La Justicia europea es contraria a guardar datos de dispositivos electrónicos para luchar contra la delincuencia

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha mostrado contrario a que los datos de tráfico y localización de los dispositivos electrónicos puedan guardarse para ser utilizados en casos de lucha contra la delincuencia grave, según concluye en un dictamen (PDF).

El Tribunal de Justicia ha considerado que el objetivo de lucha contra la delincuencia grave, "por fundamental que sea" no puede por sí solo justificar que no se guarden los datos de forma "generalizada" e "indiferenciada" y ha determinado que le corresponde a los poderes públicos establecer una conciliación entre los "intereses legítimos" como la lucha contra el crimen y los "derechos en juego".

La Justicia europea ha desestimado, además, la argumentación de que una "delincuencia especialmente grave" pueda entenderse como "una amenaza para la seguridad nacional" y por tanto justificar que se guarden datos de localización y tráfico de los dispositivos móviles de forma generalizada e indiferenciada.

El Alto Tribunal ha recordado en su dictamen que la directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas no solo "limita el acceso a esos datos" para "prevenir abusos", sino que incluye el principio de prohibición de almacenamiento de los datos de tráfico y localización, por lo que considera que la conservación de los datos constituye "una injerencia sobre los derechos fundamentales".

En su sentencia, la Justicia europea se opone a que la legislación a nivel nacional permita guardar y conservar la información de tráfico y localización de los dispositivos eléctricos "con carácter preventivo" en los casos en los de lucha contra el crimen.

El caso viene a raíz de una solicitud del Tribunal Supremo irlandés que solicitó al Alto Tribunal europeo aclaraciones sobre la conservación de datos en casos de lucha contra la delincuencia grave y en materia de acceso a dichos datos a raíz de un caso de 2015 en Irlanda en el que un hombre fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de una mujer con pruebas consistentes en datos de tráfico y de localización relativos a llamadas telefónicas.