Los escándalos se acumulan en la trastienda de la industria de la carne en España sin que desde el poder político se ofrezca una respuesta contundente para atajar problemas como el maltrato animal en las granjas, la contribución de la ganadería a las emisiones de gases de efecto invernadero o la explotación laboral de sus empleados. Ante esta situación, animalistas, ecologistas y –en algunos puntos– asociaciones de pequeños ganaderos coinciden en señalar una falta de voluntad política para legislar contra los planes de las grandes corporaciones cárnicas, circunstancia que achacan a la enorme capacidad de la industria para influir de manera directa o indirecta en los representantes públicos.

"El lobby de la industria de la carne es muy poderoso y está muy bien relacionado con el poder político y económico", relata Javier Moreno, director de Igualdad Animal, ONG nacida en España pero con presencia en ocho países. Este activista, cuya organización ayudó al programa Salvados a desvelar algunos de los abusos de la industria, considera que los trabajos de las corporaciones cárnicas como grupo de presión en España son menos obvios que en países como Estados Unidos, pero ello no es óbice para identificar comportamientos censurables por parte de las corporaciones. "Uno de los ejemplos más claros de cómo funciona este lobby en España lo vimos con su modus operandi para contrarrestar el informe sobre el cáncer de la OMS", recuerda. En aquella ocasión, las principales agrupaciones del sector en España (Interporc, Provacuno, Asici e Interovic) contrataron a la agencia de comunicación Sprim para enviar a supuestos expertos científicos a los medios de comunicación con el objetivo de contrarrestar el informe y defender los intereses de la industria frente a los de los consumidores. "Es un escándalo que en otros países de Europa hubiera abierto telediarios y ocasionado dimisiones en cadena", opina Moreno. 

Del mismo modo, este activista considera "muy llamativo" que denuncias "tan graves" como las de la reciente emisión del programa Salvados, en las que se mostraron imágenes de una granja proveedora de El Pozo llena de cerdos con úlceras y malformaciones, no hayan provocado un mayor terremoto político. "Las administraciones y la industria están mirando a otro lado sin asumir ninguna responsabilidad", concluye.

Respaldo gubernamental garantizado

De hecho, no solo es que la administración haya mirado hacia otro lado, sino que la mayor autoridad política en la materia, Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, intervino este martes en el debate público para defender a la industria. Tras recibir una carta en la que el sector porcino pedía ayuda para lavar su imagen, la ministra afirmó en Los Desayunos de TVE que el sector es "tremendamente profesional" y que cumple "con las mayores garantías de bienestar animal". Concretamente, la carta, remitida por Interporc, pedía a Tejerina el "respaldo institucional del que siempre gozamos por parte de su ministerio". 

"Lo que esto muestra es que el sector siempre ha tenido el apoyo por parte del ministerio para seguir sus procesos y su evolución tal como hicieron hasta el momento", señala Luis Ferreirim, encargado del área de agroecología en Greenpeace España. Este activista destaca que, pese a que el Gobierno se encuentra desarrollando un plan de lucha contra el cambio climático, no parece mostrar voluntad de incluir en sus planes medidas que limiten los efectos nocivos derivados de algunas prácticas ganaderas. "A nivel mundial, el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero derivan de la ganadería y sus actividades asociadas, como los cultivos intensivos para proveer de pienso a esos animales, lo que afecta incluso a la deforestación de la Amazonia", porque "la industria de porcino en Europa –y en particular en España– no sería posible sin la importación de insumos baratos como la soja transgénica que se trae de países como Argentina", recuerda Ferrerim. 

Sin embargo, los planes del Gobierno no pasan por poner coto a la ganadería masiva, sino por permitir su avance en detrimento de los pequeños productores, con la proliferación de las conocidas como "macrogranjas". "Estamos viendo como disminuye el número de explotaciones ganaderas en España, pero está aumentando de forma exponencial el tamaño de esas explotaciones", relata el activista de Greenpeace, que considera "fundamental" legislar para poner restricciones a este tipo de centros, que crecen "como setas", sobre todo en el caso de la producción porcina, en la que España es cuarta a nivel mundial. 

