A eso de las 19.00 horas del pasado martes, Javier Rubio, un abogado de 41 años nacido en Madrid y con más de diez años de experiencia en la lucha contra la vulneración del derecho a la vivienda en España, no está para muchas conversaciones. Apenas un breve mensaje de whatsapp:

—La sentencia ha sido mala. Mañana a eso de las 12.00 está bien para hablar.

La sentencia a la que se refiere la componen unos 25 folios en los que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos explica que España no vulneró los derechos del ciudadano Abdelilah Ghailan ni de su familia cuando en 2011 una excavadora derribó por segunda vez la infravivienda ilegal que había levantado en la Cañada Real. Su caso, un ejemplo especialmente sangrante de desahucio sin alternativa habitacional, fue uno de las mechas que prendió el 15 de mayo de aquel año, cuando millones de personas se lanzaron a tomar el centro de Madrid y de otras muchas ciudades para protestar ante una crisis económica que se estaba llevando por delante a todos menos a los que la provocaron.

Más sereno tras haber encajado el golpe, el mismo miércoles por la mañana Rubio empieza a sacar lecturas positivas de la sentencia: "En realidad, en lo que se centra el TEDH es en que el momento procesal para reclamar no fue el adecuado. Entiende que el derribo de 2011 es una continuación del de 2007, que se notificó en 2005. Ese era el momento de recurrir", explica por teléfono, acostumbrado a ver el vaso medio lleno tras muchos años de lucha en la defensa del derecho a la vivienda.

Como hace siempre con cada caso suyo o ajeno y con cada novedad jurídica que afecta a los intereses de sus defendidos, en los próximos días sacará al menos dos o tres horas —con la llegada de la Semana Santa, es posible que unas cuantas más— para sentarse tranquilamente a examinar al detalle su proceder, qué errores cometió, cuáles fueron sus aciertos, de qué manera podía haber argumentado mejor su postura para convencer a los jueces. No siempre fue así. La suya, contrariamente a lo que pueda parecer, fue una vocación relativamente tardía.

Licenciado en Derecho por ICADE en 2003 y con un máster en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, en 2005, a sus escasos 25 años Javier Rubio solo tiene clara una cosa: no quiere ser abogado. A pesar de haberse formado como letrado, la perspectiva de buscar unas prácticas en un prestigioso despacho de abogados, como hicieron muchos de sus compañeros de carrera y como aconsejaban la mayoría de sus profesores, no le seduce lo más mínimo. Sí le atrae algo la extraordinaria tradición de abogados laboralistas que ha habido siempre en España, pero él por ahora prefiere el mundo académico: una tesis doctoral sobre alguna rama interesante de la Ciencias Políticas, una vida dedicada al estudio y a la redacción de artículos, un cómodo puesto como profesor universitario. Pero como de algo hay que vivir, mientras se decide a dar el paso busca un empleo que le permita compaginar su actividad profesional con la redacción de su tesis. Nada muy complicado. Un día, llama a la puerta del CAES.

El CAES, Centro de Asesoría de Estudios Sociales, es una especie de Equipo A, un proyecto que reúne desde principios de los años 80 a un nutrido grupo interdisciplinar de profesionales que busca mejorar la vida de quienes acuden a ellos en busca de ayuda. De este grupo forma parte desde los inicios Agustín Morán, que vio a Javier Rubio cruzar el umbral de la puerta de entrada al CAES por primera vez hace ya ahora más de 15 años: "Nos dijo que buscaba trabajo en algo que tuviera un poco de contenido social. Recuerdo que le pusimos a trabajar en derecho laboral, por aquel entonces nosotros estábamos muy centrados en el tema de las relaciones salariales. Aprendió rapidísimo".

Rubio tardó poco en darse cuenta de que, si era verdad aquello de que hay un lugar en el mundo para cada uno, su sitio estaba a pie de calle, defendiendo a quienes siempre habían tenido siempre todas las de perder y aplicando una de las máximas que guían el quehacer del CAES: "La justicia no es la aplicación de la ley. La justicia es la aplicación de la ley justa. Y para eso, hay que tomar partido", repite aún hoy por teléfono, como una letanía, el propio Morán. Y a eso se dedicó desde entonces Rubio, a ponerse de parte del débil, a intentar que se aplicara una ley justa.

Contra la picadora de carne

A finales de la primera década de los 2000, justo tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, asociaciones y vecinos magrebíes que viven en la Cañada Real se pone en contacto con CAES y con Rubio: quieren saber qué posibilidades hay de recurrir las sentencias de derribo que pesan sobre sus casas, ubicadas la inmensa mayoría de ellas en el sector 5 de la Cañada Real. Tras años ejerciendo como abogados laboralistas, el equipo de letrados del CAES entra en contacto poco a poco con una realidad hasta entonces desconocida en España: "Con el tema de la vivienda, la Justicia española era por aquel entonces una picadora de carne. Los derribos estaban a la orden del día, y bastaban apenas un par de mensualidades sin pagar para que decretaran el lanzamiento de inquilinos sin alternativa habitacional", recuerda Morán. Eran los primeros años de una crisis que cambiaría para siempre el rostro del país.

