Los clubes sociales de cannabis, un modelo de consumo compartido y responsable que se creó en España hace 30 años, se han convertido en la referencia para la regulación de la marihuana que prepara el Gobierno de Alemania, el mayor proyecto de legalización de Europa.

Aquí, sin embargo, su actividad sigue sin ser regulada y queda a expensas de la interpretación de los jueces, en bastantes casos con condenas a responsables de las asociaciones por tráfico de drogas, aunque últimamente se están dictando más sentencias absolutorias al entenderse que no han cometido ningún delito.

En España se crearon en la década de los noventa del siglo pasado las primeras asociaciones de usuarios de cannabis, también denominados clubes sociales, cuyo objetivo fundamental es propiciar un espacio de consumo responsable, en su mayoría de plantas cultivadas por los propios socios de la entidad, que evitan de ese modo recurrir al mercado clandestino de una sustancia aún ilegal en nuestro país.

Hoy, según la Confederación de Federaciones de Asociaciones Cannábicas (Confac), puede haber entre 1.500 y 2.000 asociaciones, con al menos medio millón de miembros, que, sin embargo, carecen de una regulación específica y están al pairo de las intervenciones policiales y procedimientos judiciales que llegan a acarrear penas de varios años de prisión por un delito contra la salud pública.

A falta de una regulación de su actividad, son jueces y tribunales los que tienen que interpretar si es lícito o punible el cultivo de cannabis de estas asociaciones y su distribución. El Tribunal Constitucional tumbó, por invasión de competencias estatales, las dos únicas leyes que se han aprobado en España para reglamentar el funcionamiento de los clubes, emanadas de los parlamentos de Catalunya y Navarra.

Además, en el Senado fue rechazada el año pasado la propuesta para regularlos que presentó el partido cannábico Luz Verde a través del grupo de Izquierda Confederal.

Las interpretaciones que hacen de la actividad de estas asociaciones juzgados de lo penal, audiencias provinciales, tribunales superiores de comunidad autónoma y el Tribunal Supremo son muy variopintas. Sin embargo, últimamente parece haber cambiado la tendencia con la emisión de varias sentencias absolutorias en diferentes órganos judiciales.

La última que se ha conocido, que ya es firme al no haber sido recurrida por el fiscal, es la del Juzgado de lo Penal número 4 de Alicante, que ha exculpado a siete miembros de una de las asociaciones cannábicas más antiguas de España, Alacannabis, para quienes se pedían hasta cuatro años de cárcel por tráfico de drogas.

El magistrado entiende que el cultivo de marihuana de esta entidad no constituye un delito, ya que estaba destinado exclusivamente al propio consumo de los socios.Según la sentencia a la que ha tenido acceso Público, esta asociación alicantina disponía de 260 plantas de cannabis para distribuir su cosecha entre los socios que pagaban un suplemento de la cuota para sufragar los gastos de la plantación.

"Los acusados afirmaron con rotundidad y credibilidad que la marihuana que se obtuviese era solo para ellos y que tenían un riguroso control al respecto, por lo que se descarta el riesgo de que la sustancia estupefaciente pudiera difundirse más allá de quienes desde su adicción o por hábito participaban en el consumo", señala en el fallo el magistrado Francisco Javier Barrie Zafra.

Los propios socios llegaron a plantear ante la Generalitat valenciana una modificación de los estatutos de la entidad para incluir el cultivo de cannabis destinado al autoconsumo, según declaró uno de los agentes de la Guardia Civil que declaró en el juicio. Este ensalzó, incluso, el "comportamiento ejemplar" de los acusados y su ánimo de colaboración, tal como recoge el fallo.

"No existe prueba de que con la plantación se haya producido un ataque al bien jurídico protegido (evitar un perjuicio a la salud pública por favorecer o facilitar el consumo ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes). Ninguna prueba existe de que el consumo pudiera trascender el círculo de quienes comprometieron su voluntad y también su actividad para la participación en la plantación y en la obtención y posterior consumo del producto", argumenta el magistrado.

