La infrafinanciación valencianaLejos de la tierra mítica: la pobreza arraiga en el maltrecho "Levante feliz"

Obras faraónicas, proyectos mastodónticos y grandes eventos. Hubo un momento, antes de que la burbuja inmobiliaria implosionase, en que el País Valenciano proyectaba hacia el exterior una imagen de territorio próspero y sobrio, provisto de fértiles recursos y de infinitas oportunidades.

Este lugar común, el de un pueblo mediterráneo de gentes acomodadas y opulentas (una suerte de arcadia conocida como “Levante feliz”) ha pervivido hasta no hace mucho en la conciencia colectiva española desde principios del siglo XX, cuando la exportación de naranjas autóctonas en cantidades masivas permitió a la región cosechar grandes beneficios económicos. Y, aunque la reciente crisis ha hecho aflorar una realidad de corrupción, desigualdad y de “nuevos ricos” esclavizados por los bancos, de los valencianos y valencianas se ha llegado a decir que ataban a sus perros con longanizas.

Nada más lejos de la realidad. Contrariamente a lo que pueda pensarse, los indicadores rubrican año tras año la cronificación de la pobreza en tierras valencianas y su adscripción al bloque de autonomías más castigadas con desigualdad severa. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de su Encuesta sobre Condiciones de Vida, muestran que un 30,2% de los valencianos se situó en riesgo de pobreza o exclusión social en 2018. Este dato, conocido como tasa AROPE por sus siglas en inglés —que tiene en cuenta para su medición la triple variable de población en riesgo de pobreza, población con carencia material y población con baja intensidad en el empleo—, ubica al País Valenciano cinco puntos por encima de la media estatal, fijada en el 26,1%. La buena noticia, a pesar de todo, es que la tasa de pobreza ha descendido casi un punto respecto a la cifra del año pasado. El INE ofrece indicadores adicionales como el porcentaje de personas en riesgo de pobreza, indicador medido en términos relativos, que fue en 2018 del 26%, siendo en el conjunto estatal del 21,5%.

Otros datos, provenientes en este caso del Institut Valencià d’Estadística (IVE), completan la radiografía social valenciana en los siguientes términos: por lo que respecta a ingresos medios por persona, la cifra de 10.232 euros anuales, aunque superior a las arrojadas en Extremadura y Canarias, queda lejos de los territorios con mayores ingresos, que son País Vasco (14.722), Navarra (13.585) y Cataluña (13.338). Además, el 21,4% de los hogares valencianos (el 10,4% en España) declaró en 2018 tener mucha dificultad para llegar a fin de mes; el 36,1% no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa ni siquiera una semana al año; el 40,2 % no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, y hasta un 6% refiere retrasos en los pagos relativos a la vivienda principal.

Poca ambición en el cambio productivo

Tal y como ha sucedido en buena parte de la geografía española y europea, el País Valenciano ha experimentado desde los años setenta un intenso proceso de desindustrialización que, unido a la incapacidad para generar industrias de alto valor añadido, lo ha relegado a una posición periférica en el marco de la economía mundial actual.

Las recientes décadas de mayorías absolutas populares, caracterizadas por políticas económicas neoliberales y centradas únicamente en el sector de la construcción, acabaron por hacer triunfar un modelo de enriquecimiento rápido que pronto se demostró ineficiente por cuanto hirió de gravedad al tradicional tejido productivo valenciano (mueble, cerámica, calzado...). Los partidos del primer gobierno botánico, supuestamente contrarios al modelo especulativo y a la inherente destrucción del territorio, prometieron entonces una vuelta a la economía productiva con el fin de cimentar bases más sólidas en las finanzas valencianas. ¿Ha sido suficientemente activo el primer Botànic respecto a esta cuestión?.