Entre los años 2008 y 2009 Rubio recurre sus primeros derribos y entra en contacto con colectivos como V de Vivienda que fueron precedentes de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH). Lo hizo convencido de que en todo el país se estaba vulnerando, al menos, el derecho a la vivienda consagrado en la Constitución. Eso, por no citar el puñado de tratados internacionales suscritos por España —de obligado cumplimiento, por tanto— que los jueces omitían en cada lanzamiento sin alternativa habitacional. Pero, ¿cómo demostrarlo? ¿Ante quién? ¿Bastaba con citar la Constitución y la Declaración de Derechos Humanos? ¿Cómo detener la trituradora?

"Al principio, lo hacíamos de manera muy precaria, con escritos de apenas un par de folios. Con el tiempo nos fuimos sofisticando, aprendimos a mirar las leyes desde la óptica de los Derechos Humanos. Atendiendo a los tratados, había contradicciones muy grandes. Sencillamente, no era posible que una familia con hijos se quedara en la calle", explica Rubio haciendo balance tras más de una década. Con más intuiciones que certezas y más ganas de cambiar las cosas que jurisprudencia, los casos se fueron peleando uno detrás de otro. Y llegaron las primeras victorias.

En 2013, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordena la paralización de una campaña de derribos iniciada en 2011 en el sector 4 de la Cañada Real. Ese mismo año, entra vigor un protocolo que establece mecanismos de denuncia e investigación del incumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Para 2015, Javier Rubio lleva cuatro años participando en la comisión jurídica de los grupos de desahucios de la PAH y distribuye modelos de denuncia basados en este protocolo que permiten pasar de los escasos dos folios que componían las primeras denuncias a más de 30. Y en 2017, la gran victoria que cambiaría para siempre el devenir de la historia de terror que es el derecho a la vivienda en España: el primer dictamen de la ONU contra los desahucios decretados por la Justicia española. Al fin, las certezas convertidas en realidades, una lucha de años contra la lógica inhumana de bancos y grandes tenedores de vivienda en España puesta negro sobre blanco. Y tras ese primer dictamen, para mayor vergüenza nacional, llegaron otros, todos con la misma conclusión: España vulnera sistemáticamente el derecho a la vivienda.

Desde entonces, también hay más trabajo que nunca para Rubio, cuyas jornadas laborales se estiran como un chicle por encima de las 12 horas entre consultas de sus defendidos, juicios, reuniones con compañeros para valorar nuevos casos, trabajo sobre el terreno para conocer cada detalle de cada caso –"no se puede defender a nadie sin saber exactamente lo que ha pasado", explica– y llamadas de periodistas que recurren a su extraordinaria capacidad de síntesis para traducir al lenguaje del común de los mortales complejísimos conceptos jurídicos. Pero, por encima de todo, Rubio es un hombre feliz: "Mi trabajo es apasionante porque tengo la posibilidad de cambiar las cosas. Además, dentro del movimiento por la vivienda conozco cada día a personas increíbles. Y eso que es un colectivo que pasa siempre por momentos muy duros".

Camino por recorrer

De estos movimientos forma parte Carlos Bercial, un funcionario que dedica buena parte de su tiempo de ocio a ayudar en lo que puede en la PAH de Arganda del Rey, en Madrid. Conoció a Rubio hace siete años gracias a una denuncia. Fue un clásico de los peores años de la crisis: un enrevesado caso en el que una pareja joven e ilusionada da con el piso de sus sueños y pacta con un prestamista unas condiciones abusivas avalando con lo que no tenían que avalar. "Javier llegó al juzgado y, contra todo pronóstico, consiguió que el juez le diera más tiempo para poder estudiar el caso. Pensamos: ¡Menuda caña mete este tío! Al prestamista le entró miedo al ver que los chavales estaban bien defendidos y acabaron llegando a una acuerdo", recuerda Bercial, que destaca el carácter pedagógico de Rubio: "En el movimiento hay gente muy preparada, pero él es uno de los que más me ha enseñado. Ha desarrollado para la PAH herramientas jurídicas muy potentes y nos ha mostrado cómo atender a las familias".

"Javier se ha convertido en un maestro gracias a que es un investigador muy tenaz. Al final, 10.000 horas de estudio sobre cualquier tema nos convierte en expertos de lo que sea. Además, tiene un especial olfato para detectar litigios estratégicos, causas que fracasan y donde se vulneran derechos fundamentales", destaca Morán, que no quiere olvidarse de que, a pesar de todo, en España en 2020 se produjeron 67 desahucios al día, muchos de ellos sin alternativa habitacional. "Javier ha abierto un camino que ahora están recorriendo muchos. Los dos dictámenes de la ONU han resquebrajado el muro. Pero solo eso".

Quién sabe si entre los que lo van a recorrer esta vereda se encuentra el hijo del propio Rubio. Con apenas cinco años, un buen día quiso saber qué era eso que mantenía a su padre fuera de casa tantas horas. Rubio lo explicó lo mejor que pudo:

—Verás, intento que las personas se pongan de acuerdo para que no quiten a nadie su casa.

El pequeño se quedó pensativo unos instantes antes de lanzar su conclusión:

—Vale, que negocien, pero que no les quiten sus casas.

Rubio reflexiona por teléfono: "En realidad, resumió muy bien lo que hago. Vale, negociemos lo que haga falta, pero, ante todo, que no echen a nadie de su casa. Tuve que darle toda la razón porque lo tenía más claro que yo".