'La Manada'La ley permite que el guardia civil y el soldado de 'La Manada' sigan cobrando el 75% de su sueldo

El soldado Alfonso Jesús Cabezuelo y el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, dos de los miembros de La Manada condenados a 9 años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, no serán expulsados de sus respectivos cuerpos hasta que haya sentencia firme por parte del Tribunal Supremo. Eso implica que, aunque estén "suspendidos de sus funciones con cese de destino", Cabezuelo y Guerrero siguen cobrando —y seguirán hasta que se pronuncie el Supremo— el 75% de su sueldo, pagas extra y trienos acumulados tal y como establece la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, ley de la Administración General del Estado.

Fuentes del Ministerio de Defensa y de la Guardia Civil han explicado que ambos condenados, recluidos por su condición de militares en la prisión militar de Alcalá Meco y no en la de Pamplona como sus compañeros, llevan suspendidos desde que fueron detenidos en julio de 2016. 

Pero esa suspensión de funciones no implica que dejen de percibir un 75% de sus retribuciones, aunque al menos el tiempo en prisión preventiva no computa a efectos de tiempo en el servicio, ni para acumular trienios en la administración, ni derechos de régimen de la Seguridad Social. Asimismo, quedan inmovilizados en el escalafón sin posibilidad de ascender.

Fuentes de la Guardia Civil han explicado a Público  que la ley "obliga" a seguir pagando tres cuartas partes de su sueldo a Guerrero. El hecho de que la sentencia conocida este pasado jueves no sea firme hace que su situación profesional no cambie. Si la sentencia del Tribunal Supremo en recurso de casación fuera condenatoria, entonces Guerrero sería expulsado de la Guardia Civil. 

Lo mismo ocurre con Cabezuelo, soldado  de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Sevilla. Cabezuelo cesó en sus funciones conforme al artículo 111 de la carrera militar, mientras que  Antonio Manuel Guerrero, agente en prácticas en el puesto de Pozoblanco (Córdoba), también fue revocado de su destino por decisión del director general del cuerpo el 11 de julio de 2016.

Cabezuelo y Guerrero también serán juzgados por otro supuesto caso de agresión sexual sobre una joven de 21 años en la localidad cordobesa de Pozoblanco, donde el segundo prestaba sus servicios como agente en prácticas de la Guardia Civil, ocurrido en mayo de 2016.