Ferran Martínez, economista y actual diputado en Les Corts por el grupo Unides Podem, cree que no se ha llegado a aplicar una estrategia de política económica por parte del Consell, sino que más bien se ha ido revirtiendo la situación heredada de los anteriores gobiernos. “Esto es así, en parte, porque no tenemos los recursos suficientes para la Conselleria de Economía, en parte porque lo urgente del momento ha eclipsado lo que da resultados a largo plazo”, explica Martínez. Las necesidades apremiantes y perentorias tras la tempestad popular, tal como reducir las listas de espera en dependencia o bajar las ratios en las aulas, habrían impedido una implementación estratégica de mayor calado hacia un nuevo modelo productivo.

A pesar de ello, Martínez reconoce algunos avances en la materia. Entre ellos, durante la legislatura pasada se volvió a la apuesta por los principales centros tecnológicos del País Valenciano, organizados en forma de clústeres industriales, cuya financiación el PPCV había reducido a la mitad. Otro hecho destacado ha sido la aprobación de una ley para la gestión, modernización y promoción de las áreas industriales (la Ley 14/2018, de 5 de junio), una norma que surge ante la proliferación desmesurada, durante el boom inmobiliario, de polígonos industriales carentes de infraestructura necesaria para alojar actividad, algo que incluso ha llegado a denunciar la Federación de Polígonos Empresariales de la Comunitat Valenciana (FEPEVAL). De lo que se trataría con la nueva regulación es de dedicar los recursos necesarios a proveer de servicios básicos a estas áreas, convertidas en muchos casos en auténticos solares.

El saneamiento del Institut Valencià de Finances (IVF) es otro de los gestos botánicos en favor de la economía productiva. Convertido por el PPCV en epicentro de dudosas operaciones crediticias, como los préstamos a bajo interés al Hércules CF o al Valencia CF, declarados ilegales por la Comisión Europea en 2016, tiene como reto fundamental restablecer su fondo y volver a facilitar crédito a las pequeñas y medianas empresas, además de servir de garantía cuando las mismas acuden a la financiación privada. Una institución, por cierto, actualmente en portada tras conocerse la quita que efectuó en beneficio del grupo Prensa Ibérica, al que pertenece el periódico Mediterráneo, del cual es accionista el president Ximo Puig.

El turismo sale caro

Gracias al informe sobre costes laborales elaborado por el INE, sabemos que el País Valenciano se encuentra entre las autonomías con los salarios brutos más bajos del Estado, tan solo superado por Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Murcia. Con 20.485,57 euros en 2018, el territorio valenciano se ubica 2.500 euros por debajo de la media española y muy alejado de las cifras que muestran comunidades como el País Vasco, Madrid, Navarra o Cataluña, que sí consiguen superarla.

El mismo informe incide en algo que ya sabíamos: que los sueldos más altos se concentran en el sector industrial, así como en aquellos servicios avanzados que proveen a la industria de innovación y valor agregado. El dato choca frontalmente con la realidad de otros sectores económicos como el turismo. Respecto a este último, a pesar de venir representando durante los últimos años en torno al 13% del PIB valenciano, se configura como catalizador de graves costes sociales y medioambientales.

"Una de las externalidades negativas del sector turístico es la de generar una actividad con bajos salarios y contratos precarios, fuertemente estacionalizada e incluso potenciadora de economía sumergida”, razona Martínez. El problema, según el diputado, no es la propia actividad turística sino el modelo por el que se apuesta actualmente: “Que el turismo crezca no es malo si las externalidades que se derivan de él se ponen bajo control y si, paralelamente a ello, desde las instituciones estimulamos otro tipo de actividades que generen mayor valor añadido y puedan incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores".

A tenor de todo lo dicho, no resulta extraño que La Marina Alta aparezca como la comarca que encabeza las tasas de pobreza en el País Valenciano, según datos del IVE. Una comarca que se presenta como uno de los destinos vacacionales más solicitados año tras año y donde, paradójicamente, los habitantes disponen de una menor renta media en comparación con el resto de valencianos.

¿Comunidad o colonia?

