Por lo general, las persecuciones que sufren los ecologistas por todo el mundo se saldan con total impunidad. Pero siempre hay excepciones. Incluso victorias. La de Juan Clavero, el histórico ambientalista andaluz al que tendieron una trampa para tratar de inculparle en un delito de narcotráfico, es una de ellas. No sólo porque su caso se saldó con la imputación de cuatro personas que tendrán que declarar ante el juez el 1 de marzo por introducir 47 gramos de cocaína en su coche, sino también, y sobre todo, porque el escándalo y la indignación suscitada por su caso ha logrado el objetivo por el que este activista de Ecologistas en Acción lleva peleando más de 14 años.

Ahora, sólo dos meses después de que un contundente informe de la Guardia Civil destapara el plan urdido contra Clavero, y de una multitudinaria marcha en solidaridad con la causa, el Ayuntamiento de Grazalema (Cádiz) ha acordado por fin iniciar el deslinde, apeo y amojonamiento del camino público que une las poblaciones de Benamahoma y Zahara, usurpado desde 2004 por propietarios de fincas privadas. Un paso definitivo para garantizar que cualquier persona pueda pasar libremente por esa zona de dominio público ubicada en pleno Parque Natural de la Sierra de Grazalema.

“Damos la bienvenida a la decisión, pero es un poco lamentable que el Ayuntamiento no haya hecho nada hasta ahora; y no creo que sea porque hayan recibido alguna presión por parte de los propietarios, sino por dejadez absoluta. El alcalde ni siquiera fue a la marcha ni emitió un comunicado apoyando la reivindicación. No sabe ni cuáles son los caminos públicos del municipio”, se lamenta Clavero en conversación telefónica con Público.

“No voy a negar que el caso de Juan Clavero no haya tenido nada que ver” —admite por su parte el acalde, Carlos García, del Psoe — “pero no hemos hecho esto por la presión de los ecologistas. El Ayuntamiento lleva en esto desde 2010. Nosotros tenemos un presupuesto limitado y desde 2015 venimos demandando la ayuda de la Diputación, que hasta después de todo el ruido mediático no se ha ofrecido”, defiende.

Lo cierto es que la recuperación del camino público de Benamahoma-Zahara acumula más de una década de disputas, desde que en 2004 fuera ocupado y cerrado por los propietarios de las fincas Valdihuelo, La Breña del Agua (implicada en la trama contra Clavero) y El Navazo. En 2010, el Ayuntamiento aprobó su clasificación y catalogación como vía pública, aunque el recurso de los particulares acabó derivando el caso hasta el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que en una sentencia de 2013 dio la razón al consistorio y ordenó su inclusión en el inventario de bienes de la corporación municipal. El Ayuntamiento solicitó entonces a la Diputación provincial un estudio técnico para trazar sus límites definitivos y poder proceder a la recuperación, un documento que estuvo listo un año más tarde, en 2014. Los ecologistas denuncian que, desde entonces, “nada más se hizo”.

No es un caso aislado. El de los caminos públicos usurpados por terratenientes es un problema que afecta a territorios de todo el estado, pero es especialmente grave en el sur de la Península, donde muchas de las tierras están en manos privadas. La dificultad estriba en que, en la mayoría de los casos, ni siquiera hay un inventario de estos caminos y que ocuparlos no acarrea tampoco ninguna sanción.

Juan Clavero, que además de ser un antiguo activista por la defensa de estos espacios fue director del Parque Natural de la Sierra de Grazalema y Premio Andalucía de Medio Ambiente, asegura que en toda la comunidad, Málaga es la única provincia que actualmente cuenta con un inventario. “Y en Cádiz, de los 44 municipios, sólo uno lo tiene”, prosigue.

Ahora, Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, Podemos y la Junta de Andalucía trabajan juntos en un proyecto de Ley de Caminos Públicos que dé soluciones y un marco legal al problema.