Semana clave para dilucidar la situación de la libertad de expresión y sus límites en España. Por varios motivos. Este lunes se reunió el Tribunal Supremo para decidir el futuro de los jóvenes raperos de La Insurgencia, que fueron condenados a dos años y un día de prisión por la Audiencia Nacional por un delito de enaltecimiento del terrorismo por las letras de sus canciones, aunque la Sala de Apelaciones redujo posteriormente la pena a seis meses de prisión. La decisión final del Supremo se hará pública en los próximos días. 

Pero, además, estos últimos días se han ido acumulando noticias de otros casos importantes relacionados con la libertad de expresión. Por un lado, el Supremo confirmó la pena de prisión de nueve meses de prisión al rapero Pablo Hasel. Concretamente, el Tribunal considera que el cantante ha cometido los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y a las Fuerzas de Seguridad a través de mensajes "atentatorios" en redes sociales. Sobre este rapero, además, pesa otra primera condena a dos años de prisión, también por enaltecimiento del terrorismo a través de sus canciones, cuya ejecución la Audiencia Nacional dejó en suspenso en 2019. Ahora, este tribunal deberá decidir si el rapero entra en prisión.

Por otro lado, también ha habido avances en el caso del rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc. La Corte de Apelación belga se reunió este martes para decir sobre el recurso presentado por la defensa del rapero mallorquín, que se encuentra en Bélgica tras salir de España para evitar cumplir la condena de tres años y medio de cárcel que ratificó el Supremo. La decisión sobre Valtonyc, se conocerá, no obstante, el próximo 8 de septiembre.

De momento, todo lo que se conoce es que Bruselas preguntó a la Justicia europea sobre si España actuó correctamente solicitando la extradición del rapero apelando a la legislación de 2015, mucho más punitiva, o debería haber utilizado la de 2012, que es la que estaba vigente en el momento en el que Valtonyc fue procesado. La respuesta de Europa es que España debió solicitar la extradición teniendo en cuenta el Código Penal español de 2012, por lo que reprobó que España aplicara de manera retroactiva la ley de 2015 para solicitar la extradición a las autoridades belgas.

También cabe destacar que en pleno estado de alarma el rapero César Strawberry también recibió noticias desde el Tribunal Supremo. En este caso, positivas aunque, en un primer momento, el cantante de Def con Dos albergaba sus dudas. En este caso, el Supremo se reunió para dar por incorporada la decisión del Constitucional, que anulaba la sentencia condenatoria contra Strawberry, y poner el punto y final al caso, según indicaron a este medio fuentes del Supremo.

La dureza que la Justicia está mostrando con estos raperos, muchos de ellos prácticamente desconocidos hasta su procesamiento por la Justicia, contrasta con otras decisiones de la Justicia donde se da mayor cobertura a la libertad de expresión o se considera que los mensajes lanzados por agentes con más repercusión, como el partido político Vox, no ponen en riesgo a ningún colectivo especialmente discriminado o suponen una vulneración del derecho a la libertad de expresión.

En este sentido, destaca que esta misma semana la Audiencia de València ha archivado la investigación abierta contra el partido de extrema derecha Vox por un mensaje difundido en sus redes sociales donde responsabilizaba a cinco magrebíes de una violación grupal cometida en una playa de Cullera y por el que habían sido detenidos cinco hombres de nacionalidad española. La Fiscalía consideró que el mensaje podía ser constitutivo de un delito de odio. 

La sala segunda de la Audiencia ha considerado que este mensaje de Vox es "objetivamente ofensivo" y "éticamente rechazable", pero que los hechos no pueden ser perseguidos desde un punto de vista penal porque están amparados por el derecho a la libertad de expresión. En este caso, la Justicia considera que el mensaje de Vox puede tener la finalidad de introducir un debate en la opinión pública "aun cuando el debate sobre el origen étnico de los delincuentes sea perfectamente estéril y absurdo" y, por tanto, rechaza que sea constitutivo de un delito de odio.