"Que hagan una reforma laboral ambiciosa, pero que no se quede en la parte normativa sino que incluya medios para poder supervisar que se cumple", reclama Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, en referencia al nuevo marco laboral que negocian Gobierno, sindicatos y patronales en la Mesa de Diálogo Social para sustituir al que estableció la reforma de 2012, que ha llegado a disparar la temporalidad hasta un 25% en estos años al tiempo que aplanaba la curva de las mejoras salariales de la primera década del siglo, especialmente en el sector servicios.

"Tenemos los mismos objetivos, que son la mejora del mercado laboral", señala la inspectora, que considera que "se está centrando el discurso en la reforma laboral pero dejando de lado a quien tiene que vigilar su aplicación. La reforma de las normas laborales no va a acabar por sí sola con los abusos en la contratación temporal si luego no se vigila su aplicación".

Los datos de partida indican que la actual plantilla de la Inspección, con 858 inspectores y 994 subinspectores, da para que cada uno de ellos se encargue de algo más de 10.000 trabajadores y de 940 empleadores, ya que en España, con 19.75 millones de afiliados a la Seguridad Social, operan 1.318.777 empresas con asalariados y 421.984 autónomos con empleados.

Esa dotación, netamente inferior a las de Francia (uno por cada 5.000 trabajadores) e Italia (7.300), se encuentra en el nivel que recomienda la OIT (Organización Internacional del Trabajo), aunque se dispara si se aplica a cada una de esas escalas de la Inspección y más si se tiene en cuenta que en España no se da la especialización, o división, en las materias de Trabajo, Seguridad Social y Prevención de Riesgos de otros países, sino que el mismo funcionario asume las tres, lo que, al mismo tiempo que facilita una visión integral de la empresa, eleva la carga de trabajo.

“No se ha desarrollado la estructura que marca la ley”

No está claro cuál ha de ser el volumen de ese refuerzo. "Tanto Magdalena Valerio como Yolanda Díaz reconocieron al llegar al Ministerio de Trabajo que era necesario y prioritario reforzar la Inspección", recuerda Ercoreca.

Sin embargo, el dimensionamiento de ese organismo lleva más de seis años pendiente. Concretamente, desde que en julio de 2015, cuando ocupaba la cartera Fátima Bañez en los gobiernos de Mariano Rajoy, fue aprobada la Ley Reguladora que, entre otros aspectos, añadía a las funciones de la Inspección la de mediación. Bañez no lo impulsó en los casi tres años que siguió en el ministerio, un plazo que prácticamente duplica al que pasó en él Valerio y que supera ampliamente, y sin pandemia, al que lleva Díaz.

"No se ha desarrollado esa estructura, no tenemos el modelo que requieren las competencias y funciones que establece esa ley", anota Ercoreca. El acuerdo cerrado por los sindicatos y los responsables del ministerio a principios de este año para elaborar una nueva RPT (Relación de Puestos de Trabajo) que permitiera desarrollar ese modelo fue finalmente paralizada por Hacienda.

Esa situación, sumada a una carga de trabajo intensificada por la supervisión de los ERTE, por medidas como la habilitación como inspectores sanitarios durante la pandemia y por requerimientos como los informes judiciales sobre despidos objetivos, está en la base del malestar que generó en la plantilla la alusión de Díaz al cambio del "paradigma de la Inspección de Trabajo tal y como la conocemos hasta hoy" para "ampliar la mirada" hacia "todo lo que tiene que ver con la garantía de los derechos" de los trabajadores.

“El SMI no se aplica si no se revisa"

"Llevamos más de un siglo haciéndolo. Ahora se hacen campañas específicas sobre temporalidad o sobre falsos autónomos, pero eso no significa que antes no se hicieran", señala Ercoreca, que anota que "sin la Inspección no se puede aplicar ningún cambio legislativo que ataña al ámbito laboral, incluidos los cambios en la jubilación". "El colectivo no se ha quejado con el aumento de trabajo de estos meses, pero hace tiempo que las alarmas se van encendiendo", añade.

La vigilancia de varios de los puntos centrales de la negociación sobre el nuevo marco laboral, como la primacía de los convenios de sector o territorio sobre los de empresa, el camuflaje de segregaciones de actividades productivas como subcontratas o los abusos en la contratación temporal, recae en la Inspección, mientras que otros como la ultraactividad de los convenios podrían ventilarse en los juzgados de lo Social.

"Reformar la contratación temporal no tiene sentido si la Inspección no puede supervisar la aplicación de las nuevas normas, y ocurre algo similar con los convenios", anota Ercoreca, que apunta que "los problemas no se solucionan sacando una ley sino aplicándola. El SMI (Salario Mínimo Interprofesional) no se aplica si no se vigila. Todos los días estamos revisando recibos de salarios".