Sentencia que avala la legalidad del modelo de clubes

El despacho jurídico Brotsanbert, con Héctor Brotons y Esther C. Sánchez, se ha encargado de la defensa de los miembros de Alacannabis procesados. Considera que esta sentencia avala la legalidad de un modelo de clubes sociales de cannabis en el que los socios utilizan la entidad para consumir la sustancia que cultivan ellos mismos. Con un acopio acorde a sus necesidades y organizándose en grupos pequeños, evitando cualquier tipo de "dispensación masiva" entre ellos o a terceras personas.

Brotons sostiene que esta es la sentencia que mejor aborda los preceptos de sentencias del Tribunal Supremo que han marcado la jurisprudencia en torno a los clubes sociales de cannabis. Fundamentalmente a partir de la número 484 de 2015, en la que se analizó el cultivo y distribución de la asociación Ebers de Bilbao, integrada por 290 socios.

Esa resolución recoge como indicadores que favorecen la apreciación de atipicidad -hecho o conducta no encuadrable en un tipo penal- que el número de personas que se agrupen sea reducido. Asimismo, que se consuma en un recinto cerrado o que el producto se destine en exclusiva al consumo individual de los agrupados.

No obstante, cinco magistrados de esa sentencia del Supremo emitieron un voto particular en el que defendieron que debió aprovecharse el fallo para concretar de forma detallada los criterios interpretativos o requisitos concretos en que el cultivo y distribución de cannabis en los clubes sociales no constituye un delito.

Uno de ellos, Cándido Conde-Pumpido, actualmente presidente del Tribunal Constitucional, propuso que uno de los requisitos fuese que la asociación no superase la treintena de miembros. También que no se suministrase nunca cantidades de droga que excediesen la necesaria para un consumo inmediato.

En la resolución final de la sentencia se acaba subrayando que el debate político y social que existe en torno a estas asociaciones "no encuentra su escenario más adecuado de desarrollo en los tribunales de justicia, llamados a aplicar la legislación vigente".

A juicio de Héctor Brotons, la sentencia que ha absuelto a los miembros de Alacannabis, en la línea de los preceptos establecidos por el Tribunal Supremo, supone "un balón de oxígeno" para las asociaciones de usuarios que tienen un modelo de funcionamiento similar, lo que podría aclarar su futuro legal.

El fallo, precisa el abogado, difiere así de otros en los que se ha llegado a una absolución al haberse contemplado un error de prohibición -desconocimiento del acusado de que está cometiendo un delito-, por la ilegalidad de un registro policial o tras haberse llegado a acuerdos entre las partes.

Otras absoluciones recientes

A finales de 2021, la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los responsables de una asociación de usuarios de cannabis en la que la Guardia Civil había intervenido 177 plantas. Lo hizo al entender el tribunal que la conducta de los procesados no era encuadrable en ningún tipo penal. Los asociados eran adictos a la marihuana o personas que padecían una enfermedad y consumían por prescripción terapéutica derivados del cannabis, siempre dentro de las instalaciones de la entidad.

También en ese año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la absolución de los tres fundadores de un club de cannabis de la capital que había dictado la Audiencia Provincial. Lo hizo al estimar que no había quedado acreditado que los acusados hubieran constituido una asociación con apariencia de legalidad para vender la droga. Tampoco se había acreditando, según el tribunal, que hubieran entregado marihuana o hachís a personas que no fuera socias o que las cuotas que pagaban tuvieran otro destino que sufragar los gastos de la entidad.

Y, más recientemente, un juzgado de lo Penal de Palma de Mallorca ha exculpado de una acusación de tráfico de drogas a los responsables de una asociación de usuarios de Calviá por entender que su actividad se enmarca en el supuesto de "consumo compartido".

