Libertad de expresiónLa 'Ley Mordaza', los delitos de odio y las multas a periodistas llegan al consejo de derechos humanos de la ONU

La línea que separa la libertad de expresión de otros derechos civiles es ciertamente difusa en España. En los últimos años, varias reformas legales han supuesto un "grave deterioro" para el citado derecho fundamental, con una creciente criminalización de expresiones y opiniones —también del humor—, un aumento de las multas administrativas en materia de seguridad ciudadana o una falta de transparencia por parte del Estado, entre otros factores.

Así, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha presentado ante Naciones Unidas un informe conjunto firmado, además, por entidades como la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Access info Europe, el Grupo de Estudios de Política Criminal (GEPC) y grupo de investigación ‘Regulación jurídica y participación del ciudadano digital’ (de la Universidad Complutense de Madrid).

En una nota, la PDLI destaca que "en el informe se recogen los efectos de las llamadas ‘Leyes Mordaza’ (como las sentencias contra tuiteros o artistas por ‘enaltecimiento del terrorismo’), la interpretación ‘expansiva’ de los delitos de odio, o las multas a periodistas por la Ley de Seguridad Ciudadana".

El objeto del informe es aportar información en relación con cumplimiento y respeto efectivo, por parte de las autoridades españolas, de los estándares internacionales aplicables sobre el derecho a la libertad de expresión, así como el estado del cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por España con relación al último examen en 2015.

Para documentar estos problemas, el informe recoge casos recientes en los que figuras delictivas como el enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la Corona o las ofensas a los sentimientos religiosos —que la PDLI pide derogar o modificar— han servido para criminalizar expresiones u opiniones.

Así, se mencionan los juicios contra Valtonyc, Pablo Hasel o el humorista de ‘El Intermedio’ Dani Mateo que “fue imputado y citado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid como consecuencia de un gag en un programa de comedia, el 31 de octubre de 2018". En éste último caso, el informe destaca que "a pesar de que la causa fue finalmente archivada, la imputación generó un claro sentimiento de intimidación, particularmente con relación a los contenidos del programa de referencia, centrados en la crítica y el debate políticos".

También se refleja que entre 2011 (fecha en la que la banda terrorista ETA cesó en sus actividades) y 2017 los procesos penales sobre la base de acusaciones de enaltecimiento o justificación pública del terrorismo se han multiplicado por cinco.

El documento facilita una serie de propuestas tales como la derogación o modificación de delitos como los de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y el de ofensas a los sentimientos religiosos.

En concreto, sugiere "la derogación del Código Penal de los artículos 205, 206, 492 a 494, 496, 504 y 556, 543, 524 y 525; la modificación del artículo 510 para limitar el discurso del odio a aquellos casos en los que concurra un peligro real e inminente de violencia resultante de la expresión con la intención del autor de incitar a la discriminación, la hostilidad o la violencia; y la derogación de los artículos 36.23 y 37.4 de la Ley de seguridad ciudadana".