Para poner en situación al lector sobre magnitud de estos centros, Ferrerim destaca como caso paradigmático el proyecto que actualmente existe para crear una macrogranja de 20.000 vacas en Noviercas, un pueblo de Soria de menos de 200 habitantes. La construcción de este centro, que cuenta con el rechazo de buena parte de la población local, de los pequeños ganaderos y de los ecologistas, supondría la creación de la granja más grande de vacuno de Europa y la quinta del mundo, según los datos de Greepeace. "No vemos por parte del Gobierno y las administraciones competentes una intención de cerrar este tipo de proyectos cuando, por razones de lucha contra el cambio climático y de bienestar animal, deberían cerrarse", subraya el activista. 

En un sentido similar, aunque desde una óptica distinta, se expresa Román Santalla, secretario de ganadería de la Unión de Pequeños agricultores y Ganaderos (UCO). "Estamos radicalmente en contra de las macrogranjas que defiende e impulsa este Gobierno del Partido Popular, que con sus políticas defenestra a las pequeñas explotaciones familiares". El representante de los pequeños ganaderos acusa al Gobierno de solo pensar "en el mercado" al colocar la producción masiva de las grandes empresas por delante de la producción a menor escala, donde resulta más fácil "garantizar la cantidad de vida de los animales" y "la calidad del producto". 

Además de eso, Santalla subraya que la pequeña ganadería lleva aparejada el cuidado de praderas, bosques y tierras agrícolas. Por consiguiente –prosigue–, su trabajo también es compatible con el respeto al medioambiente y la lucha contra el cambio climático, lo que, a su modo de ver, no es valorado desde las instituciones. "Siendo la mayoría inmensa de las explotaciones, los pequeños ganaderos estamos en una situación de inferioridad frente a los grandes grupos económicos y las macrogranjas", resume. 

"Los anuncios de Campofrío esconden sufrimiento y muerte"

Para Silvia Barquero, presidenta del partido animalista PACMA, más allá de que se puedan trazar o no lazos que demuestren a las claras los esfuerzos de las grandes empresas cárnicas por presionar al poder político, resulta evidente que ésta es una industria con "interés" y "capacidad" para influir en las políticas públicas, aunque sea de manera indirecta. "Hay un lobby muy potente con unos beneficios muy grandes, y por tanto con interés en influir en el ámbito político para que haya las mínimas investigaciones o supervisiones en las granjas", relata. 

En su opinión, uno de los mayores ejemplos de que el poder político no se atreve a promover acciones que puedan reducir el margen de beneficios de la industria de la carne es el hecho de que el Gobierno de España desoiga a organismos internacionales que instan a los países a introducir cambios en la dieta de sus habitantes, como hizo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, según sus siglas en inglés). 

"La ONU ha instado a todos los Estados a desarrollar guías alimentarias para sustituir paulatinamente las proteínas de origen animal por otras de origen vegetal, todo esto en referencia a la clara relación entre la producción de carne y el cambio climático", recuerda. Sin embargo, estas recomendaciones fueron desoídas por un Gobierno que, en palabras de Barquero, no sólo ignora las recomendaciones de las organizaciones internacionales, sino que "cuando hay una denuncia por situaciones de maltrato en granjas industriales sale a arropar a las corporaciones". La consecuencia de todo esto, resume la presidenta de PACMA, es que España se sitúa "a la cola de Europa en materia de protección animal". 

Finalmente, Barquero destaca una cuestión que suele pasar desapercibida pero, a su modo de ver, ofrece la posibilidad calibrar el poder de la industria cárnica: la constante presencia de anuncios de empresas punteras del sector Campofrío o El Pozo en espacios televisivos. "En los últimos años hemos visto que el anuncio de Campofrío se ha convertido en uno de los más importantes por Navidad, reuniendo a las principales caras visibles del país", asevera antes de recalcar que, en su opinión, estos espacios comerciales pretenden "vender la carne como algo emocional" para generar simpatía "intentando ocultar que detrás de la industria hay maltrato, sufrimiento y muerte".