La Audiencia de Madrid condena a Rato a cuatro años de cárcel y una multa de dos millones de euros

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel por tres delitos fiscales, un delito de blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, así como una multa de más de dos millones de euros, y el pago de 568.413 euros a Hacienda.

En una sentencia de 1.232 folios, que todavía no se ha hecho pública, el tribunal -que investigaba el origen de su fortuna y presidido por la magistrada Angela Acevedo- destaca las "dilaciones indebidas" por el tiempo que ha durado el proceso, iniciado en 2015, según fuentes jurídicas.

Respecto de uno de los delitos fiscales, el relativo a dónde estaba la residencia de Rato durante su mandato como director gerente del FMI, la Audiencia considera que seguía manteniéndola en España, donde estaba obligado a presentar sus declaraciones fiscales.

El propio Rato se ha acercado a la sede de la Audiencia Provincial de Madrid a recoger su sentencia, dado que la notificación era personal y no se le puede sustituir. A la llegada, tras ser preguntado qué esperaba de esa resolución ha respondido a los periodistas "que lo pasen ustedes bien". A su salida, tras conocer el fallo, ha declinado atender a los medios.

Condenados por cooperación

La Audiencia Provincial condena por su cooperación en dos de esos delitos fiscales y en el de blanqueo de capitales a Domingo Plazas, el socio del bufete Plazas Abogados que llevó la administración de la sociedad del exministro Kradonara a través de la cual éste hacía llegar a España el dinero que tenía en el exterior y con la que firmó un contrato con Telefónica por un asesoramiento macroeconómico. La sentencia dice que esa sociedad aparecía como la que prestaba el servicio cuando realmente lo hacía Rodrigo Rato, quien, en consecuencia, debía de haber tributado por ello.

A Plazas se le imponen penas inferiores, que suman 18 meses de prisión, con multas de algo más de 155.000 euros, respondiendo solidariamente con Rodrigo Rato del pago a la Hacienda Pública de la responsabilidad civil derivada de esos dos delitos fiscales.

Igualmente, el tribunal condena a Alberto Portuondo -considerado por Fiscalía testaferro de Rato- por el delito de corrupción entre particulares cometido conjuntamente con Rodrigo Rato, al imponer ambos la elección de las agencias Publicis y Zenith para que fueran contratadas por Bankia para campañas publicitarias, a fin de cobrar una comisión de esas empresas.

El Tribunal impone a Portuondo una pena de tres meses y un día de prisión y una multa de la mitad de la comisión recibida, la cual era, para los dos, de un total de 2.022.154'52 euros, acordando, además, el comiso de dicha cantidad.

El tribunal absuelve en cambio al resto de los acusados por este delito, tanto a los empleados de Publicis y Zenith y a estas sociedades, como a Teresa Arellano o José Manuel Fernández Norniella, personas de confianza de Rodrigo Rato que trabajaban en Bankia, por entender que los mismos no participaron en el acto corrupto.

Resultan también absueltos Santiago Alarcó, excuñado de Rato, respecto del delito de blanqueo de capitales del que se le acusaba, y Ramiro Sánchez de Lerín, exdirectivo de Telefónica, quien lo estaba en relación con el contrato de Telefónica, sin que, por lo tanto, se declare la responsabilidad civil de esta entidad.

En cuanto a Miguel Ángel Montero, otro de los presuntos testaferros que llevó un tiempo la sociedad Kradonara, el tribunal también le absuelve por entender que no tuvo participación en el delito de corrupción entre particulares, y que no podía ser acusado de ningún delito fiscal. Tampoco se condena a Plazas Abogados, por no considerar acreditada su participación en los hechos enjuiciados.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que no hay plazo para que Abogacia del Estado o Fiscalía Anticorrupción interesen el ingreso en prisión de Rato, pero explican que lo habitual es que se espere a la firmeza de la sentencia toda vez que se espera recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Cabe recordar que la fiscal anticorrupción Elena Lorente pedía 63 años de cárcel para Rato y 42 millones de responsabilidad civil por haber defraudado al fisco. Indicaba que el exministro habría mantenido desde 1999 un patrimonio oculto a la Hacienda Pública a través de diversas sociedades con las que habría realizado continuas actividades de inversión financiera mediante cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.