El histórico líder ecologista andaluz Juan Clavero confía en que este martes se haga al fin justicia en la Audiencia Provincial de Cádiz con la trampa que le tendieron hace siete años responsables de la empresa contra la que protestaban por impedir el paso en caminos públicos que atraviesan sus fincas dentro del Parque Natural Sierra de Grazalema.

Le metieron cocaína en la furgoneta y avisaron a la Guardia Civil para que lo detuvieran. La fiscalía les pide un año y medio de prisión por denuncia falsa y la acusación particular, siete años, al sumarle los delitos de conspiración para una detención ilegal y pertenencia a grupo criminal.

Aquella celada fue muy sonada. Habían detenido a uno de los activistas más reconocidos de Ecologistas en Acción en toda Andalucía, catedrático de Biología en un instituto y exdirector del Parque Natural de Grazalema, acusado de un delito contra la salud pública.

La Guardia Civil le había cogido en un control con 29 papelinas de cocaína que pesaban un total de 47 gramos y cuatro gramos de hachís. Pasó una noche en el calabozo y, una semana después, el juez instructor archivó la causa. Todo había sido un montaje.

Los acusados de ese montaje que ahora se enfrentan a un juicio en la Sección de la Audiencia Provincial en Jerez son José Miguel Herrera, apoderado de la sociedad Breña del Agua Investments SL y gerente de la finca Breña del Agua que se extiende por tres términos municipales gaditanos, los encargados de esa finca Juan Luis Pérez y Oscar González, y Manuel Alcaide, amigo de este último, que fue la persona que se ocupó de meter la droga en la furgoneta de Juan Clavero, según el escrito de acusación de la fiscalía.

Un sendero

A Clavero lo tenían en el punto de mira porque era uno de los principales convocantes de las marchas que se organizaban para exigir la apertura del sendero de unos 17 kilómetros de largo que discurre entre las localidades de Benamahoma y Zahara de la Sierra, cerrado al paso con abundante alambre de espino y custodiado por celosos guardianes a sueldo de la propietaria del terreno, una empresa del magnate inmobiliario belga Marnix Galle, centrada en el negocio de la caza de postín.

De nada había servido que el sendero hubiera sido inscrito como camino público por el Ayuntamiento de Grazalema en 2010 y que ese acuerdo municipal fuera ratificado después por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El nuevo dueño, propietario de una extensión de unas 1.600 hectáreas en la zona, siguió negándose en rotundo a permitir el paso por sus tierras, a que se recuperara el uso público de un camino en medio de la sierra para ir de un pueblo a otro o para coger espárragos en temporada.

Y el conflicto de intereses desembocó en lo que sucedió el 26 de agosto de 2017 en la localidad de El Bosque. Según el escrito de acusación de la fiscalía, Manuel Alcaide se hizo pasar por simpatizante de la asociación Ecologistas en Acción en Jerez para sumarse a la marcha de protesta por la recuperación de los caminos públicos que esa organización había convocado para ese día en la finca Breña del Agua.

Sirviéndose de ese engaño, se montó en la furgoneta de Clavero para ir hasta el punto donde comenzaba la marcha y luego, con la excusa de que se había dejado dentro unas gafas, regresó al vehículo ya para esconder la droga debajo del asiento del copiloto, metida en una bolsa de plástico.

La reunión de la trama con un guardia civil

Posteriormente, uno de los encargados de la finca, Oscar González, llamó a la central de de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz para denunciar que esa tarde iba a entrar en el pueblo de Benamahoma una furgoneta "con una importante cantidad de droga para ser consumida en la fiestas" locales.

Previamente, otros dos de los acusados de esta trama, el apoderado de la empresa y uno de los capataces, se habían reunido en un restaurante del pueblo con un guardia civil, al que le dijeron textualmente, según refiere la fiscalía: "Tengo a un infiltrado en la marcha que me ha comentado que en una furgoneta blanca tienen droga (…) Bastante cantidad".