Cada valenciano debería trabajar 154 días para pagar la deuda de su comunidad. Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), el País Valenciano, Cataluña, Castilla-La Mancha y Murcia presentan un riesgo muy alto para la sostenibilidad de su deuda, quien además estima que en los próximos quince años será complicado que la ratio de deuda de las autonomías cumpla el límite de referencia legal, situado en el 13%. De todas estas comunidades, solo la valenciana presenta la particularidad de ser el único territorio con un PIB per cápita inferior a la media española que, no obstante, contribuye a las arcas estatales como si de una comunidad rica se tratara.

La infrafinanciación valenciana se erige, pues, en una de las aristas fundamentales de la pobreza en esta región, que ha pasado a convertirse en piedra angular del discurso de una buena parte de la clase política. Sin ir más lejos, Joan Baldoví fiaba estas últimas semanas su “sí” a Pedro Sánchez a la reforma del sistema de financiación estatal, aquel que permite que el territorio valenciano, con una población de cinco millones de habitantes, sea el que menos dinero reciba por persona, concretamente 800 euros menos por ciudadano al año que Cantabria, la mejor tratada. Un agravio anual de unos 4.000 millones de euros que buena parte de la sociedad civil ha calificado de expolio fiscal y que obliga, tal como alertan desde entidades como la Plataforma pel Dret a Decidir, a dedicar el 25% de los recursos a amortizar la deuda. La injusticia, no en vano, ha cristalizado los últimos tiempos en iniciativas movilizadoras transversales, ejemplificadas en las diferentes manifestaciones convocadas por la plataforma ciudadana Crida pel Finançament.

La cronificación de esta infrafinanciación permite hablar a los economistas de la existencia de una deuda histórica del Estado hacia los valencianos, esto es, de un diferencial acumulado entre el dinero transferido cada año por el gobierno central y la cantidad que debería recibirse si se estuviese en la media del resto de comunidades. A pesar de que el cómputo de este indicador puede variar en función de las variables aplicadas, Ferran Martínez precisa, en base a los cálculos de la Conselleria de Hacienda y de la Comisión de Expertos creada en la legislatura pasada, que aproximadamente la mitad de la deuda de la Generalitat, que se mantiene actualmente en algo menos de 50.000 millones de euros (un 47,1% sobre el PIB), debería entenderse como deuda histórica del Estado, lo que significa alrededor de 24.000 millones de euros. El País Valenciano es, por cierto, la autonomía más endeudada de España.

Por si fuera poco, cabe añadir a ello una persistente infrainversión en materia de infraestructuras y medios de transporte padecida de manera estructural por el País Valenciano, que históricamente ha acusado el modelo radial imperante en Madrid. Pedro Sánchez intentó el año pasado revertir este déficit de inversiones comprometiéndose en el proyecto de presupuestos a que éstas representasen en territorio valenciano un 10% del total; sin embargo, tal proyecto nunca llegó a ver la luz.

La esperanza en materia de inversiones llega de la mano del Corredor Mediterráneo, un proyecto estratégico para los intereses empresariales valencianos, pese a haber contado en algunos momentos con las reticencias de ciertos sectores políticos, más entestados a priorizar la construcción de un eje central de transporte de mercancías. El Corredor, en palabras del diputado Martínez, y también secretario de Análisis Político de Podem, deberá permitir conectar los principales puertos europeos y generar economías de escala: “Se trata de una infraestructura que potenciará nuestra industria y, sobre todo, que servirá de nudo logístico para transportar mercancías provenientes de otros puntos del planeta”.

¿Es quizá la construcción de este eje ferroviario de mercancías el preámbulo de una nueva economía productiva para el País Valenciano? El sector empresarial, altamente interesado en la inversión ante las oportunidades de negocio que implica, sostiene que el Corredor atraerá sin duda la instalación de nuevas industrias en torno a los principales puertos del país. El tiempo dirá si se abren nuevos horizontes económicos en el maltrecho “Levante feliz”.