y disuasorio y provoca autocensura. "¿Qué medio pequeño o freelance puede hacer frente a una cascada de querellas?", se pregunta.

La presidenta de la PDLI ha tratado la desprotección y persecución de los filtradores y ha abogado por el "fundamental papel de las filtraciones en lucha contra la corrupción".

Virginia P. Alonso considera que la precariedad en la profesión, el reparto opaco de la publicidad institucional y la falta de transparencia e independencia de los medios públicos también son enemigos de la libertad de la información.