La magistrada argumenta en la sentencia que "el autoconsumo o consumo compartido en la forma determinada por el Tribunal Supremo en su jurisprudencia no tiene encaje en el delito del artículo 368 del Código Penal" contra la salud pública, ya que "no constituye una conducta penalmente sancionable".

La labor de una de las asociaciones más antiguas

Antonio Moreno es el presidente de Alacannabis, una asociación que se fundó en marzo de 1999 y que, según él, es la más antigua de España, después de Amec, de Madrid, y Arsec, de Barcelona.

Él fue uno de los acusados en un "desesperante" procedimiento judicial del que finalmente ha sido absuelto y en el que se enjuició la actividad de una entidad en la que entre un 30% y un 40% de sus socios consumen cannabis con fines medicinales.

En Alacannabis han dado conferencias expertos como el filósofo y profesor universitario Antonio Escohotado -"un tío maravilloso al que se le echa mucho de menos", dice Antonio Moreno-. También han trabajado en la elaboración de unas ordenanzas municipales sobre los clubes sociales de cannabis en Alicante. Esta iba a ser la segunda de España después de la de Barcelona, pero no salió adelante por un solo voto, el de una concejala tránsfuga. Asimismo, han hecho mucho activismo por la regulación y el uso responsable de la marihuana.

Desde 2008, desde que lo decidieron en una asamblea los socios, esta asociación alicantina cultiva cannabis para el consumo propio y de él se han beneficiado muchos enfermos de cáncer y de fibromialgia.

"Hemos tenido el cultivo porque queremos evitar que la gente consuma cosas adulteradas y queremos que tengan seguridad, que no se utilicen productos químicos, abonos con metales pesados. Es una garantía para los socios y eso es lo principal en un consumo, que haya garantías", explica Moreno.

Y la conducta de los integrantes de la asociación alicantina no debía de ser tampoco muy maliciosa cuando, según su abogado, hasta un sargento de la Guardia Civil, antes de que las plantas de cannabis intervenidas fueran cortadas, les ayudó a regarlas para que no se murieran.

El presidente de Alacannabis recuerda lo que sucedió un año antes de que la marihuana se legalizara en Uruguay de forma integral. El entonces presidente de ese país suramericano, Pepe Mujica, había invitado al que era responsable de la federación estatal de asociaciones cannábicas, Martín Barriuso, para que les explicara el modelo español de clubes sociales, que luego acabaron incorporando a su regulación.

"Y ahora lo va a hacer Alemania también y ya lo hizo Malta. Nuestro modelo triunfa en todo el mundo menos aquí, donde parece que no interesa lo que hacemos", se lamenta Antonio Moreno.

El proyecto alemán que copia el modelo español

El Gobierno de coalición de Alemania, integrado por socialistas, verdes y liberales, ha anunciado que este año va a aprobar la regulación integral del cannabis -el uso medicinal es legal desde 2017-. Lo hará con un sistema en el que incorporará un modelo similar al de las asociaciones de usuarios de España.

El proyecto inicial que preveía la venta de marihuana en establecimientos ha sido modificado tras unas conversaciones con la Comisión Europea. Ahora se canalizará a través de la distribución a socios de clubes sociales previamente autorizados.

El nuevo proyecto legislativo del Gobierno alemán contempla un cultivo doméstico de hasta tres plantas de marihuana, que también se podría llevar a cabo, con una cantidad mayor, en clubes sociales. Ahí podría permitirse la adquisición de hasta 25 gramos por persona.

Recientemente, el pasado mes de marzo, una delegación internacional de funcionarios, altos cargos de agencias de regulación del cannabis y jefes de gabinete gubernamentales de varios países estuvieron en Barcelona para conocer el modelo de los clubes sociales en la ciudad con el mayor número de asociaciones de usuarios de toda España. Los Estados fueron México, Colombia, EEUU, Suráfrica, Barbados, Reino Unido, Portugal, Hungría, Suiza y Malta.

La visita, organizada por Iceers, tenía como objetivo fomentar una legislación y un activismo compasivos en otras partes del mundo, según esa entidad.