Ese guardia civil es el que se apostó, junto a otros dos agentes, en el lugar indicado por los miembros de la trama para esperar la llegada de la furgoneta del dirigente ecologista, de la que poco antes se había bajado Manuel Alcaide.

En un primer registro del vehículo no encontraron nada, así que el guardia que había recibido el chivatazo llamó por teléfono a quien le había dado el soplo, al apoderado de Breña del Agua Investments, quien le respondió: "Espérate un momento".

Poco después, le envió un mensaje al móvil del agente que decía: "Detrás del asiento del copiloto. Borra esto", añade el escrito de acusación del ministerio público. Con esas indicaciones, los agentes hicieron un nuevo registro, donde encontraron la bolsa con las 29 papelinas de cocaína y dos trozos pequeños de hachís, detuvieron a Juan Clavero y registraron su casa, donde no encontraron nada.

Y una vez que lo pusieron a disposición judicial por un presunto delito contra la salud pública, el juez decretó el mismo día su libertad provisional y, una semana después, ordenó el sobreseimiento de la causa. Tenía claro que el dirigente ecologista había sido víctima de un montaje y empezó entonces la investigación para aclarar cuáles eran sus responsables, que son los que este martes se sientan en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial.

"Espero que se haga justicia"

"Yo espero que se haga justicia, que queden claros los hechos, que estos señores urdieron una trama para meter en la cárcel a un activista ecologista, para anularlo, para destrozarme la vida y desprestigiar a Ecologistas en Acción", ha manifestado Juan Clavero a Público en la víspera del juicio.

Este histórico ecologista andaluz tiene muy claro que si no se hubiese llegado a desenmascarar la trama y hubieran mantenido la acusación contra él, habría supuesto un "destrozo reputacional tremendo", montado sobre la base de "algo tan miserable como falsear pruebas para meter a alguien en la cárcel".

Clavero considera, sin embargo, que es muy leve la petición de condena que ha hecho la fiscalía para los acusados, ya que si fueran condenados a un año y medio de prisión no tendrían que entrar en la cárcel. La acusación particular que ejerce él y Ecologistas en Acción solicita siete años de prisión para cada uno de los procesados, además del pago total de una indemnización de 70.000 euros por daños morales y la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 500 metros durante los tres años siguientes al cumplimiento de las penas privativas de libertad.

El ministerio público también solicita el pago de una indemnización de 20.000 euros al dirigente ecologista por los daños morales sufridos y que se decrete la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa Breña del Agua Investments, para la que trabajaban los procesados.

Las protestas continúan

Las protestas para recuperar el uso de los caminos públicos en la Sierra de Grazalema han seguido después del descubrimiento de esta trama criminal que pretendía anular a uno de sus principales organizadores.

Y también se han repetido los incidentes con los propietarios de las fincas que continúan impidiendo el paso por sus tierras. En una de las últimas marchas participaron en torno a 600 personas, según Clavero: 400 en el camino público de Benahoma a Zahara de la Sierra y 200 en una vía pecuaria.

"Fue algo espectacular", subraya. Según el dirigente de Ecologistas en Acción, el cierre con alambradas de los caminos públicos en la Sierra de Grazalema, donde hay censados más de 60 senderos de ese tipo, es muy habitual, entre otras razones, por la desidia de los ayuntamientos para poner coto a tales prácticas.

En el caso del camino público de Benamahoma a Zahara, el Ayuntamiento de Grazalema aún no ha llevado a cabo su deslinde, ni siquiera lo ha delimitado ni señalizado, lo que, a juicio de la organización ecologista, permite a la empresa propietaria de las fincas por las que discurre el sendero tenerlo cerrado con "contundentes alambradas", sin que la autoridad municipal haga nada por impedirlo.

El juicio a los integrantes de la trama contra Juan Clavero se suspendió el pasado mes de febrero en la Audiencia debido a fallecimiento de uno de los abogados de los acusados. Ahora, este histórico activista ecologista confía en que no haya "más maniobras dilatorias" y se celebre al fin el juicio.